Exposición para la ONU escrita por ONG’s
francesas respecto al conflicto Conga
La industria minera amenaza el
derecho al agua en el Perú
En la sesión de junio del Consejo
de los Derechos Humanos (CDDHH), resaltamos que aunque la resolución
A/RES/64/292 adoptada por la Asamblea General de la ONU reconoce el derecho al
agua potable y al saneamiento para todos como un derecho fundamental, el
derecho al agua está lejos de ser una realidad para todos. Las fuentes de agua
se ven amenazadas sobre todo por la industria minera. Las minas a tajo abierto
contaminan los acuíferos con productos tóxicos y metales pesados, producto
de los drenajes ácidos degradando las zonas de recarga hídrica, deteriorando el
medioambiente. Las minas a tajo abierto se encuentran frecuentemente en las
cabeceras de cuencas y en las zonas de recarga hídrica, glaciares, páramos,
humedales, bofedales, etc. La empresa minera YANACOCHA propietaria de la
mina de oro mas grande de América Latina, igualmente en el Perú- se propone
desarrollar el proyecto minero Conga, para extraer oro precisamente en una zona
de cabecera de cuenca del la región Cajamarca en el Perú. La zona de influencia
del proyecto minero CONGA está constituida por cerca de 80 lagunas a más de
3000 metros de altitud en la provincia de Celendin en el departamento de Cajamarca.
Este proyecto prevé en su etapa inicial la destrucción de 4 lagunas: de dos de
ellas se extraerá oro y cobre y las otras dos se convertirán en botaderos de
los desechos de las operaciones, Si el proyecto se lleva a cabo, cientos de
hectáreas de humedales serán destruidas y millones de m³ de agua se verán
contaminados. La técnica de extracción del oro utilizada por YANACOCHA es el
método de lixiviación (tres gramos de cianuro diluidos en 3 m³ de agua por
tonelada de roca).YANACOCHA tiene un pasado lleno de contaminación: la laguna
YANACOCHA que dio el nombre a la empresa ya no existe; el reservorio de San
José que la reemplaza no cumple sus funciones y la ciudad de Cajamarca sufre de
racionamiento de agua. El curso del Rio Grande es desviado y después de la
utilización industrial por YANACOCHA, el agua es revertida en su curso, agua
que alimenta la planta de tratamiento de El Milagro que provee de agua a la
ciudad de Cajamarca. Hoy en día los cajamarquinos toman agua contaminada con
arsénico. A pesar de que numerosos estudios acusan a YANACOCHA de ser
responsable de la contaminación de numerosas fuentes de agua y a pesar del
trágico accidente en 2000, en que el pueblo de Choropampa fue contaminado por
el mercurio que un camión de una contratista de la empresa fue perdiendo al
pasar por el pueblo con terribles consecuencias sobre la salud, el gobierno
actual ha dado a Yanacocha el aval para este proyecto La población de Cajamarca
desde siempre se ha pronunciado contra esta explotación minera. En el año 2000
se opuso a la destrucción del Cerro Sagrado QUILISH. En 2004 las autoridades de
la provincia de Celendín dónde se encuentra Conga prohibieron toda actividad
minera en la zona al amparo de la Ley General de Ambiente en caso de actividades
que atenten contra el ecosistema. El gobierno de Alan García había aprobado
rápidamente un estudio de impacto ambiental (EIA) realizado en tan sólo 8 meses
y financiado por YANACOCHA misma, sin consultas adecuadas a la población. Este
EIA no tomaba en cuenta el impacto directo sobre las lagunas y sobre el ecosistema
y no presentaba cifras sobre la cuenca hidrográfica que se vería afectada. El
EIA buscaba subestimar los impactos y la población afectada. Las protestas de
la población de Cajamarca contra el proyecto comenzaron en octubre 2011seguidas
por una huelga indefinida a partir del 24 de noviembre. Los campesinos ocuparon
la zona de las lagunas para protegerlas de la entrada de los camiones de
YANACOCHA. El 29 de noviembre la policía intentó desalojarlos por la fuerza y
19 campesinos fueron heridos, 6 de ellos de gravedad por herida de bala. Los
heridos conservarán secuelas para el resto de sus vidas; entre ellos está Elmer
Campos, paralítico de los miembros inferiores. El gobierno respondió con la
declaración del Estado de Emergencia en la zona que duró 10 días y provocó una
grave crisis gubernamental trayendo consigo un cambio de gobierno y un
endurecimiento de su posición nombrando a un ex militar como Primer Ministro. Finalmente
la huelga se levantó y el Estado de Emergencia igualmente. En diciembre del
2011, el gobierno regional de Cajamarca emitió la ordenanza 036-2011-GR.CAJ-CR
prohibiendo toda actividad minera en las zonas de ecosistemas frágiles, tal como
la Ley general del Ambiente le autoriza. El proyecto CONGA fue paralizado y el
gobierno llamó a tres expertos extranjeros para hacer viable el proyecto y
revisar el estudio de impacto ambiental de CONGA. En febrero del 2012 tuvo
lugar la primera Marcha del Agua que partió de las lagunas de Conga hacia Lima,
la capital del país. Participaron más de 40 000 personas y numerosos observadores
extranjeros. Estas personas pidieron al Congreso peruano la inscripción en la constitución
peruana del derecho al agua. Los sindicatos peruanos y partidos políticos están
recaudando firmas para que se prohíba la minería en las cabeceras de cuenca. Por
toda respuesta, Cajamarca fue militarizada con el envío de centenares de
militares. Más de 40 dirigentes que se oponen a este proyecto, entre ellos
autoridades como Gregorio Santos, presidente de la región de Cajamarca, y
líderes ambientalistas como Marco Arana, han sido denunciados por la Fiscalía
por su oposición al proyecto CONGA. La revisión del estudio de impacto
ambiental por los peritos extranjeros fue publicada y aconseja que sean
vaciados solo dos lagunas y que se invierta más en los reservorios. Pero la
población no acepta estas medidas y ha empezado el 31 de mayo del 2012 un
segundo paro regional indefinido. El 3 de julio, tres provincias de
Cajamarca: Celendín, Hualgayoc y Cajamarca (donde se encuentra la zona de
Conga) son declaradas nuevamente en emergencia. Cinco personas mueren
asesinadas por las fuerzas del orden en manifestaciones totalmente pacificas.
Desde el principio del paro, las diferentes comunidades han realizado bajo el
llamado del Comando Unitario de Lucha (COMUL) marchas pacificas, actividades
informativas y culturales. El COMUL es la organización que reúne en su frente a
los representantes de las tres provincias afectadas. El día 4 de julio, Marco
Arana, coordinador general del Movimiento Tierra y Libertad es salvajemente
agredido por la policía cuando estaba sentado en una banca de la
plaza principal de la ciudad de Cajamarca. Fue brutalmente golpeado en los
pulmones y riñones a sabiendas de que padecía dolencias; fue liberado gracias a
la enorme solidaridad nacional e internacional. Veinticinco personas fueron
trasladadas con él a la cárcel de Chiclayo. Fueron liberadas días después. A
pesar de la mediación entablada por dos eclesiásticos uno nombrado por el
gobierno central y otro por el regional y del discurso presidencial el día 28
de julio, el gobierno de Ollanta Humala vuelve a prolongar el estado de
emergencia en las tres provincias demostrando que hace caso omiso al clamor del
pueblo de Cajamarca. Los pueblos afectados por el proyecto CONGA, relevados
aquí por nuestras organizaciones, piden al Estado peruano que decida
definitivamente:
·
El levantamiento del estado de emergencia en las
tres provincias y el fin del uso de la fuerza armada para reprimir la expresión
popular.
·
El cese del proyecto minero Conga; el rechazo a
toda explotación minera en cabecera de cuenca;
·
La indemnización de las familias de las personas
asesinadas y la indemnización de las personas heridas durante las protestas y
su seguimiento médico;
·
El cese
de la persecución a las personas denunciadas por el gobierno;
·
La
sanción a los responsables de las exacciones a la integridad física y un juicio
justo para las familias y personas víctimas,
·
El
reconocimiento de la ordenanza regional 036-2011-GR.CAJ-CR contra
el proyecto CONGA;
·
La
revisión de la Ley de Minería promulgada por decreto con fecha de 4 junio
de1992 por el Presidente Fujimori y que fragmenta al país en lotes y
concesiones autorizando la extracción minera y petrolera sin discreción;
·
El
respeto y la aplicación del derecho constitucional al agua potable reconocido
por el Tribunal Constitucional por las sentencias 06546-2006-PA y
06534-2006-PA de 2007;
·
El
respeto y la aplicación del artículo 99 de la Ley 28611 Ley General de Ambiente
sobre la posibilidad que tienen las autoridades locales de proteger los
ecosistemas frágiles;
·
Que la
ANA (Autoridad Nacional del Agua) se pronuncie y declare la intangibilidad de
las cabeceras de cuenca con el fin de proteger el ecosistema y de preservar el agua,
en aplicación del artículo 127 de la Ley 29338 sobre los recursos hídricos;
·
La
aplicación de la Convención de RAMSAR de 1971 de la cual el Perú es signatario y
que tiene como objetivo la conservación y la utilización racional de los
humedales;
·
El
respeto y la aplicación de la Convención 169 de la OIT sobre el derecho a la consulta
previa de los pueblos a consecuencia de todo proyecto que les
afecte. Nuestras organizaciones apelan al Relator especial sobre los
derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, al
Experto independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el beneficio de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y
sostenible, a la Relatora especial sobre el derecho humano al agua potable y al
saneamiento, al Relator especial sobre el derecho de toda persona al beneficio
del mejor nivel posible de salud física y mental, al Relator especial
sobre el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacificas, al
Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad
de opinión y de expresión y a la Relatora especial sobre la situación de los
defensores de los derechos humanos, a dirigir su atención sobre las graves y
persistentes violaciones sufridas por las comunidades indígenas de Perú.
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