Convenios secretos

Por Rocío Silva Santisteban

El escándalo de la foto trucha de Antonio Coasaca, agricultor del Valle de Tambo, con un “miguelito” obligado a portar en la mano por un miembro de la Policía Nacional del Perú (cuyo gafete decía Filosofexxx) para la foto incriminatoria de rigor, trae nuevamente a colación el debate sobre los famosos convenios secretos entre la PNP y las empresas extractivas. ¿Por qué, si la acción de ese policía era un delito y los convenios son totalmente legales? Pues porque plantea un tema simple pero importantísimo para la democracia peruana: ¿debe la policía trabajar para los privados recibiendo un sueldo? 

La historia comienza en la época de Fujimori, pero se perfecciona con Mercedes Cabanillas en el Ministerio del Interior, y tiene como fondo la antidemocrática idea de que este Estado precario solvente a su policía alquilándola a las empresas. La idea no parecería tan descabellada si pensamos en aquel policía solitario que cuida la puerta del banco, de la universidad, de una construcción y se gana alguito con este “convenio por servicios extraordinarios complementarios”. Pero cobra otro tipo de tono cuando imaginamos a un contingente de la DINOES, con entrenamiento de élite, solventado por una empresa como Yanacocha, Shahuindo, Xtrata o Gold Fields, con la misión de “intervenir en situaciones especiales cuando la asociación política social haga previsible que podrían afectarse la integridad física de los trabajadores o contratistas de la empresa”. 

En realidad, la PNP no debería de recibir un solo centavo más por hacer su trabajo, pero sus oficiales reciben, según este convenio, 38 soles diarios y los suboficiales 24 soles diarios, ademas de rancho, movilidad y habitación. ¿Por qué estaría mal que una empresa solvente estos gastos? Porque la PNP es del pueblo, está para defenderlo de la criminalidad y no de las empresas para defender su patrimonio. Eso lo hacen los guachimanes. La PNP es la delegada del Estado peruano en el monopolio de la fuerza y no guardianes de las mineras. 

Debido a estos convenios durante la situación de tensión en Espinar en mayo del 2012, la PNP detuvo y llevó al campamento minero a nuestro compañero, el comunicador Jaime Borda de la Vicaría de Sicuani, y a Sergio Huamaní, quienes se encontraban en una camioneta de la Vicaría sin hacer nada, y adentro de las instalaciones de la empresa los enmarrocaron, los golpearon y les dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ergo, los torturaron. Asimismo “sembraron” municiones en la camioneta de la Vicaría para incriminarlos: ¿no suena conocido? Se presentó una denuncia que fue archivada porque no se tenía el “convenio secreto”, esperamos que ahora con un hábeas data se pueda tener esa información de manera oficial y que el Ministerio Público haga su trabajo. En julio del 2012 tuve una conversación con dos altos funcionarios de Xtrata y les pregunté sobre su posición en torno a este delicado tema. Uno de ellos, de nacionalidad argentina, fue lo suficientemente franco y transparente y me dijo: “Nosotros cumplimos con las normas peruanas”. 

Es cierto, la pelota está en la cancha del Estado peruano, específicamente, en el área del Ministerio del Interior. Por eso mismo, desde la CNDDHH hemos presentado numerosas cartas e incluso audiencias públicas ante la CIDH sobre este tema, y personalmente le he planteado esta situación de inequidad a Juan Jiménez Mayor cuando era Premier. ¿La respuesta? Los convenios tienen caducidad y no serán renovados. Entonces, ¿en este momento los gerentes de Xtrata podrían confirmar que no contratan a la PNP como guachimanes? ¿Y la Southern podría afirmar los mismo? 

No nos preocupan solo esos policías que reciben un salario, sino los otros, los que no se encuentran dentro de los convenios, los que reciben una latita de ración diaria como si fueran gatos, los que duermen a la intemperie y hacen todo lo posible por “agradar” a la empresa para que los contrate, incluso, sembrar armas punzocortantes entre los manifestantes.