Por
Claudia Cisneros
Ni
a la minera ni al gobierno ni a dirigentes como el tal Pepe Julio les importa 3
carajos los peruanos muertos: 2 agricultores y 1 policía, solo les interesa el lucro. El
Gobierno sigue actuando como vocero desvergonzado de la empresa, los pobladores
lo saben y por eso desconfían de cualquier cosa que diga u ofrezca. La minera
compra con su dinero la dignidad y el uniforme de algunos policías que fungen
de sicarios, siembran falsas pruebas para desprestigiar a los manifestantes. El
tal Pepe Julio vende su influencia sobre los manifestantes por dinero. Es
cierto que puede que ese audio no sea de la protesta actual sino del 2011, como
apunta Rebeca Diz en el semanario de Hildebrandt, pero para el caso la gravedad
es la misma: traficar con el poder de movilización es de canallas. El daño es
agravado porque su canallada será usada por la mina y el Gobierno, y sus
medios-cajas-de-resonancia para deslegitimar la protesta.
Por
eso es importante que quienes realmente buscan una resolución a este malogrado
conflicto, tomen en cuenta que el fondo del asunto está más allá de la coima de
Southern a un sinvergüenza dirigente, más allá de las fuerzas en escalada de
violencia del lado estatal y civil. El fondo y origen de este conflicto, que va
camino al desgarramiento nacional, está en lo que José de Echave explica muy
bien en su última columna en Hildebrandt en sus Trece: las 138 observaciones
que se le hicieron al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó Southern
en 2009.
El
informe con las observaciones que hizo la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (UNOPS) “destrozó el EIA presentado por Southern y confirmó
las preocupaciones de la población”. Como cuenta Echave, al MINEM no le quedó
otra que rechazar el EIA y declararlo inadmisible (Resolución Directoral
105-2011-MEM-AAM del 8/04/2011).
Pero
2 años después la empresa volvió a arremeter presentando un nuevo EIA que
supuestamente corregía el primero. El problema es que la empresa presentó este
EIA un 19 de diciembre, fin de año, fiestas… en una audiencia que duró 35
minutos, con dos mil policías afuera de un local al que no dejaron entrar a
dirigentes y líderes. Y a eso le llamó Merino (MINEM) “licencia social”. Esto
fue en el 2013. Al 2015 la empresa sigue intentando imponer a la mala el
proyecto y no ha hecho más que seguir alimentando su descrédito. Lo último ha
sido el sembrado de armas a un inocente agricultor en supuesta complicidad de
policías contratados por la empresa y medios de comunicación como Correo. Se
prestan para el montaje y para fijar los calificativos de “terroristas antimineros”.
Lo del bus quemado en Matarani es otro ejemplo. Aparece “en un lugar alejado al
que se producían las manifestaciones” (Rebeca Diz) y sin que nadie explique
cómo llegó allí con las carreteras bloqueadas.
Pero
llegado a este punto: 47 días de conflicto, 180 heridos y 3 muertos, es
responsabilidad del Gobierno garantizar la vida de los peruanos: manifestantes
y policías. Policías que han sido enviados sin entrenamiento en conflictos ni
recursos, como ha acusado la esposa de Henry Vásquez del S.O. asesinado a
pedradas por una turba. Ernesto Vásquez, hermano del policía caído ha
responsabilizado a Humala por enviarlos sin recursos, mal alimentados, sin
capacitación. También lo confirma Doris Cornejo, corresponsal de Canal N.
Si
el Gobierno tomara en serio la defensa de la vida lo que cabría en este momento
es declarar la suspensión de Tía María. A veces dar un paso atrás es ser
responsable, no débil. Pero el Gobierno ha decidido enviar un contingente
militar a la convulsionada zona. Todos saben que los militares se entrenan para
matar, no para persuadir. Si eso ocurre, sería simple y puro asesinato que
vulnera los derechos humanos y Humala, Cateriano y el ministro de Defensa
podrán ser procesados por ello. Si el Gobierno realmente quisiera recobrar la
paz en la zona y proteger a los peruanos, no estaría amenazando con militares o
estados de emergencia, estaría suspendiendo hasta nuevo aviso el proyecto y
buscando recuperar puentes de diálogo pero con los asuntos de fondo y con los
interlocutores que no estén contaminados por la plata sucia de la minera.
“Democracia
no es enfrentar a la policía con el pueblo”, ha dicho a Humala Ma. Isabel
Álvarez, viuda del policía muerto. Democracia tampoco es imponer a sangre y
bala un proyecto que viene viciado por la desconfianza legítima, probada con el
prontuario de la empresa Southern que bien se conoce en Arequipa. El Gobierno y
la empresa quieren sangre, muerte y bala. Quieren cifras, quieren plata,
quieren lucro como sea y a costa de quien sea. Y a eso le llaman desarrollo…
Fuente:
La República.pe
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