Por: Mirtha Vásquez Chuquilín
Es 28 de marzo y los 16 líderes de Celendín y
Sorochuco están nuevamente citados al Poder Judicial de Cajamarca. Varios han
estado esperando desde temprano, otros llegan poco antes de la hora citada,
apiñados en un vehículo, gritando y haciendo vivas. Esta vez no se los ve
angustiados y nerviosos como siempre, esta vez brota en sus miradas una genuina
alegría mezclada con una profunda emoción. Y es que esta vez solo han sido
citados para escuchar la lectura íntegra de la sentencia que sorprendentemente,
los ha absuelto de los graves cargos de Secuestro y otros delitos, por los que
se les pedía 33 años de cárcel, proceso que afrontaron por cuatro largos años.
Escuchan atenta y pacientemente esta sentencia y
luego se oye suspiros profundos de tranquilidad con los que se levantan de la
sala dando aplausos. “Somos libres”, “por fin se nos hizo justicia”, “ya
podemos caminar tranquilos”. Casi no pueden creer que por fin hayan declarado
su inocencia, que por fin esté terminando este largo y tortuoso camino que
significa someterse a un proceso judicial en este país, no solo por los típicos
problemas característicos de un sistema colapsado y sin garantías mínimas, sino
porque además ser procesado por determinados cargos y condiciones, como en este
caso, implica un extra en las cargas y consecuencias.
AFRONTAR UN PROCESO JUDICIAL
Existe un viejo dicho que reza “más vale un mal
arreglo que un buen juicio”, el cual no deja de tener vigencia en nuestro país.
El sistema judicial en el Perú sufre un proceso de progresiva deslegitimación,
los plazos excesivos, los costos, la corrupción, son solo algunos de los
principales cuestionamiento que se le hace al mismo. Las desconfianzas en este
sistema hace que la expectativa de conseguir justicia en el mismo, la haga
análoga a jugar a la ruleta. Y los cuestionamientos se incrementan conforme a
los casos y a la manera sorprendentemente como los van resolviendo. Así, solo
por colocarnos en este ejemplo, el poco éxito y eficacia que tiene este poder
del Estado para juzgar y sancionar la delincuencia común, contrasta con la
implacabilidad y severidad con que se persiguen y sancionan
desproporcionalmente en cierto asuntos, como los ligados a procesos sociales
por ejemplo. La gente no deja de mostrar su indignación cuando verifica que
mientras un delincuente común es sancionado con penas simbólicas, el mismo
sistema de justicia no escatima en pedidos de 30 años a más de prisión en casos
sociales, sin que incluso haya tenido reparo en solicitar la pena máxima,
cadena perpetua.
SER UN LIDER SOCIAL Y SER JUZGADO POR SU ROL
Si cualquier persona involucrada en un proceso
judicial, inevitablemente tiene que sufrir el desgaste material y psicológico
de un litigio común que se traduce en dinero y tiempo invertido, o perdido, y
una fuerte carga emocional sobrellevada durante el tiempo que lo afronte, cuando
el proceso versa sobre un tema de origen social, y recae sobre el rol o
liderazgos, los costos y efectos se redoblan en varias dimensiones.
La razón es simple y obedece a uno de los
problemas ya característicos del sistema de justicia peruano, que incapaz de
independizarse del poder, vuelve más vulnerables en este ámbito y llega a
revictimizar a los sujetos de los sectores sociales más débiles de esta
desigual sociedad.
El aparato de justicia refleja y multiplica las desigualdades correspondientes a fracturas étnicas, de género y de clase que al subsistir cuestionan la pretendida modernidad de estas sociedades
Por eso en este tipo de casos en que se persiguen sanciones para personas que han sido parte o liderado movimientos sociales, que cuestionan un estatus, el poder, o reivindican derechos frente a intereses de carácter económico, cuya origen normalmente son los sectores pobres, discriminados tradicionalmente, la severidad e implacabilidad con que se aplica la ley es máxima, por tanto los efectos que sufren producto de ello también se profundizan o se amplían en diversas esferas de su vida.
El aparato de justicia refleja y multiplica las desigualdades correspondientes a fracturas étnicas, de género y de clase que al subsistir cuestionan la pretendida modernidad de estas sociedades
Por eso en este tipo de casos en que se persiguen sanciones para personas que han sido parte o liderado movimientos sociales, que cuestionan un estatus, el poder, o reivindican derechos frente a intereses de carácter económico, cuya origen normalmente son los sectores pobres, discriminados tradicionalmente, la severidad e implacabilidad con que se aplica la ley es máxima, por tanto los efectos que sufren producto de ello también se profundizan o se amplían en diversas esferas de su vida.
“Estar involucrado en estas luchas sociales y ser
procesados por esto, nos vuelve ante la sociedad delincuentes, violentistas, la
gente nos tiene como personas peligrosas que hacen daño a la sociedad”
manifiesta Milton Sánchez, dirigente procesado en este caso.
La Justicia abusa de nosotros “Ustedes ya conocen que una vez fuimos detenidos arbitrariamente por la policía en la Dircote y nos tuvieron 10 horas sin decirnos para qué o por qué nos detuvieron […]”explica este líder a LaMula.pe .
La Justicia abusa de nosotros “Ustedes ya conocen que una vez fuimos detenidos arbitrariamente por la policía en la Dircote y nos tuvieron 10 horas sin decirnos para qué o por qué nos detuvieron […]”explica este líder a LaMula.pe .
“Venir cada vez al juicio implica dejar de
trabajar, un día sin hacer mi trabajo significa dejar de dar de comer a mi
familia” decía frustradamente César Bolaños, uno de los procesados que alguna
vez que no pudo asistir por este motivo fue declarado reo contumaz.
“Señoras no pueden ingresar a la sala de
audiencias con sus hijos”, les gritó una auxiliar judicial a Jeny Cojal, Andrea
Rodríguez y Emperatriz Bolaños en una de las primeras audiencias. Las dos
primeras llevaban bebes lactantes y la última a su pequeño hijo de menos de
cuatro años que no tenía con quien dejar. “el Código de Niños y Adolescentes
prohíbe, por protección a los menores, que puedan presenciar juicios de sus
progenitores”, y “qué hacemos señorita?, replica Jeny, “nuestros hijos tienen
que mamar, los traemos porque no tenemos con quien dejarlos”. Pero la ley es
implacable para ellas y no dejaría que participen de este proceso de no aceptar
esta condición. Ante el temor de ser declaradas contumaces y ordenar su
captura, las mujeres tienen que dejar en manos de terceros a sus bebés y
privarlos de su derecho a amamantarlos para poder afrontar su juicio.
LAS ETIQUETAS QUE LES ASIGNA LA SOCIEDAD
“Eres un delincuente, te vas a ir a la cárcel”
les gritaron varias veces a líderes como Ramón Abanto. El encabezar esta lista
de procesados les trajo más que varios desencuentros con sus propios vecinos y
gente de la ciudad; el estigma de ser un procesado por asuntos sociales, le coloca
la etiqueta de violentistas, revoltoso, peligroso para la sociedad. De líderes
ambientales pasaron a ser vistos como criminales; esto es parte de la campaña
que levanta no solo el Estado sino las empresas, poderes con quienes se
confrontan estos líderes en estos casos. Pero este efecto pernicioso no solo
impacta sobre quienes están procesados, lo hace también en el movimiento
social, a quienes no solo se les extiende estas etiquetas sino que se
desincentivan o atemorizan; el efecto recae en la propia sociedad en la cual se
instala errónea y peligrosamente la idea de participación política y protesta
social equivalente a actos delictivos, por ello en el fondo el costo lo asumen
los propios derechos y el Estado Democrático que se ve socavado.
TENER LA ABSOLUCIÓN NO REPARA EL DAÑO
“ Dime que es verdad, confírmame que nos
absolvieron” me pregunta Jeny Cojal al teléfono el día que los jueces
resolvieron el caso. Al confirmarle este hecho me dice, “la verdad es que
estaba rumbo a la selva, estaba huyendo, soy madre soltera, no puedo arriesgar
mi libertad, una sentencia en contra me podía llevar a la cárcel y no estaba
dispuesta a dejar desamparados a mis hijos”, me confiesa, mientras llora en el
teléfono.
“Mi madre me dijo hoy, júrame que vas a volver,
ella es anciana, y estos últimos cuatro años ha tenido que vivir con la
terrible angustia de poder verme en la cárcel” dice Justiniano Montoya, que
también derrama lágrimas al saberse absuelto en este proceso. “Hoy me levanté
después de cuatro años esperanzado, por fin siento que puedo hacer planes otra
vez para mi vida” termina diciendo en un pequeño discurso luego de leída su
sentencia
No, en definitiva, tener una sentencia
absolutoria no repara los daños ni personales ni sociales que provocan estos
proceso, cómo superar los graves efectos psicológicos, morales y materiales que
han tenido que soportar personalmente, no repara el daño que ha tenido que
sufrir el tejido social, no repara el daño que ha tenido que asumir la
democracia.
Es el día de la sentencia, y los procesados esta
vez han decidido venir con sus hijos, desafiando de algún modo al sistema.
Sorprende saber sus razones, Fabio Rojas lo explica, “es importante que
nuestros hijos vean y valoren este momento, es fundamental para fortalecer
nuestras luchas. Conga No irá”.
En el fondo todos valoramos que este largo y
terrible camino valió la pena, pero miro a tres niños ya de cuatro años y me
pregunto, como este sistema se reivindica con ellos?.
Curioso, la Sentencia de este caso, termina
absolviendo a estos líderes no por aceptar su inocencia, sino por señalar que
existió una deficiencia en la actividad probatoria del Ministerio Público.
Aunque en términos de resultado parecen ser irrelevantes estos fundamentos, sí
son importantes en términos de justicia. Porqué no hacer justicia como es
debido?. Luis Pásara lo puntualiza, “este sistema solo dará eficacia a las
normas mientras el poder no tenga inconveniente en ello”.