jueves, mayo 28, 2015

AY MINISTRO

José de Echave
El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, pretende debatir a su manera sobre varios temas a la vez. Bienvenido el debate y que sea en los mejores términos.
El ministro opina muy seguro sobre temas de hidrogeología y afirma que lo de las aguas subterráneas del proyecto Tía María es un tema resuelto; critica abiertamente los mapas de concesiones y a las instituciones que los elaboramos y da a entender que le molesta que el Ingemmet difunda esta información. ¿Acaso propone que los ciudadanos y ciudadanas ya no accedamos a esa información? Finalmente, en entrevistas y en un reciente artículo publicado en el diario El Comercio (24 de mayo de 2015), critica duramente las propuestas que en diferentes espacios se vienen construyendo y apuntan a transitar del actual modelo de extracción a uno que sea más sensato y equilibrado. Termina el artículo con un párrafo que por supuesto nosotros suscribimos: “Apostemos a un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y su potencial y concertemos una visión de bienestar y prosperidad para todos los peruanos”.
El tema es cómo. ¿Qué propone el ministro para lograr esa gran meta? ¿Las políticas de su gobierno? ¿La Ley 30230? ¿Las que propone la Sociedad Nacional de Minería y la Confiep?
Precisamente, los que hablamos de transiciones intentamos apostar por un aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales para el beneficio de todos los peruanos y peruanas. El reto es precisar cómo nos imaginamos, por ejemplo, la minería para los próximos 30 años. Y esa minería no puede ser la que hemos visto y la que algunos han padecido en las últimas dos décadas. Para los que reconocemos que la minería es una actividad importante y lo seguirá siendo, el reto es transitar a un escenario distinto y no seguir defendiendo absurdamente las actuales reglas de juego y ver cómo se desmantela lo poco que se había avanzado en materia ambiental.
Pero el otro gran problema es que el artículo no solamente lo suscribe el Ministro del Ambiente del Perú, sino también el presidente de la COP (Conferencia de la Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático). El ministro sabe perfectamente que para  impedir una elevación de la temperatura del planeta por encima de los dos grados centígrados, no se debería tocar el 70% de las reservas probadas de gas, petróleo y otros combustibles fósiles. Ni una palabra sobre eso. 
El propio Rajendra Pachauri, director del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), afirmó en la conferencia inaugural de la COP 20 en Lima, que “Si no se cambia el modelo, los riesgos son la escasez de alimentos y de agua, el desplazamiento de la población y grandes conflictos”. “Para impedir que la temperatura global se incremente en dos grados centígrados, las emisiones de gases de efecto invernadero deben reducirse entre 40 y 70% al 2050 y eliminarse casi en su totalidad  el 2100”.
Esto es realidad pura y dura y para nada bucólica. Data dura como exige el ministro. Lo anacrónico es seguir defendiendo un modelo que nos lleva directo y sin escalas a los riesgos que anuncia Pachauri, premio nobel 2007 con el IPCC.  El cambio climático nos pasa factura desde ahora. Más data dura: un estudio hecho para el Banco Central de Reserva del Perú calcula que para el 2030 se proyectan  pérdidas equivalentes al 6,3% y al 2015 de más del 20%.
Algunos pretenden seguir manejando la economía como si estuviéramos en la década del 50 del siglo pasado. Para evitar lo que se nos viene es urgente mitigar y adaptar, y para ello se necesita una férrea voluntad política, algo que no se ve en el país. Adaptar, por ejemplo, significa ajustar los sistemas humanos y naturales frente a entornos nuevos o cambiantes; la adaptación implica modificar consecuentemente el comportamiento, los medios de vida, también la producción, la infraestructura, las leyes, políticas e instituciones en respuesta a los eventos climáticos ya experimentados y los esperados. En suma, significa transitar a un escenario distinto.

De eso se tratan las transiciones y la necesidad de pensar un modelo de extracción equilibrado y sensato. Como señala el economista Alberto Acosta, el gran reto para todo el planeta y para países como el Perú se sintetiza en cómo procesar democráticamente una nueva forma de organizar la economía, reconociendo los límites de la Naturaleza y asegurando una vida digna para todos los habitantes del planeta. Sigamos debatiendo ministro.

 "FACULTADES EXTRAORDINARIAS"
La columna de César Hildebrandt publicada el viernes 15 de mayo en Hildebrandt en sus trece y titulada "FACULTADES EXTRAORDINARIAS": "Yo le daría facultades extraordinarias al gobierno. Pero no puedo. No soy Dios. No soy mago. Soy un mortal criollo.
Le daría facultades extraordinarias para que piense en lo esencial. ¿Qué es lo esencial en este caso?
Lo esencial es recordar el origen de este régimen que surgió del descontento popular respecto de los partidos tradicionales y los hábitos de la política nativa. La gente quería un líder centrista que le devolviera a la democracia la legitimidad social que había perdido en manos de la plutocracia omnívora que padecemos. El pueblo quería un caudillo que, sin arrasar con derechos ajenos, le diera al Estado la naturaleza arbitral y promotora que tiene que tener para llamarse tal. Entonces –¿recuerdan?– vino Humala y dijo: “Ese hombre soy yo, confíen en mí”. El pueblo le creyó.
Todo viene de allí. Todas las carreteras tomadas, los muertos por bala, las pedradas salvajes, las iras vociferantes, todo procede de ese contrato social roto, de ese fraude, de esa manera infame de entender la política.
Humala es un gerente del continuismo. Y la derecha le ha hecho creer a la masiva ignorancia que el modelo neoliberal, impuesto a patadas tanto en Chile como en Perú, es verdad sacra y evangelio salido de una zarza ardiendo.
Humala permitió que ese modelo no sólo continuara sino que se agudizara. Y está convencido de que sus programas sociales –limosnas diversas, premios consuelo– lo convierten en un gobernante distinto.
No, señor Humala. Usted no es distinto. Usted es peor. Porque nadie esperaba algo original de Toledo o de García. Usted, en cambio, era la opción viviente de las novedades que traerían vientos frescos. Por ejemplo: revisión de algunos TLC, fomento de la agricultura, diversificación industrial, inversión en tecnología e investigación, aumento histórico del presupuesto para Educación (no el mísero 3,5% del que usted se jacta), impuestos a las sobreganancias mineras, negociaciones para romper el blindaje de algunos contratos firmados por el fujimorismo, fortalecimiento del ministerio del Ambiente... ¿Sigo, señor Humala? No creo que sea necesario. Usted recuerda todo eso porque todo eso está en la memoria de quienes escucharon, a comienzos del 2011, que usted daría la vida por cambiar, para bien, el país. Usted juró que jamás defraudaría al pueblo que llenaba las plazas y vitoreaba su nombre. Ese espíritu de transformación está presente inclusive en la Hoja de Ruta que los Vargas Llosa le obligaron a firmar.
Sabemos qué ocurrió después. Usted, como el mariscal Cáceres cuando gobernó, se olvidó de los suyos y le entregó el gobierno a quienes habían perdido la elección. Con ellos, con los derrotados camaleónicos de siempre, ha hecho usted este gobierno afantasmado, derechista y mediocre. Pero hago mal en compararlo con Cáceres. Él hizo un gobierno malo pero fue el héroe indiscutible de la resistencia ante el invasor. En cambio, su heroísmo, señor Humala, consistió en negar, cuando las papas quemaban, el evidente apoyo que le había dado a su hermano en el “Andahuaylazo”. Su heroísmo venía de Madre Mía y pasó por el histrionismo de Locumba. Su heroísmo lo ascendió a puestos diplomáticos en París y Seúl. Y su heroísmo actual es el de aceptar la burla de Chile en el tema del espionaje y callar respecto del triángulo terrestre mientras el ejército que usted comanda, señor Humala, quiere venderle a capitales chilenos dedicados a las tiendas por departamentos otros 30.000 metros cuadrados de una instalación oficial.
Lo que está pasando en Tía María es también obra suya, señor Humala. Es hora de que vaya allí y les diga a los agricultores de Cocachacra la verdad: que las promesas del 2011 se las ha llevado el viento, que hay que ser realistas, que somos un país minero, que se atengan a las consecuencias si no ceden. Pero dígalo usted. No siga mandando a sus ministros ni a la policía contratada por la Southern".

lunes, mayo 25, 2015

Estado peruano desconoce sus obligaciones internacionales al expresar que no ejecutará medida cautelar de la CIDH otorgada a Gregorio Santos

No acato pues

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que aspira a obtener soluciones razonables y en los mejores términos, a las quejas que sobre derechos humanos hacen los ciudadanos y las organizaciones civiles de los países miembros, luego de investigar los hechos denunciados y antes de trasladar cualquier caso a la Corte de Cosa Rica.
El Estado peruano ha sido emplazado a otorgarle garantías al encarcelado gobernador regional electo de Cajamarca, Gregorio Santos, las que fueron violadas desde el primer momento al decretársele, en junio del 2014, prisión preventiva por 14 meses, sin que se cumplieran los requisitos de ley y con el claro propósito de afectar su candidatura para la región, que finalmente se impuso aún encontrándose en prisión.
Santos fue enviado además a una cárcel de máxima seguridad, exclusivamente con un sentido de profundizar su castigo, a pesar de no haber sido aún procesado y debiendo presumirse su inocencia. El contraste con otros personajes del poder que cargan con acusaciones de graves delitos de corrupción y contra los derechos humanos es más que evidente.
El hecho es que la Comisión Interamericana encontró además una serie de actos de provocación dentro de la prisión, destinados a hacerle más difícil la vida al detenido, algunos de los cuales podrían implicar riesgos para su vida, como es el obligarlo a una convivencia con enemigos políticos y condenados por delitos de lesa humanidad.
Producida una Resolución de la Comisión, lo que corresponde normalmente es que los gobiernos busquen demostrar que dan solución a los problemas señalados, permitiendo constataciones en situ, sobre las mejoras producidas en la situación existente.
Pero en el Perú de Humala, no el de Fujimori, el ministro de Justicia y Derechos Humanos ha contestado que no acatará porque, según su versión, Gregorio Santos no corre ningún peligro.
Más aún, que el gobierno considera impertinente que la CIDH se haya pronunciado sobre el caso Santos, cuando se trataría de uno de los líderes del “movimiento antiminero” y se mantiene un estado de agitación y protesta en la provincia de Islay, a casi dos mil kilómetros de Cajamarca.
Obviamente al decir esto el ministro está reconociendo una razón política detrás del ensañamiento contra el dirigente regional y campesino. Lo que hace además pensar sobre los exabruptos del ministro que acusó sin antes informarse, a una jueza de recibir coimas en una cuenta bancaria (¡), en Arequipa, y se apersonó a esa región para presionar a los jueces.
El “no acato pues”, con que el gobierno ha respondido a la CIDH, debe verse, más allá del caso Santos, como una clara amenaza de que las normas de protección internacional están pasando de la condición de procedimientos obligatorios, correspondientes a tratados internacionales, a resoluciones muertas que el gobierno puede mandar a volar, en desmedro de los derechos de sus propios ciudadanos.
http://diariouno.pe/columna/no-acato-pues/

Estado peruano desconoce sus obligaciones internacionales al expresar que no ejecutará medida cautelar de la CIDH otorgada a Gregorio Santos

-Pese a que la CIDH otorgó una medida cautelar al líder rondero Gregorio Santos, pues considera que se dan las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad, el Ministerio de Justicia señaló que esta medida carece de fundamento legal. -El Estado pasó por alto que Gregorio Santos Guerrero viene siendo perseguido desde que asumió el liderazgo de las manifestaciones en contra del megaproyecto minero Conga, y ha sido enviado a un penal de máxima seguridad bajo el régimen más gravoso, con los presos condenados por los peores crímenes, como una suerte de “condena anticipada”. -A través de una comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia desinformó a los medios de comunicación al señalar que la CIDH no está facultada por la Convención [Interamericana sobre derechos humanos] para emitir este tipo de medidas cautelares y desconoce su obligación internacional al expresar que no cumplirá la MC-530-2014, otorgada a favor de Gregorio Santos. -El Estado nunca ha tenido en cuenta la condición de comunero rondero de Gregorio Santos, a quien se aplican los derechos indígenas; la presunción de inocencia, de la que goza porque es procesado y no condenado; y las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos.

IIDS/21 de mayo, 2015.- Desde la tarde del martes 19 de mayo, diferentes representantes del Estado han venido señalando que no ejecutarán la Medida Cautelar otorgada por la CIDH al líder rondero Gregorio Santos (Resolución Nº 18/2015 de fecha 14 de mayo de 2015), pues, según ellos, ésta carece de fundamento legal. Más aún, en un comunicado de prensa, el Ministerio de Justicia (MINJUS) manifestó que “el Gobierno peruano no se siente en la obligación legal de cumplirla y no lo hará.” ¿Qué tan ciertas son estas declaraciones que, casualmente, han venido siendo difundidas en casi todos los medios nacionales sin tomar en cuenta los argumentos por los cuales la CIDH ha emitido esta resolución? La historia se vuelve a repetir. Al igual que cuando fue conocida la medida cautelar otorgada por la CIDH a líderes/as ronderos en caso Conga (MC-452-71), el Estado pretende desinformar sobre la medida cautelar otorgada a Gregorio Santos y no cumplir una obligación internacional.
La medida cautelar no carece de fundamento legal.- Es totalmente inadecuada la afirmación dada por el Ministerio de Justicia en la que se señala que la medida cautelar es improcedente pues carece de fundamento legal. ¿La razón? La CIDH es una entidad plenamente competente para proteger de manera inmediata derechos humanos que de otra manera continuarían siendo violentados, como es el caso de Gregorio Santos. Así, la función que tiene la CIDH para otorgar medidas cautelares emana de los amplios poderes de la Carta de la OEA (artículo 106), el Estatuto de la CIDH (artículo 18) y de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (artículo 13). En este caso, a pesar de las diferentes solicitudes, cartas y demandas presentadas por el líder rondero, sus familiares y representantes legales, el Estado se ha rehusado a reconocerle sus derechos indígenas y, por ende, brindarle condiciones de detención adecuadas dada su condición.
https://alertanetiids.lamula.pe/2015/05/21/estado-peruano-desconoce-sus-obligaciones-internacionales-al-expresar-que-no-ejecutara-la-medida-cautelar-de-la-cidh-otorgada-a-gregorio-santos/alertanet/

 

viernes, mayo 22, 2015

¿La tía no va o ya fue?

Por: Sinesio López Jiménez

Si las encuestas miden la correlación social y política de fuerzas, entonces Tía María no va porque ya fue (para decirlo en el lenguaje de los jóvenes). La encuesta urbana de Ipsos (del 12-15 de mayo) muestra un empate técnico en el nivel nacional entre los que están a favor del proyecto y los que se oponen (si se toma como base los que están informados sobre el tema: 51%). En las regiones del sur la oposición sube a 54% y los simpatizantes bajan a 38%.  Es probable que si la encuesta se hubiera extendido al área rural la oposición habría sido mayor. Hay que recordar que Conga quedó cancelado cuando más del 70% de los cajamarquinos expresó su oposición a ese proyecto.

La medida de suspensión acordada por la empresa y el gobierno (y postulada por Keiko Fujimori, PPK y Toledo y susurrada por la CONFIEP) se coloca en el medio entre el apoyo y la oposición. La medida como es obvio, irrita a quienes quieren imponer el proyecto a como dé lugar y los que quieren cancelarlo. Los primeros tienen el poder mediático y son los más aguerridos y chillones. Quieren que el gobierno declare el Estado de emergencia para aplicar el proyecto aunque el costo sean los muertos, heridos y los encarcelamientos de los opositores. La derecha social y política (quizás por razones electorales) está de acuerdo con la suspensión temporal del proyecto, pero la derecha mediática está visceralmente en contra.

Los opositores al proyecto son la mayoría de los pobladores de Islay, de Arequipa y de las regiones del sur y las izquierdas. Estas combaten a Tía María como antes a Conga en defensa de la agricultura, del medio ambiente y de la salud de la población, pero negocian abiertamente con otras empresas mineras mejores condiciones para la población. Su lucha contra la minería es relativa, en unos casos de oposición y en otros de negociación, dependiendo su posición política de la demanda social de la gente. Las izquierdas no inventan el malestar de la población. Es un error conceptual y práctico pensar que las izquierdas inventan los conflictos mineros y que la gente de las zonas mineras es idiota y manipulable.

Todas las derechas (sociales, políticas y mediáticas) comparten esta visión estereotipada de las izquierdas, como probablemente estas tienen la misma visión de las derechas. Debajo de estas visiones estereotipadas existe, sin embargo, un conflicto social real entre las empresas mineras y los pobladores de diversa naturaleza e intensidad. Todo esto explica que la forma de conflicto sociopolítico en el campo de la explotación de los recursos naturales sea la confrontación,  que sea muy difícil el diálogo y que el recurso político más fácil sea la declaración del Estado de emergencia que aplasta las libertades de la gente en nombre de la libertad y del derecho. 

El comportamiento del Estado y de todos los gobiernos en el conflicto minero ha sido y es lamentable. En lugar de morigerarlo, lo han potenciado porque asumen la representación de las empresas mineras, negocian en nombre de ellas con la población, ponen todo el aparato estatal a su servicio (EIA, consulta previa, autorizaciones de funcionamientos, etc) y a eso le ponen el nombre rimbombante de Estado de Derecho. Este merece un análisis especial.

http://larepublica.pe/impresa/opinion/1628-la-tia-no-va-o-ya-fue



Más allá del perro del hortelano
Es conocido que en el 2011 el Estudio de Impacto Ambiental de Tía María tuvo 138 observaciones de UNOPS (Naciones Unidas), lo que postergó el proyecto. En agosto del 2014, el Ministerio de Energía y Minas aprueba el nuevo EIA de Tía María, afirmando que se habían levantado las observaciones de UNOPS del 2011 (1).

Este hecho es parte de una serie de problemas que llevan a la crisis actual. Veamos. No se entiende por qué el MINEM no pidió nueva opinión de UNOPS. Cierto, no lo obliga la ley vigente, pero sabiendo que el gobierno no tiene credibilidad con la población, esa opinión era clave. Hasta el ministro de Agricultura, Manuel Benites, lo propuso (Correo Arequipa, 21/3/15). Pero no.

Perú es uno de los pocos países donde el ministerio de un sector promueve las inversiones y aprueba los EIA. Es obvio el conflicto de intereses. En Chile el Servicio de Evaluación Ambiental aprueba los EIA, incluido minería y petróleo. En Ecuador es el Ministerio del Ambiente. En Colombia es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en México es la Secretaría Nacional del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Lo mismo sucede, claro está, en EEUU, Canadá, la Unión Europea y Japón. 

Si bien ya se ha creado el SENACE para que apruebe los EIA, eso no sucede con los de minas y petróleo, que siguen en el MINEM. Ahora bien, está previsto que los EIA de minas y petróleo desde el II T del 2015 vayan al SENACE (¿será?). Pero muy tarde para Tía María.

¿Por qué no estamos a la altura del nivel mundial de transparencia en los EIA mineros? ¿Por qué sí se quiere “algo” de lo que manda la OCDE, pero no en medio ambiente ? La respuesta: porque los lobbies son muy fuertes y saben que el modelo económico depende de ellos. Y en eso coinciden con las principales autoridades del país.

Para ello necesitan, por ejemplo, que las inversiones mineras puedan realizarse en cualquier parte. Pero eso choca con el Proceso de Ordenamiento Territorial, que comenzó hace más de 10 años (DS-087-2004-PCM), que busca determinar cuáles son las actividades que pueden desarrollarse en el territorio, como sucede en casi todo el mundo.

De ahí sale también la llamada Zonificación Ecológica y Económica (ZEE), que establecería criterios para las inversiones: a) uso recomendable; b) uso recomendable con restricciones, y c) uso no recomendable. Este proceso es responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Su ley de creación dice: “El MINAM establece la política, los criterios, las herramientas y los procedimientos de carácter general para el ordenamiento territorial nacional en coordinación con las entidades correspondientes y conducir su proceso” (DL 1038, Art., 7).
                                    
Pero el MEF se opone. Por eso, uno de sus últimos “paquetes reactivadores”, la Ley 30230, dice: “La Política Nacional de Ordenamiento Territorial es aprobada por Decreto Supremo, refrendado por el Presidente del Concejo de Ministros y con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Ni la ZEE ni el Ordenamiento Territorial asignan usos ni exclusiones de uso” (Art. 22).

Muertos tres pájaros de un solo tiro. Chau el Art. 7 del DL 1038 que le daba la conducción al MINAM. Chau al Ordenamiento Territorial y chau a la ZEE. No tenemos espacio aquí para hablar de los Arts. 37, 38 y 30 de la misma ley que, según algunos analistas, afectan las propiedades indígenas pues podrían ser expropiadas para realizar las inversiones.

También se afectan las Zonas Reservadas (Ley 30230, Art. 20), se recortan las atribuciones fiscalizadoras de la OEFA y el Proyecto de Ley 3941 (que está al voto en el Congreso), cambia las reglas de los EIA y afecta en materia de tierras y territorio a los pueblos indígenas, entre otros. Y hay mucho más (2).

La ofensiva expuesta se explica por el pánico del MEF. Una economía exportadora principalmente de productos primarios crece cuando su valor exportado aumenta año a año, generando cada vez mayores ingresos de divisas y tributos, a la vez que “jala” al resto de los sectores económicos, directa o indirectamente. En los últimos años, este aumento del valor exportado se debió a un “círculo virtuoso”: crecían los precios internacionales y, también, la cantidad de toneladas exportadas.

Cuando caen los precios comienzan los problemas. Una de las principales alternativas, entonces –para los partidarios de ese modelo–, radica en aumentar la producción para compensar la caída de precios. Dicho de otra manera: como ya no aumentan los precios (1), hay que hacer todo lo posible para que aumenten los volúmenes de producción exportados.
 
Esto es lo que nos está llevando mucho más allá de los paquetes del perro del hortelano del 2008, que desembocaron en el ‘baguazo’. Todos estamos prevenidos. La inversión minera y petrolera es bienvenida si es que cuenta con licencia fiscal, social y ambiental. Y el gobierno debiera avanzar en la diversificación productiva para que no dependamos de las materias primas.
 
Pero el MEF no se detiene ante nada para “atraer la inversión sí o sí, lo que agravará los conflictos existentes y los que están por venir. Esto no pinta bien.

(1)  Verlo en:
 http://www.minem.gob.pe/_detallenoticia.php?idSector=4&idTitular=6724
(2)  Ver todos los paquetes en:
(3)  http://propuestas.adexperu.org.pe/index.php/paquetes

martes, mayo 19, 2015

Tía María: fojas cero

Por Claudia Cisneros
“Ningún interés político, ni empresarial, puede estar por encima de la vida y la paz…”.  Frase simple pero, en su significado, abarcante, totalizadora. Lástima que la haya dicho el presidente de la Southern y no el presidente de la República. Lástima porque eso es lo que más se esperaba y exigía al mandatario. La vida de ciudadanos y policías por encima del lucro. Lástima que en voz de la empresa esa potente frase suena a sus detractores hueca, a fórmula de estrategia comunicacional. 
Saben que si la empresa llama a 60 días de pausa “por la paz y la vida”, es porque el proyecto es hoy empresarialmente inviable. Lástima porque el presidente del Perú perdió la oportunidad estelar de darle a la presidencia el estatus de estratega y liderazgo que su ocupación le ha quitado. Declarar unilateralmente la suspensión del proyecto era un riesgo jurídico, pero un liderazgo nacional mandaba a que lograra de mutuo acuerdo con la empresa la inexorable suspensión.
No hay forma de que Southern pueda trabajar en la zona con la mitad de gente en contra. Y eso ha sido responsabilidad del gobierno y de la empresa. No olvidemos que fue Southern la que presentó en 2011 un fraudulento EIA. El organismo independiente que lo revisó, la UNOPS, hizo 138 observaciones que dejaban claro que el lugar se ponía en riesgo. Si Humala tuviera mejores asesores políticos, y no solo escuchara a los abogados y economistas, hubiera caído en la cuenta de que pudo haber hecho la misma defensa del Estado de Derecho y el cumplimiento de contratos pero poniendo por delante la vida humana y anunciando que el gobierno había logrado en acuerdo con la empresa la suspensión. Cosa que luego la empresa no tuvo empacho en anunciar. Si lo que se quería era evitar que otros inversionistas se asustaran, el resultado fue el mismo.
Es cierto que el ejercicio de poder no debe transmitir debilidad. Y capitular ante los detractores podía ser visto como pérdida de poder. Tanto como capitular ante la empresa. Por eso se entiende que el gobierno haya elegido la imposición de la fuerza. Sin que por ello se justifique la represión violenta. Más aún si en este caso la suspensión del proyecto no es consecuencia esencial de la violencia brutal de algunos detractores, sino consecuencia del yerro de cálculo de gobierno y empresa para aceptar que el proyecto jamás vería luz de manera tramposa y prepotente. Y porque la oposición sostenida se sustenta en temores reales y concretos que ni empresa ni gobierno han sabido, querido o podido conjurar. 
Pero eso ahora es agua bajo el río. Humala es caso perdido y tendremos que cruzar los dedos de acá al año que queda para que sus carencias no nos sigan costando vidas y dinero. Ahora lo que importa es que los opositores al proyecto conduzcan sus justos reclamos de manera exclusivamente pacífica y con inteligencia política. La victoria está servida si saben aprovechar esta tregua para hacerse escuchar y entender en toda la dimensión de sus preocupaciones por el agro, la contaminación y el futuro de sus tierras. Los agitadores y extremistas que, infiltrándose en estos justos reclamos, han atacado con violencia a policías o ciudadanos deben ser detenidos, extirpados y procesados. 
Ahora más que nunca es indispensable que se escuche al pueblo, a los agricultores, a todos los impactados en un proyecto de inversión social tan importante como Tía María. La licencia social no es una frase de ciencia política, es una condición no escrita en las leyes pero tan concreta y determinante como cualquiera. La empresa tiene que hacerse cargo de sus conocidos pasivos. No es lo mismo iniciar una relación dando el beneficio de la duda a alguien nuevo que a alguien de conocidos antecedentes de contaminación y mentiras. 
No solo en el Perú la Southern Copper Corporation ha tenido gravísimas responsabilidades ambientales (http://bit.ly/1Pp0ID2) que le han valido más de 10 altas multas: contaminó la bahía de Ite en Tacna durante 36 años. En Ilo emitió más de cuatro veces y medio el límite de dióxido de azufre permitido. Contaminó la irrigación “Pampa Sitana” en Tacna. Mina de Toquepala puso en riesgo lagunas de Candarave en Tacna. También en el extranjero: en 2014 protagonizó el más grande desastre ambiental de México. Derramó 40,000m3 de sulfato de cobre y ácido sulfúrico envenenando el consumo de agua de 7 pueblos mexicanos en el estado de Sonora. Se rehusó a pagar la multa de US$ 1’500,000. En 2006 murieron 65 mineros por una explosión en la mina Pasta de Conchos en Coahuila, México, por negligencia en las condiciones de seguridad. Y en 2008 una de sus compañías, Asarco, fue enjuiciada en EEUU.
Tampoco hay que olvidar que el propio gobierno peruano intentó esconder el informe de UNOPS que cuestionaba el EIA presentado por Southern (http://bit.ly/1IGMvfa). Es hora de que el Estado se ponga en los zapatos de los habitantes que sienten amenazado su futuro y viabilidad por el dudoso socio en inversiones que ha elegido y por su propio accionar parcializado. No puede obviarse un asunto tan fundamental como la confianza, y cualquier cosa que se intente para echar a andar el proyecto tendrá que pasar por ella. No como si se alimentara un capricho sino como una básica necesidad para la interacción y los acuerdos. Es hora de hacer recuento de daños de todos los flancos, de aprovechar la tregua para escucharse y entenderse. Es hora de avanzar estando quietos.



lunes, mayo 18, 2015

Minera Yanacocha: 02 de junio 15 años del derrame de mercurio


Empresas mineras solo pagan 3 dólares por hectárea concesionada


Para la congresista Natalie Condori se necesita una reforma en la ley general de minería que permita mayor participación y control del Estado sobre el manejo de los recursos minerales.

Para la congresista Natalie Condori se necesita una reforma en la ley general de minería que permita mayor participación y control del Estado sobre el manejo de los recursos minerales para evitar problemas como los suscitados con el proyecto Tía María en la provincia Islay.
Criticó que las mineras sólo paguen US $ 3 por hectárea concesionada, cuando éstas luego ganarán millones por la extracción del mineral.
PROPUESTA
Señala que su bancada Dignidad y Democracia presentó una propuesta legislativa, la cual está en la comisión de Energía y Minas para su debate, donde se pide mayor intervención del Estado en los proyectos.
Considera que las mineras deben pagar un mayor monto por el terreno concesionado. Recordó que en la región el 75% de los terrenos han sido concesionados a mineras.
Además, espera que se implemente tecnología en los controles aduaneros para determinar todo el mineral que es exportado, ya que sólo pagan por aquel que han solicitado concesión y no los agregados que puedan salir en la explotación.
NO AVALA
Para la legisladora no es suficiente la suspensión por 60 días del proyecto Tía María por la minera Southern Peru sino que debe haber un cambio en las leyes para un mejor trabajo con un diálogo real entre las partes involucradas.
Dijo que esta falta de información llevó a la desconfianza de la población y generó los problemas.
“Tía María es un reflejo que la actuales condiciones son insostenibles, da vergüenza que el presidente Ollanta Humala suplique a la minera para que salga”, anotó.
http://diariocorreo.pe/edicion/tacna/empresas-mineras-solo-pagan-3-dolares-por-hectarea-concesionada-587858/

Tía María: las razones de las protestas por el Valle de Tambo

'Punto final' entró al foco de la violencia para conocer de muy cerca las razones que han levantado a todo un pueblo en contra del proyecto minero Tía María.

Según el reportaje, los campesinos temen que las actividades de Southern Perú se extienda con la explotación de oro y lleguen a utilizar las aguas del río Tambo. 


domingo, mayo 17, 2015

EXITOSO II ENCUENTRO EN DEFENSA DEL AGUA DE LA CUENCA DEL JEQUETEPEQUE









El Sabado 16 del presente se desarrolló el II Encuentro de la defensa del agua de la Cuenca del Jequetepèque en la municipalidad distrital de Guadalupe organizado por el Comité Interinstitucional para la Conservación y Turismo Lagunas Alto Perú y Anexos y El Comité Central de Defensa  y Desarrollo de la Cuenca del Jequetepeque.

Se contó con representantes de Piura, Chiclayo, Trujillo, Pacasmayo, Cajamarca, Chepén y otros lugares. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Sr. Wander Mora Costilla, alcalde distrital de Guadalupe, manifestando su alegría por haber designado a este humilde lugar, la realización de un gran evento  en defensa de la vida que es el agua, del cual estamos comprometidos en defender nuestra casa donde hemos nacido.
Los expositores, de primer nivel, empapados de la cruda realidad que atraviesa la cabecera de cuenca del Jequetepeque, expusieron al selecto auditorio los problemas del agua y sus repercusiones en contra de la vida de flora y fauna que vienen ocasionando las empresas mineras que operan en la zona:
El Alemán, Ing. Reinhard Seifer, Ex Pdte. Del Frente de Defensa de Cajamarca, mostró con libro y documentos, la forma tan irresponsable como opera la minera yanacocha, utilizando productos químicos mortales para la vida de flora y fauna, eso no se acepta en ningún lugar del mundo y responsabilizó a los gobernates de turno.
La Dra. Nelly Ledesma Raraz, asesora legal de la defensa de las 284 Lagunas de Alto Perú y Pozo Seco de la Provincia de San Pablo, explicó que la demanda realizada por la minera a la municipalidad provincial de San Pablo, no tiene pies ni cabeza,  porque no hay sustento legal ni técnico que demuestren sobre los supuestos abusos a la libertad de trabajo, de industria y por eso la justicia nos está dando toda la razón en mérito a la legislación vigente y ahora solo nos toca que el Tribunal Constitucional resuelva favorable  la queja que ha formulado la minera.
El Mg. Sergio Sánchez Ibañes, Grte de RENAMA del Gobierno Regional de Cajamarca, con su exposición magistral, sí que desnudó la forma tan irresponsable del gobierno centrales como entrega las tierras   para actividad minera. Cajamarca es un departamento cuyos habitantes son agricultores y ganaderos más del 80% . Demostró que la represa San José, inaugurada por Alan Garcia Pèrez, ex Pdte. Del Perú, es un elefante blanco y de esta clase de represas quieren cambiar nuestra lagunas y con el cuento que los habitantes de la zona  van a recibir más agua de la que tenían, ya nos han engañado más de 22 años y quieren que los Cajamarquinos sigamos creyéndoles, eso no es así, sentenció.
El dirigente y actual consejero por Bambamarca, Manuel Ramos Campos, explico, el comportamiento y la foram salvaje que utiliza la minera yanacocha para apoderarse de las lagunas para destruirlas, pero ya los habitantes de la zona estamos prevenidos y no permitiremos que lo toquen nuestra fuentes hídricas y pidió solidaridad con los hermanos del Valle el Tambo de Arequipa y saludo a la justicia internacional por la resolución cautelar para el líder, Gregorio Santos Guerrero, preso en Piedras gordas.

Finalmente, la Srta. María Gracia Campos Veintemilla, regidora de la municipalidad provincial de Chepén en representación  del Dr. Nelson Kcomt Che, clausuró el evento, instando que el 06 de Junio todos los habitantes de la Cuenca baja del Jequetepeque tenemos que estar presentes en el lugar donde nace nuestro vida que es el agua.

NO HAY PRESIDENTE


Por Alan Farlie.

Gran expectativa por un mensaje que debería definir  explícitamente o la suspensión del proyecto o el estado de emergencia .Leyendo como autómata, la imagen de un espectro respecto al que fue, como secuestrado rendido que lee el libreto que le ponen y lo peor es que parece creerlo. Libreto con varias falacias, además. Comentemos algunas:
1)    El gobierno ha promovido el respeto al medio ambiente y desarrollo sostenible
Falso. El gobierno no solo ha sido continuista, sino que inclusive ha profundizado la política del “perro del hortelano”. Reduciendo estándares laborales y ambientales, pidiendo limosna a las mineras para la OEFA en vez de darle el presupuesto que necesita. Creando un SENACE en el Ministerio del Ambiente que no opera todavía, siendo el Ministerio de Energía juez y parte en la aprobación de los estudios de impacto ambiental. Metiendo de contrabando con el cuento de la reactivación y promoción de la inversión, medidas que favorecen a la gran empresa en desmedro del desarrollo sostenible.
2)    EL gobierno ha promovido la diversificación productiva apoyando la agricultura y el desarrollo regional en armonía con la nueva minería
Falso. Se han perdido nuevamente los excedentes de un ciclo de crecimiento de larga duración basado en los precios altos de las materias primas, sin crear nueva infraestructura, cambio en la inserción internacional del país con exportaciones de valor agregado basado  o no en recursos naturales, sin inversión en investigación y desarrollo ni capital humano. Claro, no es el único, pero si el que iba a impulsar la gran transformación. Políticas que favorecen la apertura importadora que hoy pasa factura, eliminando el único mecanismo de precios de protección de frontera a los productores agrarios nacionales, tolerando el neolatifundio para las grandes empresas exportadoras agroindustriales, afectando la pequeña y mediana agricultura .
Concesionando todo el territorio nacional donde exista mineral o petróleo, n o importando si hay agricultura, comunidades campesinas o selváticas.
Negándose a definir una estrategia de ordenamiento territorial , como tiene todo país que se respeta.
3)           El gobierno no puede suspender el contrato porque las consecuencias internacionales serían terribles.
Falso
Primero, cachoso, dice no se puede suspender porque todavía no hay proyecto (parafraseando a uno de sus conversos ministros). Después le pide a la minera un gesto para una pausa (como ya adelantara la sociedad nacional de minería) de lo  que definió previamente como inexistente
No se han seguido de manera prolija los procedimientos aún en los términos señalados por  la normativa vigente respecto el estudio de impacto ambiental (mecanismos de consulta previa por ejemplo). Hay multas e incumplimientos de la propia empresa que ameritan una sanción. En el caso del audio de las lentejas,  no solo está el abogado intermediario sino quien eventualmente ponía el billete. Se podía suspender hasta que se esclarezcan los hechos con todos los involucrados y no solo le caigan al dirigente.
Hay un conflicto social de proporciones con pérdida de vidas humanas de ambos lados, lo que hace inejecutable el proyecto. Sería bueno que publiquen el contrato para ver si no hay ninguna causal no solo de postergación.
Aún en el escenario que todo esté impecable,  se puede desconocer unilateralmente, y enfrentar un arbitraje internacional. Aún perdiéndolo, el beneficio sería la pacificación no solo de Islay sino de la región. Una sola vida humana no tiene precio.
Los riesgos potenciales están no solo por lo concedido en los TLCS (por eso hay que discutir públicamente el TPP), sino por el trato nacional concedido a la inversión extranjera en la Constitución, eso se puede revisar(caramba, si fue otra de sus promesas incumplidas)
4)    La protección a la inversión extranjera es una política de estado para fomentar el desarrollo
Falso. La Inversión extranjera es bienvenida si cumple los estándares internacionales y respeta las leyes y población lo cales. Pero, es una parte minoritaria d e la inversión total. La promoción de la inversión privada nacional es la que debe constituir una verdadera política de estado, en la industria, la agricultura, servicios, el desarrollo del mercado interno y las exportaciones según corresponda ,sobre todo la pequeña y mediana que es la que da más empleo. Pero, lo más importante es que una empresa extranjera no puede tener prioridad sobre la voluntad de un pueblo y la vida de sus habitantes
4)           El gobierno no cederá al chantaje de minorías violentistas, ni por que piden mayor represión
Falso.
Es un pueblo regional que está movilizado, radicalizado en la protesta que no quiere esa inversión minera, más que una manipulación de los dirigentes es la población la que los ha empujado al frente. Dos meses de huelga, enfrentando la ocupación de las fuerzas policiales y militares, la campaña del gobierno y los poderes fácticos implementados por la prensa concentrada, merecen otra lectura.
No suspende el proyecto pero llama al Poder Judicial y al ministerio público, y los gobiernos regionales y locales a defender el estado de derecho. Eso en teoría está bien, pero en el contexto del discurso, es llamarlos a la represión concertada. O sea, su aparente indefinición, en realidad favorece una mayor escalada del conflicto, con lo que eso significa.
6)    Hacemos un llamado a la empresa para que asuma su responsabilidad en el conflicto y contribuya al desarrollo local
Falso. A la legua se nota la coordinación previa, no solo de ambos discursos, sino de una campaña previa no solo con las declaraciones de gremios empresariales sino de algunos de sus más connotados lobistas, que inclusive postulan a la presidencia. No querían el gobierno aparecer cediendo, y  no se atreve a poner en orden a una empresa extranjera, no quería sentar un precedente. (de pronto aparece un outsider radical en las siguientes elecciones)Una triste pantomima de estadista
7)           Estamos resolviendo los problemas históricos del sur, lo que no se ha hecho en décadas, impulsando proyectos postergados.
FALSO.
EL sur se siente traicionado por las promesas electorales en los grandes proyectos energéticos, infraestructura, productivos, en el fortalecimiento de la macroregión para enfrentar la competencia del vecino del sur. Más suena a intento de quebrar el creciente apoyo del sur, a cambio de promesas de algunos proyectos. Pero, ya nadie le cree nada.
Lo único cierto en esta parte del discurso es  la mención a la laboriosidad, pujanza, el culto al trabajo de los pobladores de esa región. Aunque es un rasgo que caracteriza a la población peruana, y el gobierno  a estas alturas debería saberlo
No hay presidente
Alguien que lee un discurso con tamañas falacias ha perdido sentido de realidad, o está comprometido, presionado o convencido por un proyecto de los poderes fácticos que no es por el que votó el pueblo. Un Jefe de Estado con las características señaladas al comienzo, no solo ha perdido credibilidad, sino crecientemente legitimidad si insiste con el proyecto y las políticas recientes. Ni siquiera puede suspender un proyecto a una empresa extranjera desprestigiada, para evitar el sufrimiento de un pueblo y una masacre. 
Los grupos dominantes deben ser capaces de tener hegemonía en su proyecto político, convenciendo al país que puede beneficiarlo .Cuando esto se pierde, solo queda la dominación por la fuerza. Y, por la historia, sabemos que eso nunca termina bien.

sábado, mayo 16, 2015

CIDH DA RAZÓN A GREGORIO SANTOS GUERRERO Y LE OTORGA MEDIDA CAUTELAR PARA PROTEGER SU VIDA E INTEGRIDAD


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que se dan las condiciones de gravedad, urgencia e irreparabilidad, por lo que ha otorgado una Medida Cautelar a Gregorio Santos Guerrero .-CIDH ha dispuesto que el Estado, en concierto con el beneficiario, adopte las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad y el cumplimiento de los estándares internacionales respecto de las condiciones de detención. -La CIDH ha dado 20 días al Estado peruano para que le informe sobre las medidas adoptadas.

IIDS/15 de mayo de 2015.- Mediante Resolución Nº 18/2015 de fecha 14 de mayo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado la “Medida Cautelar Nº 530-14 Gregorio Santos Guerrero respecto de Perú”. Esta Medida Cautelar (MC) ha sido adoptada por la CIDH al haber evaluado que su vida e integridad corre riesgo grave, urgente e irreparable por las condiciones de prisionización en las que se encuentra. 

La CIDH, luego de evaluar las pruebas presentadas tanto por el solicitante como por el Estado, ha tenido en cuenta que Gregorio Santos Guerrero es un comunero de la Comunidad San Juan de Chirinos y dirigente rondero, y que ha “desempeñado un papel protagónico en la defensa de los derechos humanos de las comunidades de Cajamarca”, habiendo sido elegido presidente del Gobierno Regional de Cajamarca.

Riesgo grave.- Para la CIDH, constituye una situación de riesgo grave que Gregorio Santos, quien nunca ha sido condenado por un hecho violento, sino que es procesado, se encuentre preso por una medida de detención preventiva, en un penal de máxima seguridad como es Piedras Gordas I, en el mismo pabellón que personas condenadas por delitos de lesa humanidad; personas que lo han perseguido en el pasado y que actualmente realizan actos de hostigamiento. Entre ellos, el ex militar Telmo Hurtado, conocido como el “Carnicero de los Andes”, autor confeso de la masacre de comuneros de Accomarca, quien persiguió a Gregorio Santos en Jaén y San Ignacio por ser rondero, al querer imponer la creación de Comités de Autodefensa. Esta persona fue puesta en su misma celda una madrugada y, si bien ya ha sido retirado de ella, sigue en su mismo pabellón. También se encuentran en el mismo pabellón integrantes del “grupo Colina” y otros sentenciados y procesados por narcotráfico; violando además las Reglas Mínimas que obligan a la separación de condenados de procesados, justamente para evitar hostigamientos o amenazas. La CIDH también ha tenido en cuenta que, bajo las condiciones del penal en que se encuentra, Gregorio Santos ha sufrido afecciones estomacales por deshidratación, habiendo tenido que ir un médico particular a verlo.

Urgencia.- Para la CIDH también se da el requisito de urgencia en la medida que, a pesar de que Gregorio Santos viene solicitando desde hace meses que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumpla con las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas, a la fecha, el INPE ha hecho caso omiso de dicha solicitud. El INPE “no ha removido los factores de riesgo”, pues Gregorio Santos continúa recluido en el mismo pabellón donde se encuentran “personas con antecedentes que pueden ponerlo en situación de indefensión.” 

Irreparabilidad.- Para la CIDH se da esta condición en la medida que la posible afectación al derecho a la vida e integridad, es de carácter irreparable.

Medidas dispuestas.- Por las consideraciones indicadas, y otras que explica la Resolución, la CIDH ha otorgado la Medida Cautelar a favor de Gregorio Santos Guerrero y ha dispuesto que el Estado peruano cumpla con informarle en 20 días la adopción de las siguientes medidas:

a) Adopte las medidas necesarias para preservar su vida e integridad personal del señor Gregorio Santos Guerrero;

b) Adopte las medidas necesarias para garantizar que las condiciones de detención sean adecuadas conforme a los estándares internacionales aplicables;

c) Concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; e

d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.

Luego de una primera información sobre las medidas adoptadas, el Estado deberá actualizar dicha información en forma periódica.

La CIDH no se ha pronunciado por otras materias distintas a la vida e integridad, que serán materia de una petición de fondo.

Importancia de la Medida.- Esta es una medida muy importante, pues Gregorio Santos Guerrero viene siendo perseguido desde que asumió el liderazgo de las manifestaciones en contra del megaproyecto minero Conga, y ha sido enviado a un penal de máxima seguridad bajo el régimen más gravoso, con los presos condenados por los peores crímenes, como una suerte de “condena anticipada”. El Estado nunca ha tenido en cuenta su condición de comunero rondero, a quien se aplican los derechos indígenas; la presunción de inocencia, de la que goza porque es procesado y no condenado; y las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. 

Esta Resolución constituye una llamada de atención al INPE, que en la clasificación penitenciaria de Gregorio Santos no tuvo en cuenta las condiciones arriba anotadas, y porque ha hecho caso omiso, por meses, a su solicitud para que se aplique la ley. Igualmente, esta Resolución constituye una llamada de atención a todo el Estado, pues las condiciones de detención no solo son responsabilidad del INPE sino que deben ser supervigiladas por la judicatura, la Defensoría del Pueblo y otras instancias públicas.

Esta Resolución es una buena noticia no solo para Gregorio Santos Guerrero, quien tuvo que recurrir a las vías internacionales por falta de protección interna, sino también para toda persona privada de su libertad de forma arbitraria o abusiva.

Esperamos que las demás instancias estatales, como el Sexto Juzgado de Reos Libres, donde se ventila el hábeas corpus que Gregorio Santos ha interpuesto y que se encuentra paralizado, se active con esta medida y se resuelva a su favor, a fin de que Gregorio Santos sea investigado en libertad y se le otorgue su credencial como Presidente del Gobierno Regional, pues sino será materia de la petición de fondo.

Esperamos igualmente que, en esta ocasión, el Estado cumpla con los plazos que le ha dado la CIDH y no dilate su respuesta, como en el caso de la Medida Cautelar para las comunidades y rondas campesinas afectadas por el megaproyecto Conga.

La defensa de Gregorio Santos ante la CIDH ha sido ejercida por el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS/IILS), a solicitud de las rondas campesinas, dada la condición de comunero rondero del ahora beneficiario.

Enlace a la Medida Cautelar:
http://www.derechoysociedad.org/IIDS/Rondas_Campesinas/CIDH/MC-530-14-Resolucion.pdf

viernes, mayo 15, 2015

MIRTHA VÁSQUEZ RESPONDE A YANACOCHA

RESPUESTA DE LA DRA. MIRTHA VASQUEZ A GERENTE (COMUNICACIONES DE YANACOCHA SOBRE ACUSACIÓN, BAJA Y CUESTIONABLE.
DRA. MIRTHA VASQUEZ: Al parecer, ayer el Gerente de Comunicaciones de Yanacocha escribió esto en su facebook, referente a la familia Chaupe. No puedo aceptar tales aseveraciones graves que hace, increiblemente acusa a la familia de estar desplegando una estrategia para causar conflictos, atribuye esto a un asesoramiento legal (ósea mío), y encima dice que esto dificulta un diálogo. Qué diálogo quieren instaurar, ellos perdieron un proceso y están obligados a cumplir con la ley, eso no se puede negociar. AQUI MI RESPUESTA.
1. La familia Chaupe está asentada y viviendo en un predio denominado Tragadero Grande que tiene 24.8 Has de terreno. Tienen documentos que acreditan que compraron ese predio y que han sido posesionarios reconocidos por la por la propia comunidad desde el año 1994. Uds. solo tienen dos escrituras que acreditan que compraron casi 500 Has. en las cuales no se sabe si el predio en cuestión está comprendidos (eso debería ser motivo de un peritaje), es decir tienen documentos no precisos con los que NO pueden reclamar esa propiedad (entonces deberían ir primero a un juicio civil) .
2) La familia fue acusada por Uds. de haber invadido el predio ilegalmente. En juicio se probó que esto no fue así; así que al absolverlos se reconoce tácitamente el derecho de posesionarios que los mismos tienen en dicho predio. El derecho de posesión genera facultades para desarrollar cualquier actividad que ellos quieran realizar en dicho lugar. Por eso, con todo derecho los mismos pueden trabajar la tierra, pastar, construir o cualquier actividad que quieran realizar.
3) Bajo ningún concepto Uds. ni nadie puede ir al predio ocupado por la familia (que además nunca fue poseído por la empresa) y perturbar su posesión y destruir lo que están haciendo, y no lo pueden hacer porque Uds. ni han acreditado ser propietarios y menos aún son poseedores que son los requisitos que la ley exige para ejercer alguna acción e defensa posesoria. Por eso, están DENUNCIADOS en la Fiscalía de Celendín.
4) La familia tiene cautelares de la CIDH y tiene garantías de la Gobernación que ordenan medidas de protección porqué? porque dichas autoridades han obtenido elementos para determinar que Uds. como empresa están constantemente amenazándolos y perturbando sus derechos. Sería responsable que Uds. tomen en cuenta las decisiones de estas autoridades.
AQUI LO QUE ESCRIBIÓ ROBERTO DEL ÁGUILA: Gerente de Comunicaciones de Yanacocha
Casi nunca escribo en Facebook sobre mi trabajo. Pero la situación que está viviendo el país me preocupa. Por eso voy a contarles lo siguiente:
Hoy, jueves 14 de mayo, la familia Chaupe nuevamente invadió un predio colindante al que está ocupando desde el año 2011, e inició el levantamiento de una pequeña construcción de barro. La familia Chaupe sabe que no debe construir nada en el lugar, pues se encuentra en terrenos que son propiedad de Yanacocha, y sabe que la empresa nuevamente tendrá que retirar esta construcción. Por eso cabe preguntarse por qué la familia Chaupe continúa realizando estas acciones. Dos parecen ser las razones:
1. La familia Chaupe busca crear situaciones de enfrentamiento que puedan generar atención mediática nacional e internacional.
2. La familia Chaupe busca invadir un nuevo predio para que, cuando finalmente se obtenga una resolución de desalojo, pueda argumentar que esa resolución solo se aplica al predio invadido en 2011 y no al predio invadido en 2015.
Estas acciones parecen ser parte de una estrategia legal. De ser cierta, esta actuación sería muy irresponsable, no solo porque se estaría vulnerando sistemáticamente los derechos de la empresa, sino porque también se estaría generando deliberadamente situaciones de confrontación que la empresa desea evitar.
Es evidente que estas acciones dificultan, además, el inicio de un diálogo constructivo que la empresa viene invocando desde hace varios meses.