Tía María: fojas cero

Por Claudia Cisneros

“Ningún interés político, ni empresarial, puede estar por encima de la vida y la paz…”.  Frase simple pero, en su significado, abarcante, totalizadora. Lástima que la haya dicho el presidente de la Southern y no el presidente de la República. Lástima porque eso es lo que más se esperaba y exigía al mandatario. La vida de ciudadanos y policías por encima del lucro. Lástima que en voz de la empresa esa potente frase suena a sus detractores hueca, a fórmula de estrategia comunicacional. 

Saben que si la empresa llama a 60 días de pausa “por la paz y la vida”, es porque el proyecto es hoy empresarialmente inviable. Lástima porque el presidente del Perú perdió la oportunidad estelar de darle a la presidencia el estatus de estratega y liderazgo que su ocupación le ha quitado. Declarar unilateralmente la suspensión del proyecto era un riesgo jurídico, pero un liderazgo nacional mandaba a que lograra de mutuo acuerdo con la empresa la inexorable suspensión.

No hay forma de que Southern pueda trabajar en la zona con la mitad de gente en contra. Y eso ha sido responsabilidad del gobierno y de la empresa. No olvidemos que fue Southern la que presentó en 2011 un fraudulento EIA. El organismo independiente que lo revisó, la UNOPS, hizo 138 observaciones que dejaban claro que el lugar se ponía en riesgo. Si Humala tuviera mejores asesores políticos, y no solo escuchara a los abogados y economistas, hubiera caído en la cuenta de que pudo haber hecho la misma defensa del Estado de Derecho y el cumplimiento de contratos pero poniendo por delante la vida humana y anunciando que el gobierno había logrado en acuerdo con la empresa la suspensión. Cosa que luego la empresa no tuvo empacho en anunciar. Si lo que se quería era evitar que otros inversionistas se asustaran, el resultado fue el mismo.

Es cierto que el ejercicio de poder no debe transmitir debilidad. Y capitular ante los detractores podía ser visto como pérdida de poder. Tanto como capitular ante la empresa. Por eso se entiende que el gobierno haya elegido la imposición de la fuerza. Sin que por ello se justifique la represión violenta. Más aún si en este caso la suspensión del proyecto no es consecuencia esencial de la violencia brutal de algunos detractores, sino consecuencia del yerro de cálculo de gobierno y empresa para aceptar que el proyecto jamás vería luz de manera tramposa y prepotente. Y porque la oposición sostenida se sustenta en temores reales y concretos que ni empresa ni gobierno han sabido, querido o podido conjurar. 

Pero eso ahora es agua bajo el río. Humala es caso perdido y tendremos que cruzar los dedos de acá al año que queda para que sus carencias no nos sigan costando vidas y dinero. Ahora lo que importa es que los opositores al proyecto conduzcan sus justos reclamos de manera exclusivamente pacífica y con inteligencia política. La victoria está servida si saben aprovechar esta tregua para hacerse escuchar y entender en toda la dimensión de sus preocupaciones por el agro, la contaminación y el futuro de sus tierras. Los agitadores y extremistas que, infiltrándose en estos justos reclamos, han atacado con violencia a policías o ciudadanos deben ser detenidos, extirpados y procesados. 

Ahora más que nunca es indispensable que se escuche al pueblo, a los agricultores, a todos los impactados en un proyecto de inversión social tan importante como Tía María. La licencia social no es una frase de ciencia política, es una condición no escrita en las leyes pero tan concreta y determinante como cualquiera. La empresa tiene que hacerse cargo de sus conocidos pasivos. No es lo mismo iniciar una relación dando el beneficio de la duda a alguien nuevo que a alguien de conocidos antecedentes de contaminación y mentiras. 

No solo en el Perú la Southern Copper Corporation ha tenido gravísimas responsabilidades ambientales (http://bit.ly/1Pp0ID2) que le han valido más de 10 altas multas: contaminó la bahía de Ite en Tacna durante 36 años. En Ilo emitió más de cuatro veces y medio el límite de dióxido de azufre permitido. Contaminó la irrigación “Pampa Sitana” en Tacna. Mina de Toquepala puso en riesgo lagunas de Candarave en Tacna. También en el extranjero: en 2014 protagonizó el más grande desastre ambiental de México. Derramó 40,000m3 de sulfato de cobre y ácido sulfúrico envenenando el consumo de agua de 7 pueblos mexicanos en el estado de Sonora. Se rehusó a pagar la multa de US$ 1’500,000. En 2006 murieron 65 mineros por una explosión en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, México, por negligencia en las condiciones de seguridad. Y en 2008 una de sus compañías, Asarco, fue enjuiciada en EEUU.

Tampoco hay que olvidar que el propio gobierno peruano intentó esconder el informe de UNOPS que cuestionaba el EIA presentado por Southern (http://bit.ly/1IGMvfa). Es hora de que el Estado se ponga en los zapatos de los habitantes que sienten amenazado su futuro y viabilidad por el dudoso socio en inversiones que ha elegido y por su propio accionar parcializado. No puede obviarse un asunto tan fundamental como la confianza, y cualquier cosa que se intente para echar a andar el proyecto tendrá que pasar por ella. No como si se alimentara un capricho sino como una básica necesidad para la interacción y los acuerdos. Es hora de hacer recuento de daños de todos los flancos, de aprovechar la tregua para escucharse y entenderse. Es hora de avanzar estando quietos.