HA LLEGADO LA HORA DEL CAMBIO

Humberto Campodónico.

Por primera vez en 25 años tenemos la oportunidad de sacar el balance del modelo económico de la Constitución Fujimori/Yoshiyama: liberalización de la economía, desregulación de los mercados y privatización de las empresas estatales. Pero sus defensores se niegan a ese balance.

Ahora nos dicen que la culpa proviene del “imperio brasileño” y el sistema corrupto alentado por sus empresas. Así, la corrupción viene “de afuera” y corrompe a los “buenos” de adentro que, además, aplican las políticas del Consenso de Washington.
Eso no se dijo en los 90. Allí el fracaso económico fue culpa del modelo “cepalino” y la crisis de la deuda externa no tenía causas foráneas (como la tasa de interés al 20%, la caída de los precios de las materias primas o el proteccionismo de los países industrializados). La causa era endógena: “demasiado Estado”, “muy poco mercado”. Dos varas y dos medidas.
La confianza desmedida en las “virtudes inquebrantables” de los mercados se exacerbó con el super ciclo de altos precios de las materias primas por la expansión industrial china (que no fue producto del “libre mercado”). No se quiso ver que la marea alta china fue el hecho esencial que hizo subir a todos los botes de América Latina, sin excepción alguna. Y en todos también bajó la pobreza, en parte por el crecimiento y en parte por los programas sociales.
Esta confianza llevó a que el ministro Luis Carranza dijera que los altos precios iban a durar 30 años, lo que se trasladó a todas las instituciones del Estado y a la propia forma de hacer política económica. ¿Alguien dijo Plan Nacional de Infraestructura en el CEPLAN? Pero si “plan” es una mala palabra. Basta con que IPE y AFIN nos digan que el déficit de infraestructura asciende a decenas de miles de millones de dólares.
¿Alguien dijo Plan Energético de Mediano y Largo Plazo, de carácter vinculante, que nos diga qué oferta y demanda de energía queremos en 20 años para “rayar la cancha” a las empresas? ¿Para qué, si ya la Constitución dice que son los dueños de la molécula, previo pago de una regalía? ¿Y qué hacemos si el licenciatario quiere exportar el gas del Lote 56, lo que se permitió bajo Toledo, siendo PPK ministro de economía y luego Premier?
Pues nada: solo respetar el Art. 62 de la Constitución que establece la “santidad” de los contratos-ley, ya que solo pueden ser cambiados por acuerdo entre las partes (adiós Congreso). No se dice que han sido modificados cientos de veces, siempre a favor de los contratistas, partida de nacimiento de las adendas de las APP.
Los ideólogos pro-mercado “evolucionaron” y dijeron que los eficientes ministros tecnócratas no podían hacer bien las cosas porque los gobernantes, políticos elegidos por el pueblo, no los dejaban: “qué bueno sería que los mencionados ministros –que parecen estar en el gabinete por un accidente del destino– escogiesen al presidente y no al revés” (1). El gabinete PPK, con él al frente, cumple con esa aspiración. ¿O no?
Lo que les importa es que haya “una buena tasa de crecimiento económico”, no si se fortalecen las instituciones, salvo las “islas de eficiencia que “impulsan el crecimiento” (2). Tampoco importa si se vulnera el medio ambiente y los derechos de las comunidades indígenas. Importa crecer. Punto.

La cereza de la torta ha sido las APP, no porque sean malas per se, sino porque la estructura legal y el diseño de adjudicación han sido laxos, permitiendo adendas al por mayor, por tanto, el crecimiento de la corrupción que vemos hoy. Es indispensable un debate nacional sobre las APP para acabar con la corrupción.

Pero el apetito de los inversionistas privados hacia los ahorros fiscales en época de vacas flacas (y gordas), no se detiene. La política del Gobierno es dar proyectos a las APP, donde tienen buenos amigos. Así, Pro-inversión va a licitar proyectos por US$ 4,000 millones este año. No, pues. Ni una APP más hasta revisar todo a fondo. El Congreso tiene la palabra.
Para terminar, la corrupción no viene solo “de afuera”. Tampoco tiene un solo signo ideológico ni su origen es “economicista”. La moral y la ética son parte del análisis, así como los signos de los tiempos de “postmodernidad” y “postverdad”.
Pero el “libre albedrío” del mercado, sin regulación ni rumbo de largo plazo sí provoca desastres: se vio en la crisis global del 2008 y se ve ahora. No es cierto que haya “una sola política económica”, si no miremos el signo no neoliberal de las políticas económicas en China y el Sudeste Asiático. Si queremos acabar con la corrupción necesitamos una nueva ecuación entre Estado y mercado y alejarnos de la dependencia de las materias primas, camino bloqueado por la Constitución de 1993.

La crisis abierta nos da la gran oportunidad para revertir la idea-fuerza que domina hace 25 años: que el mercado lo puede todo. Ha llegado la hora de cambiar.