Sociólogo: Avelino Zamora Lingán
Ante
la ausencia estructural de la justicia oficial en la zona rural, otorgada desde
el Estado, nadie puede dudar que las Rondas
Campesinas hayan cumplido un rol fundamental al combatir el abigeato, un
problema social que afectaba seriamente a dicha zona. Rol que obviamente no
quedó ahí, puesto que, desde su fundación en la Comunidad de Cuyumalca, en la
década del 70’, se extiende a las zonas urbanas y al resto del país, orientando
sus objetivos, también, a la solución de otros problemas comunales, como por
ejemplo la infidelidad, líos familiares, etc.; razón por la cual el Estado,
aunque a regaña dientes, se vio obligado a reconocerlos legalmente. Hoy, dicha
organización se ha ganado el respeto y el aprecio de la población, tanto
campesina como urbana, por su trabajo eficiente, a tal punto que se puede decir
que existe una mayor confianza en esta organización que en las instituciones
oficiales, como la policía, serenazgo y poder judicial. Sin embargo, esta
situación a generado que la relación Rondas Campesinas-Estado no sean precisamente
las más armoniosas, en tanto que desde el Estado se ha venido observando a las
rondas con cierto celo o suspicacia; además, de que muchos partidos y
movimientos políticos permanentemente han tratado de dividirlos, cuestionando
su modus operandi, es decir su forma de aplicar lo que los ronderos denominan “justicia rondera”
En
este contexto, hay que ubicar al caso “Petronila Vargas” que, desde el 2005, ha
implicado a Gregorio Santos Guerrero, Presidente Regional de Cajamarca. Como es
sabido este caso es ya, valga la redundancia, un caso emblemático y mediático,
en la medida que al Sr. Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca se le
está involucrado como autor intelectual en los delitos de secuestro, tortura,
violación y homicidio, cometidos contra la señora Petronila Vargas, natural de
la localidad de Huarango, provincia de San Ignacio.
En vista de la situación
descrita en el párrafo anterior, principalmente en lo concerniente al carácter
de la relación Rondas Campesinas- Estado, además de la situación configurada a
raíz del conflicto contra el mega proyecto Conga, en el presente comentario intentamos resaltar el trasfondo
que podría configurarse en el tratamiento de este ya famoso y mediático caso.
Efectivamente, el primer problema que surge es que habiendo sido archivado
dicho caso, mediáticamente se ha venido ventilando de manera periódica, acentuándose desde el 2011,
precisamente a raíz del inicio de las protestas sociales contra el mega
proyecto Conga, contexto en el cual el Presidente Regional cede a la presión
popular al fijar su posición en contra de dicho mega-proyecto; pero que sin
embargo, cuyo protagonismo principal lo tienen las rondas campesinas de toda la
región, principalmente de Bambamarca, Celendín, Chota, San Marcos y Cajamarca. A
partir de esta situación, interrogamos: ¿Cómo es que siendo un caso
estrictamente jurídico, cuyos involucrados son personas vinculadas a las rondas
campesinas, me refiero obviamente al caso Petronila Vargas, se convierte en un
caso mediático-jurídico-político, bajo el supuesto de que existe la mayor
predisposición para hacer o aplicar justicia; cuando todos sabemos que
históricamente, en este país los campesinos serranos, humildes y pobres,
difícilmente han encontrado justicia? ¿Acaso, el hecho que hayan sido
precisamente los ronderos, incluido el presidente regional, quienes se
atrevieron a frenar la libre viabilidad del mega proyecto Conga, donde está en
juego no sólo los 4 mil 800 millones de dólares de inversión, sino más de 70
mil millones de dólares de ganancia que obtendrían a lo largo de
17 años de explotación minera, ha constituido en el gran pretexto para
que ahora algunos jueces, fiscales y abogados se erijan como los abanderados de
la justicia en el Perú, pero que en realidad sólo estarían, actuando bajo la
sombra de la transnacional Newmont, la CONFIEP y los políticos de la derecha
criolla? ¿Por qué durante los dos años que estuvo la Contraloría de la República
espulgando al gobierno regional nunca encontró pruebas, y ¡oh casualidad!!,
faltando 4 meses para las elecciones locales y regionales como por arte de
magia aparecen “pruebas”, “colaboradores eficaces”, “audios”, etc., etc.? En
este sentido, por mas que se esfuercen en decir que no es posible mezclar lo político con lo jurídico;
pues, a través del caso “Petronila Vargas” si estarían mezclando y de manera
grosera y descarada, lo político con lo jurídico, en la medida que el
involucrado no es una persona común, sino que se trata de un Presidente Regional, y además, de
tendencia izquierdista; vinculado a las Rondas Campesinas, a las cuales, como
ya indicamos, el Estado siempre los ha tenido en la mira; y, probablemente no
le haya faltado el deseo de desaparecer a dicha organización social campesina.
En este mismo sentido también se puede interpretar el proceso judicial por
corrupción, por el cual ya está con la famosa “detención preventiva”, aunque de
manera arbitraria, según reconocen casi todos los expertos en derecho, habidos
y por haber.
Como decíamos,
el caso “Petronila Vargas” es puesto en el tapete de la opinión pública de
manera sistemática. En efecto, hace pocos días, ya con "Goyo" encarcelado,
se presenta, a través de un medio televisivo de alcance nacional, el testimonio
de la señora Petronila Vargas, supuesta victima de las rondas campesinas, el cual amerita
mucha reflexión por parte de la opinión publica, dado que es un testimonio
realmente lindante con la irracionalidad, con la ficción y con la venganza
política. En dicho testimonio la supuesta victima afirma que fue
"secuestrada", que "le arrojaron acido y gaseosa por la
cara", (lo de la gaseosa si puede ser creíble"), también afirma que
le “forzaron a ingerir excremento de cerdo, a través de un embudo”, que los torturadores
“pasaron sus manos por sus partes intimas” y que “la violaron”, etc. ¡Sólo le
faltó afirmar, a la señora Petronila, que le pasaron fuertes descargas
eléctricas por todo su cuerpo!!. Ahora, bien. Conociendo cómo es que las Rondas
Campesinas han venido aplicando, durante los más de 35 años de existencia, la
llamada “justicia rondera”, tales afirmaciones, suenan a irracionalidad o
ficción, especialmente las referidas a: “secuestro”, “arrojamiento de acido a
la cara”, “forzar a ingerir excremento de
cerdo” y en cuanto a “pasar las manos por sus partes íntimas” y lo de “violación”.
En este sentido, nuestras hipótesis son: Si estos testimonios serían reales,
entonces estaríamos ante un grupo de depravados y viles torturadores; que han
sido entrenados en alguna base militar de algún país occidental, especialmente
para torturar. Y, si estas afirmaciones, referentes a los métodos de tortura, no
son reales, es decir, jamás se emplearon tales métodos, entonces si que podrían
ser producto, por un lado, de una gran poder de imaginación, por lo mismo la
señora Petronila merece participar como actriz en alguna película de terror y
suspenso; y, si no fuera así, entonces tal testimonio sólo estaría condicionado
a un jugoso pago monetario, y a un bien
elaborado libreto, cuyo objetivo es tumbarse al “enemigo político” y “enemigo del
desarrollo y de la inversión privada”, con el muy buen pretexto de “luchar
contra la corrupción”, cometidos en los gobiernos regionales, incluidos en el
gobierno regional de Cajamarca.
Considerando
el contexto social y político en el cual está inmersa la Región Cajamarca, y la
relación de conflicto, establecida entre el Estado y las Rondas Campesinas,
desde que éstas se fundaron, así como el rol que ha venido cumpliendo el
presidente regional Gregorio Santos, frente al conflicto Conga y su vinculación
directa con dicha organización, sin duda, obliga a optar por la última hipótesis,
respecto al testimonio de Petronila Vargas, es decir, que detrás de tal testimonio estaría un libreto bien elaborado,
orientado tanto a la venganza política, por haber frenado un mega proyecto,
cuyo beneficio implica miles de millones de dólares; por haber puesto en riesgo
al modelo económico mismo y para profundizar el desprestigio y la mala imagen de
las Rondas Campesinas. Recuérdenlo bien: El Estado (Especialmente fuerzas
policiales y poder judicial) y sus diferentes gobiernos nunca han visto con
“buenos ojos” la presencia de las Rondas Campesinas. Basta recordar que a lo
largo de la existencia de las Rondas Campesinas, han existido decenas o quizá
cientos de ronderos procesados judicialmente, encarcelados, perseguidos y
acusados (por los delincuentes), de manera permanente, principalmente de
“secuestro”, un delito que no cometen, pero que para la justicia oficial tiene
asidero. Desde esta perspectiva, si no fuera porque existe una importante
presión social, debido a que, para el pueblo, particularmente para la zona
rural, las Rondas Campesinas son más útiles que la policía y la justicia
oficial, hace rato que el Estado los hubiese desaparecido. Más aún ahora que
los regímenes de turno están viendo en las Rondas Campesinas un obstáculo para la
aplicación del modelo económico primario – exportador y saqueador, debido a que
se oponen férreamente a mega-proyectos como Conga, por ser éstos destructivos
del medio ambiente y de las fuentes de agua, recursos indispensables para la
agricultura y para la vida.
Finalmente,
es muy difícil creer que, tanto el poder judicial como el gobierno central,
tienen un serio y real interés en combatir la corrupción de “alto vuelo”,
cuando aquí muy bien se puede aplicar aquellos principios: “Espíritu de cuerpo”
y “otorongo no come otorongo”, es decir, que unos corruptos de “alto vuelo”
jamás verán y sancionarán a otros corruptos de “alto vuelo”. En todo caso, una
muestra de combate a este tipo de corrupción sería, por ejemplo: encarcelar a
Toledo, por el caso ECOTEVA, a Alan García, por los casos: Baguazo,
narcoindulos, colegios emblemáticos, COFOPRI, frontón, SEDAPAL, tren eléctrico,
etc., etc.; a Keiko, por haber recibido dinero de narcos para su campaña
electoral; a Kenyi, por haber encontrado droga en su empresa; a muchos
alcaldes, como el de Cajamarca, que se habrían convertido en intocables para la
justicia, favor recibido, obviamente, a cambio de las condecoraciones a jueces
y fiscales; y, a toda una clase política, corrupta que está haciendo mucho daño
moral y económico a nuestro país desde hace mas de 190 años de vida republicana.
Escrito,
14 de julio del 2014
