ECUADOR:
APRESADOS TRES DEFENSORES DEL AGUA
POR
OPONERSE A PROYECTO MINERO
PARADÓJICAMENTE,
EL JUEZ RECONOCE QUE SU CAUSA ES “ALTRUISTA”
Hemos sido
informados sobre la situación en que se encuentran tres líderes sociales de la
provincia del Azuay, Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín
Arpi Soria, con sentencia condenatoria a causa de su liderazgo en procesos
comunitarios que defienden las fuentes de agua amenazadas por actividades
mineras a gran escala en el páramo de Kimsakocha. Conocemos asimismo que el
proceso judicial que se instauró contra ellos desde mayo de 2010 presenta
graves irregularidades que ponen en duda la imparcialidad del sistema judicial.
Como
organización comprometida con la defensa de los derechos humanos y de la
naturaleza nos preocupa que esto ocurra en un país como Ecuador, que ha
ratificado múltiples tratados internacionales que garantizan los derechos
humanos y de quienes son sus defensores; que tiene una Constitución que
establece el derecho fundamental al agua, garantiza la soberanía alimentaria,
reconoce el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del
poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren
o puedan vulnerar sus derechos constitucionales.
Más aún, la
Asamblea Constituyente de 2008 otorgó amnistías a cientos de personas
defensoras de la naturaleza reconociendo que “varios hombres y mujeres
de nuestro país se han movilizado en defensa de la vida, de los recursos
naturales y el ambiente; en contra de las compañías que han devastado el
ecosistema, movidos por la desatención y el abandono; los afectados han
realizado varias acciones de resistencia y protestas (primer considerando), así
también, que “algunos de ellos han sido reprimidos y luego enjuiciados
por delitos políticos y comunes conexos con los políticos, en algunos casos por
compañías nacionales y extranjeras, en otros por intermediarios e inclusive por
funcionarios públicos (segundo considerando)
Desconociendo
este precedente jurídico y el nuevo marco constitucional, desde el 2009
surgieron nuevos casos de criminalización en similares contextos de defensa de
la naturaleza y los derechos comunitarios y colectivos; uno de ellos es el de
los dirigentes sociales Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán Paute y Efraín
Arpi Soria, reconocidos líderes de las parroquias Victoria del Portete y
Tarqui, donde ante las amenazas de un proyecto minero de escala industrial se
han impulsado iniciativas de articulación y movilización creativa y no violenta
en defensa del agua, como es la realización el 2 de Octubre de 2011 de la
primera consulta comunitaria del Ecuador sobre minería, en la que el 93% de la
población se pronunció en contra de la actividad minera a gran escala en sus
territorios. Con pasos como éste la lucha comunitaria por el agua ha logrado
hasta ahora salvaguardar a Kimsakocha de
ser destruido por la minería.
El proyecto
minero Kimsakocha fue concesionado en el año 2001, en medio de denuncias de
ilegalidad, a la empresa Iamgold -hoy asociada con INV Metals, también
canadiense- que utilizará grandes
cantidades de agua y provocará su contaminación y acidificación así como la
destrucción de sus nacientes.
En los páramos
de Kimsakocha nacen 2 de los 4 ríos que pasan por la ciudad de Cuenca y
abastecen de agua para uso doméstico y riego a numerosas comunidades indígenas
que viven de la agricultura y la ganadería.
Cronología de un
proceso judicial viciado
Por esta causa Carlos Pérez
Guartambel sufrió una detención arbitraria en 2009. Posteriormente, el 4 de
mayo de 2010, durante la movilización no violenta realizada en oposición al
proyecto oficial de Ley de Aguas, la misma que es reprimida por la policía, da
lugar a que se inicie el procesamiento judicial contra Carlos Pérez, Federico
Guzmán y Efraín Arpi. Al momento de la detención de los tres líderes en Tarqui,
en el parte policial se anota la supuesta causa: “sedición, alteración del
orden público, agresión a miembros policiales y destrucción de bienes públicos,
paralización y obstaculización de servicios públicos”.
El mismo día, el Juez II de
Garantías Penales, acogiendo la acusación de la fiscalía dicta orden de prisión
preventiva por el delito de sabotaje y terrorismo a los servicios públicos
tipificado en el artículo 158 del Código Penal. El 7 de mayo, ante una
acción de amparo de libertad solicitada por los procesados, el presidente de la
Corte Provincial del Azuay, revoca la prisión preventiva. Veinte días
después el mismo Juez II de lo Penal, en respuesta a un nuevo pedido de prisión
preventiva por el fiscal, dicta medidas alternativas: abstenerse de
concurrir al lugar de la protesta, prohibición de salir del país y obligación
de presentarse en la fiscalía cada 8 días.
El 28 de junio el mencionado
juez penal llama a juicio y otra vez dicta orden de prisión preventiva. El 1 de
julio el juez concede fianza carcelaria a solicitud de los procesados,
aduciendo que “el delito que inicialmente se acusó por terrorismo y sabotaje,
se cambió por lo tanto se admite la caución”. El 24 de agosto, el primer
tribunal de garantías penales del Azuay, pese a fuertes presiones políticas,
confirma la inocencia de los tres líderes.
El 27 de agosto la Fiscalía XI
de lo penal del Azuay interpone recurso de casación ante la Corte Nacional, la
misma que en vez de desechar el recurso por mal interpuesto corrige al fiscal
que no debe casar la sentencia sin antes haber agotado otros recursos y sugiere
apelar ante la Corte Provincial; efectivamente el fiscal apela la sentencia
ante la sala segunda de lo penal de Cuenca, que acepta el recurso de apelación
y revoca el fallo del Tribunal Penal condenando a un año de prisión a los
acusados y agrega que por ser una lucha altruista en defensa del agua, rebaja
la pena a 8 días.
El 14 de agosto de 2012, la
Sala Penal de la Corte Nacional con voto de mayoría de los doctores Merino e
Iñiguez, desecha la casación y condena a prisión a los líderes indígenas,
defensores del agua y la pachamama; mientras que el juez Blum con voto de
minoría declara la nulidad del proceso por interponer mal la fiscalía el
recurso de casación en vez de apelación. El 15 de enero de 2013 son notificados
con la sentencia condenatoria y se apresta a la ejecución de la sentencia.
Este hecho
sienta un grave precedente judicial para el movimiento social ecuatoriano pues
conculca el derecho a la resistencia y a la protesta social pacífica, más
todavía si se aprueba el proyecto de código penal propuesto por el ejecutivo,
que acumula y endurece las penas en la mayoría con sanciones de prisión.
Nuestro reclamo
y exigencia:
Vemos con
profunda preocupación que se vulnere el derecho a la resistencia contra proyectos
de minería industrial, como el que se
pretende implementar en los páramos de Kimsacocha, afectando los sistemas de
agua comunitarios. No podemos aceptar que
el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana se
traduzca en acciones represivas que terminan criminalizando a quienes defienden la naturaleza y los derechos de
las comunidades.
Condenamos la
sentencia contra los tres líderes defensores del agua en Azuay, más aún cuando
ésta reconoce su inocencia al
agregar que “en consideración a las condiciones humanas de los procesados,
esto es, por tratarse de personas que no constituyen peligro para la sociedad,
y que las motivaciones para su inconducta fueron de carácter altruista y
social, en defensa del agua (...) ve como atenuante y rebaja la
pena a 8 días”.[1]
Censuramos la
actuación parcializada de operadores de justicia como resultado de la falta de
independencia judicial que corresponde a un estado constitucional de derechos. Por ello,
denunciamos a la comunidad internacional esta
condena judicial y el riesgo que corren centenares de líderes sociales que son
víctimas de persecución judicial.
Herman@s
Hoy nos toca pagar la
condena en la cárcel por defender el agua, se firma la partida
de defunción del derecho a la resistencia y surge la partida de nacimiento de
la criminalización de la protesta social con la ejecución de la
sentencia. Nos cuesta creer, es duro afrontar, no les deseo a nadie lo
que esta sucediendo, más por mis pequeñas wawas que quedaron si su madre y mi
compañera verito; intento llenar el enorme vacío y ahora las wawas,
la familia y la gran familia defensoras del agua se preocupan, lloran,
indignan... en fin por el agua todo sin el agua nada, preferible
la cárcel que quedarnos con sed, por el agua podemos hablar, sanar,
mirar, llorar, vivir por ello resistimos, todo por la yakumamita para nosotros
y nuestros hijos y los hijos de ellos, al fin somos agua del agua
venimos al agua devenimos... un fraterno abrazo
adjunto cortometraje de las
luchas
