DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO DE CAJAMARCA POR YANACOCHA
Jorge Pereyra
Entre los casos más notorios de
impacto de las industrias más poderosas en el Patrimonio Cultural de la Nación
destaca el de la minera trasnacional Yanacocha, la principal productora de oro
de Sudamérica. A la fecha, es la empresa más sancionada por causar alteraciones
de zonas arqueológicas: su historial incluye cinco multas que suman 3.450 UIT,
equivalentes a más de 12 millones de soles.
Los casos más serios se refieren a
varios lugares de importancia cultural en Cajamarca, donde esta minera opera
desde los años noventa.
Uno de esos episodios fue la
destrucción total de diecisiete sitios en el sector de Carachugo, precisamente
donde inició sus operaciones. Según un informe de la oficina regional del INC
en Cajamarca, emitido en abril del 2007, los daños también alcanzaron al sitio
más importante del conjunto, que “se encuentra afectado en un 70% debido a
trabajos de instalación de accesos para plataformas de perforación y depósito
de desmonte”.
IMPACTO
El ámbito de la minera Yanacocha
incluye sitios arqueológicos como Cerro Retratuyoc, Carachugo, Pampa Larga,
Socavón Carachugo, Pampa La Quinua, entre otros.
El 3 de enero del 2008, la
Dirección de Defensa del Patrimonio Histórico del INC estableció que los
elementos del caso configuraban una falta gravísima. "La empresa minera
Yanacocha S.R.L. conocía de la existencia y ubicación de los sitios
arqueológicos, por lo tanto, se deduce que la destrucción de los mismos fue de
carácter intencional", señaló la historiadora Blanca Alva, responsable de
esa dependencia, en la Resolución Directoral N° 002/INC-DDPH.
En su momento, la compañía basó
sus descargos en tres argumentos: que no era posible determinar si los sitios
afectados tenían importancia arqueológica; que al momento de la afectación no
habían sido declarados como tales; y que los casos habían prescrito. El INC no
admitió ninguna de estas explicaciones. Por el contrario, le aplicó una multa
de 1.000 UIT, la más alta establecida en la ley para estos casos.
Aquella no fue la peor noticia de
ese día para la trasnacional. En la misma fecha, el INC emitió otras dos
resoluciones que imponían multas a la minera por destrucción de sitios
arqueológicos. La primera, motivada por acciones detectadas en el año 2006, fue
de 400 UIT “por haber alterado de forma muy grave y continua” cinco lugares en
el llamado Sector Yanacocha Norte B. Cuatro de esos sitios fueron arrasados por
completo y el sitio restante había quedado comprometido en más del 50%.
La tercera sanción fue por la
destrucción de diez sitios, incluyendo recintos de piedra, muros y estructuras
de centros poblados antiguos en el sector Cerro San José. Las evidencias
recogidas por los peritos permitieron concluir que la serie de atentados “fue
producto de la actividad minera y fueron ejecutados de forma continua,
reiterada, de manera intencional”.
"Yanacocha conocía de la
existencia y ubicación de los sitios arqueológicos, por lo tanto, se deduce que
la destrucción de los mismos fue intencional".
De las cinco multas aplicadas a
Yanacocha, dos fueron por 1.000 UIT cada una y encabezan el ranking de las
reparaciones exigidas por el Estado ante casos de destrucción o daño de
monumentos arqueológicos. De acuerdo con cifras del Ministerio de Cultura,
obtenidas mediante un pedido de transparencia, la minera ha pagado una tercera
parte, 1.150 UIT.
“Minera Yanacocha es una empresa
que actúa siempre en el marco de las leyes peruanas y cumple escrupulosamente
con las regulaciones y mandatos vigentes”, indicó la compañía en respuesta a
una consulta de Ojo Público para este reportaje.
La
trasnacional refirió que con ese criterio se allanó respecto a la sanción que
recibió por los daños a los sitios arqueológicos en el Sector Yanacocha Norte
B. “La empresa fue notificada del impacto, hizo el descargo pertinente, pero la
autoridad consideró que debía aplicarse una multa de 150 UIT. Yanacocha acató
la resolución y cumplió con el pago de la multa dentro del plazo legal”, indicó
en su respuesta. Sin embargo, no mencionó las tres multas que, según la data
oficial, todavía tiene pendientes por un monto de 2.300 UIT, lo que al valor
actual representa más de 9 millones de soles.
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