EL ESTADO: PROMOTOR PRINCIPAL DE LA INFORMALIDAD

Sociólogo: Avelino Zamora Lingán

El reciente fallecimiento, en la provincia cajamarquina de Cajabamba, de más de dos personas ocupadas en la minería, tipificada por algunos como “artesanal”, por otros, llamada “ilegal” y por la mayoría catalogada como “informal”, ha revoloteado el gallinero mediático, generando hipócritas pronunciamientos, declaraciones, “indignaciones”, por toda laya de autoridades, políticos, clérigos, periodistas, etc., etc. Sin embargo, expresamos así el problema porque todo indicaría, que no es por los fallecimientos en sí mismos, sino porque, en realidad este hecho, por supuesto, lamentable, constituiría; un perfecto pretexto para ocultar o minimizar, el verdadero ecocidio que viene causando la denominada “minería formal”, de lo cual, tales actores sociales no dicen nada. En las líneas que siguen explicaremos, desde la perspectiva sociológica, un poco más este interesante tema de la “informalidad” 

En primer lugar, tenemos que indicar que la “minería informal” está comprendida en lo que algunos científicos sociales llaman “economía informal”, “economía negra”, “economía escondida”, “marginal”, “ilegal”. A mi entender, lo “informal” incluye o engloba a todos los demás conceptos. En el Perú, este tipo de economía fue muy bien investigada por el economista Hernando de Soto, cuyos resultados fueron plasmados en su conocido libro “El Otro Sendero”. No podía esperarse otro tipo de conclusiones de De Soto, en tanto que siendo un liberal y políticamente identificado como parte de la nueva derecha peruana, no se atreve a cuestionar a los “informales” o a la economía informal, al contrario, cuestiona duramente al Estado; es decir, para él, el problema no son los “informales” o la “informalidad” sino el gran problema es el Estado.

Pero ¿Qué es la Economía Informal? 

Hablar de “economía informal” es en el fondo, de acuerdo con Hernando De Soto,  aludir no sólo a la minería llamada “informal”, “artesanal” o “ilegal”; también es hablar de empresarios y vendedores ambulantes y no ambulantes; transportistas, constructores de viviendas y de toda una gama de actividades artesanales, industriales y de negocios clandestinos, que no están registrados; no pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos vigentes. Ciertamente, quienes no están registrados, NO PAGAN IMPUESTOS, ni se rigen por las leyes, reglamentos y los pactos vigentes; sin embargo, también es cierto que en el Perú, muchas empresas de negocios y de industrias muy bien registradas y “formalizadas” son evasoras de impuestos, no respetan las leyes y normas (del medio ambiente, por ejemplo), especialmente la gran empresa y por su puesto las transnacionales. Allí están algunas de ellas como: empresas mineras, telefónica, canales de televisión y, además, renuevan contratos sin regularizar sus deudas con el estado. Es decir, tranquilamente a este tipo de empresas que están “formalizadas” pero actúan prácticamente tal como lo hacen las informales, se les puede llamar “formalmente informales”.Asimismo, estas empresas  destruyen la naturaleza, contaminan y destruyen las fuentes de agua, corrompen conciencias, despojan de sus tierras y acosan a los campesinos, persiguen a luchadores sociales, etc. etc. ¿DÓNDE ESTÁ, ENTONCES, LA “FORMALIDAD” DE TALES EMPRESAS?   

Y, cuando Hernando de Soto dice que “el problema no es la economía informal sino el estado”, tiene razón en la medida que el desarrollo de una economía informal, en países como el Perú, tiene todo un historial, asociado a la condición de país subdesarrollado, por lo mismo con una amplia gama de carencias y deficiencias, cuya principal responsabilidad recae precisamente sobre el Estado: industria incipiente y además centralizada en la capital; predominio del modelo extractivista primario-exportador, una agricultura abandonada a su suerte, “a la voluntad del señor”, diría un agricultor; mercado interno casi inexistente, porque todo se compra de fuera y lo poco que se produce también se lo hace con visión extranjerizante. En estas condiciones, la pregunta cae por su propio peso: ¿EN QUE QUIEREN QUE SE OCUPE UN PAÍS CON 30 MILLONES DE HABITANTES, cuya población es predominantemente joven?

Asimismo, la economía informal es muy heterogénea determinado por el monto del capital, el nivel de tecnología utilizado, el grado de conocimiento de los actores sociales involucrados en las actividades “informales”, lo cual definiría las capacidades de afrontar un proceso de formalización, dando lugar a que algunos lo afronten con éxito y otros, quizá la gran mayoría, no pueda afrontarlo, peor aún, cuando es el propio Estado el primero en poner una serie de limitaciones a la formalización, tal como lo indica de De soto: “Cuando la legalidad es un privilegio al que sólo se accede mediante el poder económico y político a las clases populares no les queda otra alternativa que la ilegalidad”. Pero sí existiría un denominador común que los caracteriza, los une, los identifica a los actores sociales de la economía informal: El emprendedurismo o la búsqueda de estrategias de sobrevivencia. La minería artesanal, “informal”, practicada en Algamarca, La Chilca, Huamachuco, Madre de Dios, etc. es precisamente expresión de ese emprendedurismo y esa búsqueda de estrategias de sobrevivencia. Pero, valga la aclaración, desde nuestra perspectiva, los emprendedores y los estrategas de sobrevivencia son los obreros, es decir quienes día a día se cubren de tierra o barro, en el socavón para extraer el mineral, y quienes directamente exponen sus vidas, como esas tres personas que lamentablemente fallecieron en el lugar y los pequeños empresarios, que disponen de algún capital para hacerse de algunas herramientas de trabajo y ponerlo al servicio del proceso productivo, que es predominantemente artesanal. Otra sería la situación de quienes están detrás de la “minería informal” y artesanal, de quienes proveen los insumos químicos y de los que compran el producto, que por supuesto serían grandes empresas y personajes influyentes, a quienes obviamente les interesa y conviene que este tipo de minería exista, porque de ella obtendrían suculentas ganancias, incluso más que los productores mismos.     

Con la minería artesanal o informal sucedería casi lo mismo que con los productores o sembradores de coca. Como se sabe, estos últimos también son acosados por el Estado, no tanto porque son “ilegales” o “informales” sino porque el Estado cree o piensa que combatiendo al productor de coca desaparecería la droga y los drogadictos; cuando en realidad, sería a la inversa: tendrían que desaparecer los drogadictos, que se concentran mayormente en países desarrollados como Estados Unidos, para que los campesinos de nuestra selva peruana, colombiana, boliviana, etc., etc. se dediquen a sembrar otro tipo de cultivos o a los llamados cultivos alternativos; y, en el caso de los mineros informales artesanales, el acoso del Estado se explica porque simplemente se quiere ampliar el radio de acción de la llamada minería formal o la gran minería, practicada por transnacionales. Pero la mayor analogía entre mineros informales y cocaleros radica en que ambos son peruanos, son campesinos; son abandonados por el estado y sobre todo, ambos practican desde tiempos remotos tanto la siembra de coca, como la minería informal y ambos lo  hacen porque no, les queda otra alternativa para sobrevivir que sembrar coca y cubrirse de barro para extraer minerales. Por lo tanto, minería artesanal y siembra de coca no son más que estrategias de sobrevivencia, para algunos sectores rurales de la sociedad peruana, aunque a costa de la “informalidad”.

Para concluir este comentario, sostenemos que no se trata de satanizar a los informales o “ilegales”, sean éstos mineros, vendedores ambulantes, artesanos, o de otra índole. El problema de la informalidad no se soluciona con “bombardeos” o “desalojos”, menos echando maldiciones a quienes se dedican a esta actividad, porque no les queda ora alternativa. Se soluciona a través de un Estado que, en primer lugar, no sea corrupto, un estado que observe al problema de la informalidad como un problema social y no como a un obstáculo o competencia (de las grandes mineras o transnacionales “formales) y con un estado menos burocrático; pero sobre todo con un estado que no considere como única fuente de empleo y desarrollo a la actividad minera de las transnacionales, sino que considere como fuentes de empleo a todo un abanico de actividades económicas como la agricultura, el turismo, la agroindustria, la forestación, las artesanías, en sus distintas formas, etc., etc. La otra salida es sin duda la formalización, pero que el estado tiene que convertirse en su principal promotor, lo cual, hoy en día está muy lejos de serlo. Al respecto Hernando de Soto, expone un ejemplo práctico, de lo que en realidad significa el estado Peruano para los informales:

De Soto, explica así su experiencia: “Para conocer de manera práctica, el ‘costo de la legalidad’ en el Perú, el Instituto Libertad y Democracia- ILD montó un ficticio taller de confecciones y tramitó oficina tras oficina su reconocimiento jurídico. Había decidido no pagar ningún soborno, salvo en aquellas instancias en que de no hacerlo, el trámite quedaría interrumpido de manera indefinida. De diez ocasiones en las que los funcionarios se lo solicitaron, en dos se vio obligado a gratificarlos bajo mano. De Soto continúa explicando, ‘registrar debidamente el supuesto taller demoró 289 días de gestiones que exigieron una dedicación casi exclusiva de los investigadores del Instituto, empeñados en la simulación y una suma de 1231 dólares que significaba 32 veces el sueldo mínimo vital”. La conclusión que extrae De Soto es que en Perú, “legalizar” una industria o cualquiera otra actividad, en estas condiciones está fuera de las posibilidades de un emprendedor de escasos recursos económicos, condición que afecta a la mayoría de emprendedores del Perú. Aquí, el ejemplo que pone Hernando de Soto, radica la explicación del porqué la economía peruana está en condición de informal.

Escrito: 20 de junio del 2015