jueves, abril 30, 2015

El Perú se nos pudre


Por: Claudia Cisneros
¿La clase política y dirigente es tan cínicamente ciega que no se da cuenta de lo que está gestando? ¿De qué sirven las grandes cifras macroeconómicas sin derechos, sin justicia o paz social? ¿De qué sirve un gran proyecto de inversión que ha nacido muerto por la pésima reputación de la empresa que promete lo que la gente sabe que no cumplirá y que el gobierno quiere imponer a balazos?
Y es culpa de los políticos. Es culpa de los angurrientos empresarios. Y es culpa del modelo neoliberal que ha colocado la ganancia, el dinero, el lucro por encima de cualquier cosa y de todo. Por encima de las personas, por encima de los valores, por encima de la calidad y la cualidad. Todo lo que no pueda cuantificarse no sirve, es accesorio o absolutamente secundario cuando no prescindible. Incluyendo las personas, incluyendo la educación de calidad, la cultura, incluyendo el ejercicio de la justicia. Ese modelo todo lo corrompe: el ejercicio de la política,  el ejercicio del control policial y judicial, el ejercicio del libre mercado. El Estado de Derecho y hasta la democracia son prescindibles si obstaculizan la generación de dividendos. Si no sirven para asegurar los dineros de los poderosos y el poder de los adinerados, entonces se atropella, se aplasta o se aniquila.
Lo de Tía María es solo un capítulo más de una historia que se viene repitiendo una y otra vez en los principales conflictos sociales: el empresario angurriento y prepotente; el gobierno presionado (o que se deja presionar) y que se pone del lado de la empresa; la desconfianza de la población por el sesgo habitual del gobierno en su privilegio a la empresa; el paro unos días; el bloqueo luego de la sordera e insensibilidad social del gobierno; la represión, la brutalidad, los detenidos, los heridos y finalmente los muertos. Siempre llegamos a los muertos, a la indignación, a las investigaciones que no llegan a ninguno de los lados a los que realmente tienen que llegar, las responsabilidades políticas y penales de gobernantes y autoridades (como en Bagua).
Es no solo ridículo, como ha dicho Marco Sifuentes (
http://bit.ly/1GvGVwZ), sino desalentador, agotador, suicida, lesivo para el país, para la paz social, para la maldita política. Porque la gente queda cada vez más harta, hastiada y asqueada. Y los gobernantes, ministros, policías, jueces y fiscales cada vez más desprestigiados. Y eso lesiona la misma fibra de la democracia, el tejido mismo de la sociedad. Eso nos está pudriendo por dentro.
Un corrupto policía (que responde a un alto mando ¿policial o empresarial?) ‘sembrando’ a un agricultor con un arma para que un corrupto periodista de planta o a destajo) tome una foto amañada y un corrupto diario (siempre ultraderechoso) la use para criminalizar la protesta, para tildar a los manifestantes que están en contra del proyecto de terroristas. ¿Cuántas veces habrá pasado sin ser registrado en video? ¿Cuántas veces ese y otros medios, la policía, el gobierno, la empresa interesada habrán propiciado, sino pagado, para ejecutar estas despreciables manipulaciones?
¿Hasta dónde quieren? ¿La clase política y dirigente es tan cínicamente ciega que no se da cuenta de lo que está gestando? ¿De qué sirven las grandes cifras macroeconómicas sin derechos, sin justicia o paz social? ¿De qué sirve un gran proyecto de inversión que ha nacido muerto por la pésima reputación de la empresa que promete lo que la gente sabe que no cumplirá y que el gobierno quiere imponer a balazos? ¿De qué sirve el crecimiento del país si un humilde agricultor puede morir asesinado con una bala policial como si su vida fuera prescindible solo por defender su mínimo sustento de vida, sus cultivos que siente amenazados? ¿Es que no se dan cuenta o quizás, me inclino por creer esto, les importa tres carajos? Quizás, y me inclino por pensar esto, a esos empresarios solo les importa hacer dinero aun cuando cueste vidas, paz social, conflicto, atropello, abuso o asesinato. Solo les importa asegurar la mayor ganancia, al menor costo de inversión, a través del poder político en turno. Y al poder político de turno solo le interesa asegurarse la mayor ganancia posible en el poco tiempo asegurado en el cargo. Y en el medio quedamos todos nosotros, a merced de la ambición desmedida por el dinero, por la ganancia a costa de sangre. Están gestando un horrible, terrible, abominable monstruo que nadie, nadie quiere volver a ver. No sean imbéciles.
MERCENARIOS DE LA INFORMACIÓN
INDIGNACIÓN es un término exacto para definir tal acción delincuencial que cometió un efectivo policial en contra del agricultor Antonio Coasaca, sembrado por este mismo con un objeto contundente a vista y paciencia del fotógrafo, quién se prestó para sembrar, culpar y a la vez distorsionar la protesta de Tía María. En este video (https://youtu.be/nmYvtVsEths) podrán observar que el agricultor no llevaba nada en sus manos, antes de que el efectivo policial se acerque.

Los comunicadores tenemos la noble misión de informar, ser lo emisarios en busca de la verdad y no ser convertidos en mercenarios como se pudo apreciar en el video la acción del fotógrafo Julio Angulo Delgado.

El mercenario fotógrafo Julio Angulo Delgado miente en la entrevista que le realizan en La República (http://goo.gl/bkzMge), miente al decir que no mira fijamente al señor Antonio Coasaca y las imágenes hablan por sí sola.

Lamentablemente existen este tipo de periodistas o fotógrafos que arman sus notas de la peor manera, pero a que costo y para quién fue dicha fotografía. Nada más ni nada menos, para el Grupo El Comercio, que dicha publicación se difundió en el emblemático Diario Correo con el titular “La otra cara de la moneda: así atacaron los antimineros” mostrando al agricultor Antonio Coasaca con el objeto sembrado sin mencionar que el nombre en el membrete del efectivo policial es falso para así ocultar su identidad cuando acostumbran cometer abusos contra el pueblo.

Saludo al camarógrafo que difundió tal acto delictivo contra el agricultor Antonio Coasaca y no se prestó para seguir en el juego de la patraña que acostumbra el Grupo El Comercio.

Las imágenes que muestro las capturé de la página web de Canal N que pertenece al grupo El Comercio



miércoles, abril 29, 2015

Convenios secretos

Por Rocío Silva Santisteban

El escándalo de la foto trucha de Antonio Coasaca, agricultor del Valle de Tambo, con un “miguelito” obligado a portar en la mano por un miembro de la Policía Nacional del Perú (cuyo gafete decía Filosofexxx) para la foto incriminatoria de rigor, trae nuevamente a colación el debate sobre los famosos convenios secretos entre la PNP y las empresas extractivas. ¿Por qué, si la acción de ese policía era un delito y los convenios son totalmente legales? Pues porque plantea un tema simple pero importantísimo para la democracia peruana: ¿debe la policía trabajar para los privados recibiendo un sueldo? 
La historia comienza en la época de Fujimori, pero se perfecciona con Mercedes Cabanillas en el Ministerio del Interior, y tiene como fondo la antidemocrática idea de que este Estado precario solvente a su policía alquilándola a las empresas. La idea no parecería tan descabellada si pensamos en aquel policía solitario que cuida la puerta del banco, de la universidad, de una construcción y se gana alguito con este “convenio por servicios extraordinarios complementarios”. Pero cobra otro tipo de tono cuando imaginamos a un contingente de la DINOES, con entrenamiento de élite, solventado por una empresa como Yanacocha, Shahuindo, Xtrata o Gold Fields, con la misión de “intervenir en situaciones especiales cuando la asociación política social haga previsible que podrían afectarse la integridad física de los trabajadores o contratistas de la empresa”. 
En realidad, la PNP no debería de recibir un solo centavo más por hacer su trabajo, pero sus oficiales reciben, según este convenio, 38 soles diarios y los suboficiales 24 soles diarios, ademas de rancho, movilidad y habitación. ¿Por qué estaría mal que una empresa solvente estos gastos? Porque la PNP es del pueblo, está para defenderlo de la criminalidad y no de las empresas para defender su patrimonio. Eso lo hacen los guachimanes. La PNP es la delegada del Estado peruano en el monopolio de la fuerza y no guardianes de las mineras. 
Debido a estos convenios durante la situación de tensión en Espinar en mayo del 2012, la PNP detuvo y llevó al campamento minero a nuestro compañero, el comunicador Jaime Borda de la Vicaría de Sicuani, y a Sergio Huamaní, quienes se encontraban en una camioneta de la Vicaría sin hacer nada, y adentro de las instalaciones de la empresa los enmarrocaron, los golpearon y les dieron tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ergo, los torturaron. Asimismo “sembraron” municiones en la camioneta de la Vicaría para incriminarlos: ¿no suena conocido? Se presentó una denuncia que fue archivada porque no se tenía el “convenio secreto”, esperamos que ahora con un hábeas data se pueda tener esa información de manera oficial y que el Ministerio Público haga su trabajo. En julio del 2012 tuve una conversación con dos altos funcionarios de Xtrata y les pregunté sobre su posición en torno a este delicado tema. Uno de ellos, de nacionalidad argentina, fue lo suficientemente franco y transparente y me dijo: “Nosotros cumplimos con las normas peruanas”. 
Es cierto, la pelota está en la cancha del Estado peruano, específicamente, en el área del Ministerio del Interior. Por eso mismo, desde la CNDDHH hemos presentado numerosas cartas e incluso audiencias públicas ante la CIDH sobre este tema, y personalmente le he planteado esta situación de inequidad a Juan Jiménez Mayor cuando era Premier. ¿La respuesta? Los convenios tienen caducidad y no serán renovados. Entonces, ¿en este momento los gerentes de Xtrata podrían confirmar que no contratan a la PNP como guachimanes? ¿Y la Southern podría afirmar los mismo? 
No nos preocupan solo esos policías que reciben un salario, sino los otros, los que no se encuentran dentro de los convenios, los que reciben una latita de ración diaria como si fueran gatos, los que duermen a la intemperie y hacen todo lo posible por “agradar” a la empresa para que los contrate, incluso, sembrar armas punzocortantes entre los manifestantes.

martes, abril 28, 2015

Territorio Yanacocha: relatos de impunidad

Cajamarca ha sufrido una transformación social con el ingreso de la minería a gran escala: población dividida entre los “pro mineros” y “antimineros”. Desde el 2004 al 2013 se reportan 11 muertes, 282 heridos y más de 300 juicios a defensores ambientales alrededor de conflictos mineros.
Perú es el cuarto país del mundo más mortal  para los defensores ambientales y de la tierra, según el estudio de la organización Global Witness. Al menos 57 activistas fueron asesinados entre 2002 y la actualidad,  la mayoría de estas muertes fue por conflictos relacionados con proyectos de minería. El 56% de los presuntos autores de las muertes fue a manos de los  policías, y el 17% fue esta fuerza de seguridad junto con las fuerzas armadas y el personal de seguridad privada.
Recorremos Cajamarca,  el paso  de Yanacocha deja relatos de familias divididas por las “dádivas” de la empresa para silenciar voces acusativas. Historias de mujeres que han quedado solas, y en la pobreza tras la muerte de sus maridos e hijos. Esta región minera alberga relatos de impunidad, de armas y balas sin dueño. En la tierra de Yanacocha, las protestas son reprimidas, y las muertes caen en el olvido.
La lucha del campesino Isidro Llanos
Sus lágrimas caen a borbotones de sus ojos, y recorren los surcos del anciano rostro. Paula Llanos no puede contener ese llanto ahogado al comenzar a  hablar de su “hermanito”, Isidro. Sus manos, embrutecidas por llevar toda una vida trabajando en el campo, y deformadas, por la artrosis, tratan de secar sus lágrimas.
“La mina, lo mataron a mi hermanito, mi papacito. Él sólo por resguardar esas aguas. Esos delincuentes, esos arrastrados, lo mataron”, se lamenta. Isidro Llanos era un hombre de campo, 58 años dedicados a cultivar sus tierras, y a criar ganado. El 2 de agosto de 2006 lo mataron en Combayo.
El río Azufre parecía condenado a un destino de contaminación. La empresa Yanacocha se instaló en los años noventa en el cerro Carachugo, ahí  se fundió la primera barra doré. En 2006, las intenciones de la empresa de ampliar el proyecto minero  (Carachugo II), movilizaron a la población. “Nuestra población se organizó porque veíamos que los manantiales se secaban, Yanacocha los destruye. La población subió al cerro, y se encontraron cercados por policías que impedían el ingreso. Queríamos ver el agua, y la policía nos dijo que era propiedad privada. Ahí empezó el conflicto, y es ahí donde fue baleado Isidro, un humilde campesino”, relata el alcalde de la localidad, Carlos Alberto Huaripata. En los enfrentamientos participaron miembros de la antigua empresa de seguridad de la minera, FORZA, y la policía.
¿Quién apretó el gatillo de esa arma que arrebató la vida de Isidro Llanos? Nueve años después, no hay ningún culpable. “No hay justicia. La minera como tiene plata a los pobres no nos hace caso”, comenta la sobrina de Isidro, María Benigna Tasilia. En diciembre de 2010 la Corte Superior de Justicia de Cajamarca decidió liberar de cargos a los tres policías supuestamente involucrados, aduciendo no tener pruebas suficientes que los incriminen.  “No tengo quien me mantenga. Mi hermanito me mantenía, me compraba mi comidita. Ahora nadie me da. Soy vieja, ya no puedo hacer nada. Así vivo”, relata Paula Llanos.

“Nueve años después de la muerte de Isidro Llanos, no hay ningún culpable

Vive en una herrumbrosa casa de adobe junto a su familia compuesta por mujeres. Cajamarca es la región más pobre del país, más de la mitad de sus habitantes (53.7%) viven en la pobreza y más del 20%  en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), Enaho 2012.  Las dos niñas juegan animadamente con su hermanita de apenas dos años. Sus risotadas ignoran por un momento la pobreza extrema en la que viven, en la que el 36,1% de los menores de cinco años padecen desnutrición crónica.
María Tasilia se abre paso, entre las gallinas, para visitar la lápida de su tío. Camina descalza entre piedras, tierra y prado. Sus pies son gruesos y agrietados. Paula se arrodilla frente a la lápida y comienza a llorar. Cuando sus lágrimas comienzan a secarse,  y el vacío se apodera del estómago carcomiendo poco a poco, empieza a entonar una triste canción andina, para ella, para su consuelo,  como si de una nana se tratase, se calma. “Mi papacito, mi hermanito…” Poco a poco se apaga,  hundiéndose su cabeza coronada por el tradicional sombrero regional entre sus piernas.
Fuerzas armadas versus policía
El proyecto Conga ha sido el catalizador de la lucha campesina contra Yanacocha en Cajamarca. Entre el 2011 y 2012, 154 personas resultaron heridas y cinco fallecieron, según los registros de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, todos presuntamente por la policía y las fuerzas armadas.
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Las fuerzas armadas no están diseñadas para el control del orden interno, es la policía la que cumple esta función de acuerdo al artículo 166 de la Constitución. Sin embargo, el Decreto 1095, promulgado en 2010, amplió los supuestos establecidos en la carta magna, dejando abierta la posibilidad de que intervengan las fuerzas armadas sin Estado de emergencia. “Este Decreto es considerado como la punta de lanza del andamiaje normativo, que se ha ido expidiendo,  que intenta de alguna manera, criminalizar la protesta, y exonerar de responsabilidad a las fuerzas armadas y policiales”, afirma Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal.
Ante este decreto se interpuso una demanda de inconstitucionalidad que fue admitida por el Tribunal Constitucional, pero aún no se ha resuelto. “De acuerdo con el artículo 137 de la Constitución las Fuerzas Armadas pueden ingresar en situaciones de Estados de sitio o Estado de Emergencia declarados. No obstante, este decreto permite su ingreso en situaciones donde no exista declaración de dichos estados para casos de narcotráfico, terrorismo y protección de instalaciones estratégicas, y, lo más peligroso en situaciones donde la capacidad de la PNP se vea sobrepasada”, señala un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) sobre la demanda.
Una fuente cercana al gobierno, que prefiere mantener en reserva su nombre, afirma que la razón por la que se permitió este supuesto es porque “declarar el estado de emergencia supone un costo político, y los gobiernos no tienen esa disposición de perder puntos”. “Quienes toman la decisión política de que intervengan las fuerzas armadas, deben de saber medir  las consecuencias de dicho acto, porque éstas no están capacitadas para realizar funciones de índole policial”, explica. “Ese es el problema: porque cuando decides sacar a las fuerzas armadas salen con fusil, y si tú eres un muchacho de 18 años que está haciendo su servicio militar y se te viene una turba con palos, piedras. ¿Qué va a hacer? Reacciona y lamentablemente eso es lo que ha provocado varios muertos”, comenta.
El decreto establece que cuando la actuación de las fuerzas armadas en estado de emergencia se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de un grupo o elemento hostil, rigen las normas del derecho internacional humanitario. “El problema de esta norma es que confunde estado de emergencia con conflicto armado”, sentencia Renata Bregaglio, experta en Derechos Humanos del IDEHPUCP. “Cuando se produce una situación de conflicto armado entonces aplica el Derecho Internacional Humanitario, el cual rebaja el nivel de licitud del uso de la fuerza. En el contexto de un conflicto armado, el Derecho Internacional si va a autorizar que en determinados contextos se haga un uso de la fuerza mayor o va aceptar en contextos muy reservados la muerte de una persona. Cajamarca claramente no es un conflicto armado”, comenta Bregaglio.

“Solo entre el 2011 y 2012 cinco personas fallecieron y 154 resultaron heridas”

Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, remarca que  cuando se diera el caso, “cualquier acción de la fuerza armada tiene que estar supeditada a la acción y a la aprobación de quien tiene en sus manos el restablecimiento del orden público que es la policía nacional”. No obstante, lamenta la vaguedad del concepto de “sobrepasado”, considera que debe ser definido, para “no dejar categorías abiertas que sean llenadas arbitrariamente por  quien ejerce en ese momento el poder”. Para el Procurador del Ministerio del Interior, Juan Carlos Portocarrero, en cambio, no ve necesidad de que esté definido. “Eso no puede estar tampoco en la ley, porque te da un marco general. Esos son hechos puntuales que competen a determinadas circunstancias que se tiene que valorar en su momento”.
Juan Carlos Eguren, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, apela a la necesidad del “orden, autoridad y legalidad para tener un sistema democrático, estable y confiable”, pues de lo contrario, “viviríamos en una anarquía”.  Añade además que “no hay una preocupación particular en el Congreso en el tema normativo, sino al contrario, hay una preocupación por el desorden social”.
“El agua es la vida”
El joven César Medina dedicaba su tiempo a defender algo tan lejano para los que viven en las ciudades: el agua. “El agua es la vida mamita. Tenemos que seguir luchando por ella”, le decía a su madre con convicción. Todos los pobladores de Celendín y de Bambamarca recuerdan cuando el presidente Ollanta Humala los visitó y les preguntó: “¿Ustedes quieren vender su agua? ¿Qué es más importante el agua o el oro?”. El sentimiento de traición entre la población aflora en las conversaciones. “El presidente vendió a su pueblo a la minera, y nos mandó matar”, afirma Santos Huamán.
El 3 de julio de 2012, cuatro civiles fueron abatidos en la Plaza de Armas de Celendín. Además, fueron heridas 26 personas, siete de las cuales pertenecían a las fuerzas de seguridad (PNP y Ejército). Un día después, mataron a Joselito Vásquez en Bambamarca. Más de tres años y medio  después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a los culpables.
En el caso de Celendín, la Fiscalía Provincial de Chiclayo, según la resolución fiscal del 7 de enero de 2014 declaró improcedente formalizar y continuar con la investigación preparatoria. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, como  defensora del caso, realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación.  En el caso de Bambamarca, hay una investigación fiscal en etapa de investigación preliminar desde entonces. Estos casos, a pesar de haber sucedido en Cajamarca,  la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ, del Poder Judicial, (31 de mayo de 2012) ordena que los procesos judiciales sucedidos en Cajamarca sean de conocimiento por los órganos jurisdiccionales con sede en la región de Lambayeque.

“Más de tres años y medio después de estas muertes, sigue sin haber justicia, no se han determinado a losculpables”.

El 3 de julio, César Medina le dijo a su madre que iría a la Iglesia y después a una cabina de Internet  para poder terminar el trabajo que le habían mandado en la escuela, a pesar de que su madre Maximila Aguilar  le había recomendado que no saliera a  la calle porque habían protestas Tenía 17 años, le quedaban tres meses para terminar el último año de la secundaria, y además, estaba en el primer puesto. El joven  iba a formar parte de ese escaso 32% de  ciudadanos que termina sus estudios secundarios en la región. “Ya termino mi colegio, ya voy a trabajar mamita, ya no vas a sufrir”, le decía. “Porque yo trabajé mucho para educar a mis cuatro hijos”, comenta Aguilar. Celendín es la provincia que registra el mayor porcentaje de pobreza total de la región, con una tasa total de 75.1% y de 46.3% de pobreza extrema. Maximila Aguilar regresó del mercado a  su casa sobre  las 2 de la tarde, al ver que no retornaba su hijo, salió a buscarlo.  Las calles estaban llenas de policías, lo buscó en la Iglesia y en la posta, donde lo encontró  tumbado en una camilla.
Maximilia Aguilar
Las vigilias de la población contra el proyecto minero Conga unieron voluntades, esfuerzos, impulsaron debates y motivaron paros. Pero también encendieron la alarma política que veía en esta participación popular una amenaza.  El Gobierno de Humala mediante Resolución Suprema (Nº231-2012/DE) el 28 de mayo de 2012 y la Resolución Suprema (Nº 297-2012/DE) emitida el 29 de  junio de 2012, dispusieron la intervención de las fuerzas armadas en apoyo de la policía nacional en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc (Bambamarca) con la finalidad de “garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, apoyándose en la legitimidad que le confiere el Decreto 1095. Afirma que con esta intervención se quiere “poder prevenir los actos de violencia que pudieran producirse a raíz de las acciones a desplegar en razón del paro regional indefinido convocado a partir del 31 de mayo”. Como consecuencia se instaló una base militar en el Coliseo de la ciudad.
José Faustino Sánchez era peluquero, pero desde hacía un tiempo trabajaba en la construcción porque debido a la presencia constante de las fuerzas armadas, según relata su viuda Marisol Malqui, no dejaban abrir los locales. José era el sustento de su hogar porque su esposa además, está enferma del corazón. Ese día, el 3 de julio de 2012, regresó a su casa a almorzar junto a ella. “En las noticias escuchamos que había un incendio en la plaza de armas de Celendín, no sabíamos la razón”, explica Marisol.
Según informes policiales, a las 11 horas un grupo de manifestantes de 1500 personas se dirigieron desde la Casa del Maestro con dirección a la Plaza de Armas. Hacia las 12.40 comenzaron los manifestantes los disturbios porque supuestamente, “arrojan piedras en forma violenta al personal policial y propiedad privada”, provocando lesiones a dos miembros de la policía. Poco después, de acuerdo a estos documentos, los manifestantes incendian las instalaciones de la Municipalidad. A la 1 de la tarde, el comandante de la PNP Juan Carlos Reátegui Izquierdo solicitó apoyo militar con la finalidad de brindar protección a las instalaciones de la comisaría, porque según la carpeta fiscal del Ministerio Público  un grupo de 800 personas se dirigían con la finalidad de incendiarla. Los equipos que actuaron  en apoyo de la policía nacional contaban con escopetas con cartuchos de 12mm con balas de goma, cascos antimotines, escudos de protección y otros contaban con fusil tipo Galil cuya munición es de calibre 5.56 mm.

“Todas las calles de Celendín, estaban ocupadas por los militares y policías”.

Marle Livaque, secretario de Actas de las Rondas Campesinas Unificadas de la provincia de Celendín, explica que hacia el 27 de junio algunos trabajadores de la Municipalidad les habían advertido que iba a ver un atentado en la Municipalidad, y que querían incendiar sus instalaciones para que echaran la culpa a los manifestantes ante lo cual, interpusieron una denuncia. Asimismo, Livaque afirma que hubo infiltrados que provocaron los disturbios.
José Faustino Sánchez hacia las 4 pm se marchó del trabajo a su casa por órdenes de su jefe, para que no los alcanzara una bala perdida. De camino, recibió un disparo. Paulino Leonterio regresó a Celendín el 2 de julio. Volvía a casa unos días para estar con su esposa Adelaida Amelia Tabaco y sus dos hijos, que tenían entonces 15 y 14 años. Paulino, de 43 años, estuvo trabajando un mes en Lima porque no encontró trabajo en su localidad. Este padre de familia, también defendía el agua, porque como repite Adelaida, ” el agua es la vida”. El 3 de julio, Paulino salió de su casa sobre las 11.30 de la mañana para visitar a su hermana. Todas las calles de Celendín “estaban ocupadas por los militares y policías”, relata Adelaida. Cuando retornaba a su casa y pasaba por  una calle cercana a la Plaza,  un impacto de bala le lesionó  el pulmón y tórax, causando su muerte.
Joselito Sánchez tenía 30 años y era albañil. Ese día estaba poniendo mayólica en una casa a unas cuadras de la Plaza de Armas. De camino a su trabajo se encontró con la protesta. Decidió sumarse a ella para “defender el agua”, relata su madre Santos Huamán. “Yo estaba en la plaza, pero no sabía que mi hijo también estaba. Un policía me habló feo y me tiró al suelo”. Al poco tiempo sobrevoló un helicóptero y fue entonces cuando comenzó la balacera, explica Santos quien añade que, según lo que la gente cuenta, su hijo empezó a filmar con su celular, y es en ese momento cuando recibe el disparo.
Las muertes de Conga 
Paseamos por la Plaza de Armas de Celendín, donde hay varios carteles promocionando que los jóvenes se apunten a la escuela de policía. Milton Sánchez, presidente de la Plataforma Interinstitucional de Celendín, considera que “no es casualidad. Es una estrategia para que luego repriman a su misma gente. Igual pasa con la proliferación de universidades como Alas Peruanas, la de San Pedro, ofrecen carreras como ingeniería de minas, donde después los jóvenes son captados por las mineras”.
En la plaza,  se confunde el pasado con el presente,  cuando los habitantes cuentan lo sucedido, pareciera escucharse aún el eco del sonido seco, potente y sobrecogedor de los disparos que arrebataron la vida a cuatro vecinos. Los protocolos de necropsia determinaron que, en tres de los casos, la muerte se debió al “traumatismo abierto de cráneo producido por un  proyectil disparado por arma de fuego”. Marisol Malqui lo recuerda claro, no lo olvida porque estuvo presente mientras se realizaba la necropsia, “sin mi presencia, ustedes no lo van a hacer”, dijo Marisol, en un acto por velar y proteger a su marido José Faustino.
En el caso del joven César Medina, según el resultado de la necropsia recogido en la carpeta fiscal, se afirma que “es posible concluir que el proyectil que impactó en el cuerpo del agraviado habría sido disparado por alguno de las fuerzas del orden que estaba en uno de los helicópteros que sobrevoló la ciudad de Celendín”.
Joselito Tumba
En la descripción de los hechos, se señala que las fuerzas de orden desarrollaron acciones disuasivas (medios no letales). La Defensoría del Pueblo, en el informe Nº156, publicado en marzo de 2012,   afirmaba que “la Policía Nacional del Perú no cuenta con la logística adecuada y suficiente de armas no letales para intervenir en situaciones de violencia en conflictos sociales. A consecuencia de esta situación, se crea un escenario de riesgo cuando se decide enviar al personal policial con armamento letal, dado que pueden verse en la circunstancia de hacer uso de éste”.
Advertía además sobre “los problemas educativos, logísticos y normativos de la PNP en materia de violencia en conflictos sociales y la naturaleza de este hecho social se evidencia en la operatividad. Si no se aborda dicha problemática, los operativos policiales seguirán produciéndose en un escenario de alto riesgo para la vida e integridad de civiles y policías”.
Desde la Defensoría del PuebloRolando Luque, habla de la “falta de especialización de la policía nacional en conflictos sociales en  el país. A veces por falta de personal se recurre a una división como DINOES, y ésta fue creada para hacer uso de la máxima fuerza para enfrentar terrorismo y narcotráfico. Trasladar a la DINOES a escenarios de conflictividad social es de altísimo riesgo”.
adelaida 2
“Mi sangre, mi vida. Todo por el agua, y mi pueblo desde el cielo. Les bendeciré para tener la victoria”, reza el epitafio de Joselito Vásquez, fallecido el 4 de julio a los 28 años. Su madre, María Alejandrina Jambo, pidió un préstamo para poder pagar el velorio.  Joselito murió en medio de un enfrentamiento entre pobladores y las fuerzas de seguridad durante la manifestación que hubo en la Plaza de Armas de Bambamarca en contra del proyecto Conga. Resultaron heridos  de gravedad además 8 civiles.   “Todo estaba lleno de policías. Vinieron de frente a matar a toda la gente. Mi hijo ese día estaba trabajando, dejó la camioneta, y le balearon. Ese día no estaba participando en la protesta”, explica su madre. Su hijo mantenía a su familia desde los 12 años como chofer. “¿Quién va a mantener a mi nietito de tres años?”, se pregunta.

“La PNP no cuenta con suficientes armas no letales para intervenir en conflictos sociales”

Ese día el Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia en Cajamarca mediante el Decreto Supremo 070-2012-PCM. El Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia Viva en un informeexplican que el gobierno incurrió en la “argucia legal” de consignar como fecha del referido decreto el día anterior, el 3 de julio de 2012, con la intención de que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día siguiente como establece la Constitución, que en este caso sería el 5  de julio de 2012. Este cambio hizo  que la detención al  ex sacerdote y líder ambientalista Marco Arana el 4 de julio de 2012 fuera ilegal.
De acuerdo al pedido de queja realizado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), hacia las 9.30 horas  del 4 de julio en Bambamarca, aproximadamente unos 100 efectivos del ejército se presentaron para intervenir en el operativo contra los manifestantes, ocho de los cuales fueron heridos de gravedad. Participaron 42 suboficiales pertenecientes a la DITERPOL-Piura, destaca además que un contingente policial se desplazó hasta Bambamarca en dos vehículos de la empresa minera Yanacocha para prestar apoyo al comisario de la localidad.
Convenios entre Yanacocha y la PNP
En el caso de Cajamarca y concretamente en actos de protesta en contra del proyecto minero Conga surge la pregunta, ¿Quiénes de esos efectivos policiales trabajan a su vez para la seguridad de la empresa Yanacocha? Existe un convenio de “prestación de servicios extraordinarios complementarios a la función policial entre Minera Yanacocha S.R.L. y la PNP”. Este convenio se suscribió el 31 de marzo de 2011 y contaba con un plazo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Sin embargo, se ha ido prorrogando el plazo de vigencia hasta el 31 de julio de 2014. Aunque se desconoce si actualmente sigue en vigor. Además de las fuerzas de seguridad, Yanacocha cuenta con los servicios de la empresa de seguridad Securitas. Se ha contactado con la empresa minera y Securitas y no han querido pronunciarse al respecto.
Este tipo de acuerdos son legales, están regulados mediante el Decreto Supremo 004-2009-IN. De acuerdo al convenio, “la policía nacional prestará el servicio policial de seguridad a empresa  minera en zonas de propiedad de la misma y zonas de influencia de acuerdo a las situaciones de riesgo que se prevean y en cualquier otro lugar que sea requerido dentro de la zona de operaciones”.
“Estos convenios generan un efecto perverso de privatización del orden interno. Las fuerzas de seguridad son pagadas con dinero de todos los peruanos para que cumplan su función, se pierde el concepto de orden público. Esto es absolutamente inconstitucional”, opina elabogado Juan Carlos Ruíz. “Habría que eliminar progresivamente esta práctica. Además la policía con esto cumple dos funciones. Al final, tenemos a una policía agotada que no tiene su periodo de descanso, y para una responsabilidad tan grande que es  proporcionar seguridad, va a crear un problema más que resolverlo”, declara Luque.
Impunidad
“Una mariposita nos viene a ver para saber si estamos bien”, comenta Maximila Aguilar que trabaja limpiando en la escuela donde estudiaba su hijo César, ahora debe de cuidar sola a sus otros tres hijos: una  adolescente de 17 años que vive en Lima, otro de 14 años y el último de 8 años. Maximila habla cansada, se siente enferma “no sé lo que me pasa, me dan mareos, suena mi cabeza, a veces desconozco todo, como si no estuviera en mi persona”. “Mi hijito que tanto me ayudaba, él me cuidaba, ha sido todo para mí,  era un papá para sus hermanos. Mamá no te voy a dejar me decía”, cuenta.
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Marisol Malqui dejó atrás Celendín. Ahora vive en Lima, en el distrito de Comas, en Collique. En lo alto de un cerro, en una pequeña casita de madera que habita junto con su hermana, su cuñado y sus hijos. “Es muy triste. Yo vine para acá,  y mi familia me decía que haces allá sola.”. Marisol no tiene un trabajo estable,  limpia de vez en cuando alguna casa para mantener a su hijita de 7 años.  “¿Cómo no va a ser un delito matar a una persona? ¿Acaso es un animal?”, se cuestiona.
Tras la muerte de los maridos e hijos de estas mujeres, la soledad las acompaña, y la pobreza se recrudece. Santos Huamánvende maní en un pequeño puesto ambulante en una calle aledaña a la plaza de armas, con el que  gana unos cinco soles diarios. Vive en una pequeña casa de adobe. Desde que falleció su hijo, tiene muchos problemas para poder mantenerse, pero continúa la lucha de su hijo. “Luchamos porque nuestras aguas no se sequen, nuestras lagunas no se contaminen. Queremos que se vaya la minera. No trae el desarrollo para el pueblo, porque vivimos de la agricultura”.
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La disposición fiscal del 7 de enero de 2014  por el que se archivó  el caso en un primer momento (La CNDDHH realizó un pedido de queja y solicitó elevar las actuaciones al Fiscal Superior, quien la declaró fundada y determinó que se ampliara la investigación) resultaba llamativa en cuanto sus conclusiones, que señala:  “Existen indicios reveladores de la comisión del delito de homicidio doloso (…) ya que las víctimas han recibido impactos de proyectiles de armas de fuego provenientes posiblemente de armas que portaban algunos de los miembros del Ejército Peruano”.  “No existen indicios que permitan establecer que los agraviados hayan tenido en su poder armas de fuego, con las que  hayan atacado a las fuerzas del orden”, determina el fiscal. Las razones por las que se archivó el caso era por la falta de individualización de los presuntos autores, entre otras cosas, porque el Ejército no ha proporcionado información requerida, como el plan de operaciones formulado para actuar ese día, la relación del personal de las patrullas, ni el registro de entrega de armamento y munición a los miembros del Ejército.
“Teniendo en cuenta las pericias y los protocolos de necropsia, no cabe duda que las órdenes de disparar no se limitaron a señalar que se efectuaran disparos disuasivos al aire, sino que directamente se ordenó disparar al cuerpo”, señala el pedido de queja presentado por la organización. “Hay oficiales que dieron órdenes,  que diseñaron un plan de intervención, los soldados, policiales no disparan si no tienen previamente una orden. Tiene que investigarse, no solamente a nivel de las responsabilidades de quien disparó, sino principalmente, de aquellos que probablemente dieran las órdenes”, explica Víctor Álvarez, abogado de la CNDDHH que lleva estos casos.
“En la medida en que el Estado peruano no estuvo en la capacidad de canalizar por la vía del diálogo, las demandas de la población, y en la medida en que han estallado los conflicto se optó por la represión, que terminó con muertos y heridos, el Estado debiera indemnizar a esas familias, más allá de la determinación de responsabilidades individuales que van por la vía judicial”, declara la congresista Verónika Mendozade la bancada Acción Popular-Frente Amplio. Mendoza añade: “No hay responsabilidad penal ni política, y ese es el peor mensaje que puede dar el Estado peruano frente a una población que lo único que reclama es que se respeten sus derechos”.

“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos, es penal-represiva

¿Hasta qué punto el decreto 1095 puede impedir la debida investigación por justicia penal ordinaria de los sucesos acontecidos en este caso y en  otros? Este dispone que “las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las acciones realizadas en aplicación de este Decreto Legislativo o en ejercicio de su función son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar Policial”. Víctor Álvarez afirma que “ninguna afectación a los derechos de las personas en esta situación pueden ser materia de fuero militar, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional”. La organización Human Rights Watch explica que “los organismos internacionales de derechos humanos han rechazado en forma unánime el uso de fiscales y tribunales militares en casos de violaciones de derechos humanos contra civiles”.
Mirtha Vásquezsecretaria ejecutiva de la organización Grufides, afirma que “estas leyes son útiles para los sectores empresariales contra los cuales se ha ejercido más el derecho a la protesta por los abusos y vulneraciones de derechos que están cometiendo”. La abogada destaca que en Cajamarca, hay más de 303 líderes procesados por temas de protesta social, y “se les asocia con delitos de disturbios, resistencia a la autoridad, rebelión, hay procesados por terrorismo. Además, en muchos casos se emplean estas normas para lograr la impunidad  para las fuerzas del orden en casos de violación de los derechos humanos”. Milton Sánchez acarrea 50 denuncias, además recibe llamadas telefónicas amenazantes. El presidente de esta organización además explica que han abierto dos centros policiales en las zonas de las lagunas, cada uno con capacidad para 300 efectivos de la DINOES.
“Los conflictos sociales plantean problemas políticos, sin embargo, la respuesta que se le están dando, en muchos casos,  es penal-represiva. El Derecho penal no está hecho para enfrentar protestas, sino para perseguir delitos penales”, concluye el abogado del IDL. “Hay una consolidación del modelo económico neoliberal extractivista iniciado en los 90 con Fujimori, y en la medida en que este proceso se extiende y se consolida necesita ingresar a nuevos territorios, requiriendo de más energía, más agua. Esto hace que aumenten los conflictos. Lo que necesita este modelo entonces es limitar los derechos, y  un manejo cada vez más autoritario”, explica Marco Arana, líder de Tierra y Libertad.
Yanacocha ha marcado un antes y un después en Cajamarca. Esta empresa no sólo es Conga, ni Cajamarca es sólo Yanacocha. Las demandas y problemas de la población son estructurales; sí el Estado mantiene esta legislación y una posición pro inversión sin considerar a las poblaciones, el desencuentro parece inevitable, y las consecuencias previsibles.
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Convenio de prestación de servicios entre Minera Yanacocha S.R.L. y PNP
Minera Yanacocha  afirma requerir contar con el apoyo de la policía nacional “a efectos de prevenir la comisión de delitos o atentados que puedan perpetrarse contra su personal y/o instalaciones, y asimismo desea contribuir con la seguridad de la ciudad de Cajamarca y otras localidades del ámbito de influencia de sus operaciones”.
La policía nacional prestará el servicio policial de seguridad sólo con el personal de vacaciones, franco o personal que haya participado en acciones meritorias en actos de servicio… (4.1.3).
Yanacocha se compromete a facilitar una asesoría legal, gratuita y permanente al personal policial que  con ocasión de brindar el servicio policial de seguridad, se vea involucrado en un proceso judicial derivado del cumplimiento de dicho servicio. (4.2.10)
Yanacocha se compromete a cubrir los gastos de mantenimiento o reparación del armamento, accesorios y/o reposición del uniforme de faena policial de propiedad del Estado, que como consecuencia del Servicio Policial de Seguridad se deteriore… (4.2.11) El servicio en la mina asciende a 38 soles diarios para cada oficial, y 18 soles diarios para cada suboficial…En circunstancias especiales, servicios en lugares sin facilidades de alojamiento y alimentación asciende  a 78 soles diarios. Asimismo, Yanacocha se compromete a contratar una póliza de seguro a favor de la policía que presta este servicio que cubre por fallecimiento (US$20,000 dólares), invalidez permanente (US$18,000 dólares) curaciones por lesiones graves (hasta US$10 mil dólares), por lesiones leves (hasta 3,500 US$), sepelio (3,500 US$) y el 100% del traslado para atención médica.

En la cláusula décima establece el convenio que cuando el “personal de la policía nacional realice un acto de servicio en función de su ejercicio policial (y por tanto no estén prestando el servicio policial de seguridad), no resultarán exigibles las obligaciones de minera Yanacocha referidas en la cláusula cuarta (condiciones en las que son prestados los servicios), a excepción de 4.2.2 y 4.2.4″, es decir, la póliza de seguro y la atención en centros de asistencia médica de la minera.
http://elgranangular.com/2015/04/26/territorio-yanacocha-relatos-de-impunidad/

miércoles, abril 22, 2015

"Yanacocha: ¿El sueño dorado? Tomo II"


Entrevista de Diego Cupolo de  EE.UU., 26-01-2015 a Reinhard Seifert
Preguntas:


1. "Yanacocha: ¿El sueño dorado? Tomo II" es el segundo libro que ha escrito sobre el impacto de la minería de oro en elmedio ambiente de Cajamarca, Perú. ¿Qué está tratando de lograr con su segunda publicación?

En el Perú hay poca discusión seria sobre la cantidad y calidad del agua, que tiene que ver con la tecnología minera. Felizmente el tema del agua es ciencia exacta, quiere decir se lo puede medir objetivamente a la contaminación y destrucción de las fuentes de agua. En esta dirección está orientado mi segundo libro, apunta con desarrollar con pruebas científicas / técnicas todo lo que está pasando en la actualidad en la mina Yanacocha y contribuir a la búsqueda de una alternativa viable.  La mina Newmont solo habla de impacto y no de contaminación. Son conceptos totalmente diferentes. Una cosa es un impacto, que es inocua y otra cosa es la contaminación que es dañino.

2. El desarrollo de la mina Conga ha sido bloqueado desde 2011. Qué ha pasado en Cajamarca en los últimos cuatro años en relación con el movimiento ambiental y las empresas mineras?

Sí bien es cierto han habido muchas movilizaciones, protestas hasta que han habido cinco muertos en julio de 2012 para rechazar a Minas Conga , cuando   la estrategia y táctica no está clara poco puede lograr el movimiento social. Newmont defiende a la inversión privada y el pueblo defiende al agua. Hasta ahora no hay un puente de entendimiento. Además el andamiaje jurídico peruano favorece exclusivamente a la inversión extranjera y no al agua. Hay un choque entre lo privado (la empresa minera) y el bien común (el agua). En la actualidad existe una especie de tregua y todos los actores están esperando el cambio del nuevo gobierno en el año 2016.

3. Además, muchos activistas en Cajamarca creen que el bloqueo de la mina a largo plazo va a costar mucho más dinero para Newmont. ¿Cree usted que esta estrategia está funcionando?

No está funcionando, porque el movimiento social está dividido, por razones políticas partidarias, personales y de otra índole.

4. Muchas personas que protestan contra la mina Conga dicen que  las empresas mineras, Newmont y Yanacocha, no tienen "licencia social" para desarrollar el área después de contaminar el agua por más de 20 años. ¿Las empresas han reconocido alguno de los daños que causaron a la zona? ¿Cómo están tratando de recuperar su "licencia social?"

A la licencia social en Cajamarca la llamamos "falta de respeto", lo que entiende el pueblo. Si tú le faltas el respeto durante muchos años a alguien no funciona la licencia social. Si tú mientes y maltratas a tu vecino durante muchos años, de pronto  de la noche a la mañana no puedes exigir que ahora haya una buena relación. Difícil va a ser para Newmont/Yanacocha de recuperar la confianza perdida.
Los juicios que se han presentado respecto a la contaminación del agua en Cajamarca fueron archivados, a pesar de la abundancia de pruebas científicas. Por qué? Porque la corrupción de los fiscales y jueces en Cajamarca es notoria. La mayoría de ellos no quieren chocar con los intereses de  la mina y a cambio reciben alguna prebenda. Por ello es que cualquier denuncia cae en "saco roto", o sea no se investiga, como debe ser. 
Newmont cree que para conseguir la licencia social que es un problema de comunicación de todo "lo bueno" que han hecho hasta ahora y no se dan cuenta o no quieren aceptarlo que la contaminación/destrucción no se arregla con una propaganda barata, a todas luces falsa.

5. ¿Qué impacto ha  tenido el Gobierno Federal Peruanodurante los últimos años en lo que respecta a la protesta contra la minería Cajamarca? ¿Y el gobierno regional de Cajamarca?

El Gobierno Central se ha desentendido del tema, pretende ganar tiempo y pasar esta "papa caliente" al próximo gobierno. No hay una buena relación entre el Gobierno y el pueblo de Cajamarca, a pesar que había ofrecido una inversión adicional a lo normal, esta que superaría  los 5 000 millones de soles. No la hemos visto en Cajamarca. 
El Gobierno Regional está manchado con actos de corrupción, a pesar que el Presidente Regional, actualmente preso, ganó la reelección con el lema "roba, pero defiende el agua". El Gobierno Central apenas le ha dado para inversión en 2015 alrededor de 45 000 000 de Soles al Gobierno Regional de Cajamarca, que hace 30 Soles por persona al año. Obviamente, que es esto? Nada. 

6. En su libro, usted escribe sobre la influencia de la prensa corrupta en el debate ambiental y da un testimonio personal sobre ese tema donde le llamaron un "terrorista ecológico." ¿Puede describir brevemente sus experiencias con la prensa peruana?

En resumen, este capítulo fue el más difícil para mí de escribirlo, porque tocaba la fibra más íntima de mi persona. La prensa peruana, en concreto un alto porcentaje de la prensa cajamarquina está ligada  a la mina Yanacocha, es corrupta,  recibe dinero y miente descaradamente sobre todo lo que está pasando en Cajamarca. Y lo peor, difama y calumnia a los opositores, que no quieren otra cosa que una discusión seria y profunda sobre los beneficios de la mina. Hay un dicho peruano: "Quieren matar al mensajero de la mala noticia y no al que produce la noticia".

7. Usted ha recibido amenazas en varias ocasiones durante su carrera como activista. Describa algunas de sus experiencias y cómo su seguridad personal se ha visto afectada por su trabajo.

Claro está, te mandan mensajes cifrados, también a los miembros de mi familia, y una manera de acallar a la persona  es denunciarte con la ayuda de fiscales y jueces corruptos. A lo largo de más de veinte años en esta lucha he recibido más o menos 18 denuncias y juicios. En algunos casos me han sentenciado para defender el agua, por ejemplo, cuando escribo y publico mis artículos críticos.  O sea, Newmont para esto sí usa al poder judicial a su favor y para quitar la palabra a las personas que protestan.
8. Al final de su libro, usted dice que le gustaría escribir un tercer libro sobre la mina Conga. ¿Qué temas le gustaría incluir en el Tomo III?

Sí, sobre la defensa del Cerro Quilish en el año 2004 y el vigoroso movimiento social de Cajamarca , la defensa de la última reserva de aguas limpias que queda para la ciudad de Cajamarca . Voy a escribir esta historia. Esta fue una lucha extraordinaria y única   de un pueblo en el mundo, donde por primera vez en la historia mundial en los cinco continentes, donde opera  Newmont, esta empresa minera tuvo que retroceder hasta el día de hoy. No hay otra experiencia. Este trabajo y realidad la publicaré pronto.

9. Finalmente, ¿dónde podemos comprar su libro? y le gustaría añadir algún comentario adicional?

Mi libro se vende en Cajamarca.

Naturalmente el Estado peruano no cumple sus propias leyes ambientales, está "pintado" en la pared. Actúa como el "hermano gemelo" menor, a lado  de una empresa trasnacional como la Newmont,  donde el "hermano gemelo  mayor",  el primer nacido toma todas las decisiones.
10. ¿Usted cree que la decisión legal  respecto a Máxima Acuña de Chaupe impactará futuras negociaciones entre los residentes de Cajamarca y las empresas mineras?

No, para nada, este fue un caso aislado. La corrupción de los registros públicos de Cajamarca sigue en pie. Indudablemente la inscripción legal de un terreno a favor de Newmont se hace muchas veces con la complicidad de los funcionarios públicos corruptos  del registro público de Cajamarca. No hay una protección legal y  real a favor del privado, cuando entra en conflicto con Newmont, lo que fue y es el caso de Máxima Chaupe. Además este  juicio legal todavía  no ha terminado. Newmont apeló el fallo, que se encuentra en la actualidad en Lima. 
Por decir otro  ejemplo, la protección de las  780 lagunas de San Pablo, exigido por la municipalidad de esa provincia de Cajamarca  desde el año 2003 hasta ahora no existe. El Poder Judicial de Lima hasta la fecha no se ha pronunciado. Esto es un claro ejemplo como y cuando la influencia de Newmont en los predios judiciales es muy fuerte y casi siempre esta "justicia" está fallando a favor de  la mina.  
Gracias de nuevo, espero con interés sus respuestas,
Diego


lunes, abril 20, 2015

¿IZQUIERDA “DE CENTRO” O DERECHA CON CARETA DE IZQUIERDA?




Sociólogo: Avelino Zamora Lingán

Escrito: abril 18, 2015 
“El mas peligroso de los pendejos es el pendejo demagogo (Especialmente si es de la “izquierda de Centro”),porque cree que el pueblo también es pendejo” Facundo Cabral //// Nota. El texto entre paréntesis es mío.
Todo indica que alpueblo peruano, aún no le pasa ese “sabor amargo”, proporcionado por quien no dudó ni un instante en disfrazarse de “nacionalista” para embaucar a todo un pueblo, el cual confió y le dio su voto con la esperanza que encarnara sus intereses y respetara irrestrictamente todos sus derechos. Todo lo contrario, se convirtió en su peor verdugo y, hoy junto a la derecha y a las transnacionales, se ha convertido en el principal promotor de la venta y el saqueo de nuestro país. En el mismo sentido, a pocos meses de las elecciones presidenciales del 2016, nuevamente, el pueblo recibe ese mismo trago amargo de una gavilla de supuestos izquierdistas, encabezados por personajes pro-mineros y pro modelo económico neoliberal como: Salomón Lerner; Yehude Simon, Sergio Tejada, Carlos Tapia Susana Villarán, Breña Pantoja, entre otros. Tales “izquierdistas” no son más que un grupo de “oportunistas” de derecha, quienes ya alucinan y se frotan las manos pretendiendo embaucar al pueblo en las elecciones del 2016, al igual que Ollanta Humala lo hizo en el 2011. Este grupete más los otros dos o tres grupos de “izquierda”que han surgido y otros que surgirán, tiran por la borda la esperanza del pueblo en una verdadera izquierda, unida, fortalecida, empapada del pensamiento revolucionario y con un solo objetivo: construir la nueva sociedad, con una nueva democracia, que forme al Hombre Nuevo, tal como lo anhelaba José Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Socialista en el Perú. Podríamos decir que, con Humala, las caretas o disfraces políticos se han puesto de moda. Si Humala se colocó el disfraz nacionalista, hoy un grupo de personajes, cuya ideología expresa más los intereses de la derecha y del neoliberalismo que los del pueblo, ya se pusieron la careta de “izquierda”, aunque dicen ser “izquierda de Centro”; claro, el éxito del primero les motiva a los segundos usar la misma maña para embaucar al pueblo peruano en las próximas elecciones del 2016.Lo que no saben, estos falsos izquierdistas, es que, quienes tienen el pensamiento verdaderamente izquierdista, conocen y saben que la esencia del SER izquierdista es el SER revolucionario; por lo mismo, difícilmente pueden ser embaucados por los falsos izquierdistas, o mejor dicho por simples oportunistas electoreros, que toman a las elecciones como fin y no como medio; que carecen del proyecto histórico para la transformación del país; y, al contrario, se limitan a rendirle loas y alabanzas al modelo económico neoliberal y al capitalismo salvaje, haciéndole el coro a la derecha rentista, enquistada en el poder desde hace más de 190 años. Y, sobre “izquierda de centro”, la disyuntiva es: O eres de izquierda o de derecha, eres rojo o negro, o estás con dios o estás con el diablo; no queda lugar para centristas, para rosados, para ambiguos, para “indecisos” o “indefinidos”. La definición, la posición política; más aún la posición de clase y la conciencia de clase son elementos fundamentales, por no decir vitales y son inherentes a los verdaderos izquierdistas y a los verdaderos revolucionarios. Si no es así, entonces, serás todo pero no un izquierdista. 
No cabe duda que ante la proximidad de las elecciones presidenciales la clase política, entre ésta la supuesta “izquierda”, está desesperada porque no sabe de qué manera puede afrontar las próximas elecciones y sobre todo cómo engañar al pueblo peruano para que vote por ella. Y, es tal su desesperación de esa “izquierda” que con tal de ganar elecciones es capaz de aliarse o “unirse”, al mismo tiempo, con dios y con el diablo. Todo indica que para este tipo de “izquierda” las elecciones son el alfa y el omega, es decir, el principio y el fin. Tal es la desesperación electorera de esta clase de “izquierda” que dice “representar al pueblo”, pero en realidad se olvida de que éste existe; recuerda que hay pueblo sólo en época de elecciones, imitando de esta manera a la derecha más rancia de este país. De su rol histórico que le corresponde cumplir, cual es la de concientizar política e ideológicamente al pueblo, ni hablar, jamás lo hizo ni lo hará; porque al parecer, en el fondo, no le conviene, porque sabe que un pueblo consciente y conocedor de lo que en realidad significa ser de izquierda, lo que significa el socialismo y el comunismo, jamás votaría por falsos izquierdistas, menos por derechistas con careta de izquierda. En esto, esos falsos izquierdistas y su praxis política se parecen mucho con la derecha: El pueblo debe mantenerse ignorante para que esté en condiciones de elegir cada cinco años, a derechistas y a izquierdistas. Izquierda y derecha ya parecen una sola moneda; las caras son dos, pero la moneda que lo contiene es una. Llevado esto a lo concreto: Las tendencias políticas son dos: “izquierda” y derecha o Derecha- “izquierda, no importa, da lo mismo; pero el modelo y el sistema económico que nos gobierna es uno solo: El neoliberalismo, soporte del capitalismo salvaje.
Finalmente, el pueblo debe estar alerta y advertido que en las próximas elecciones aún no tiene opción que le signifique cambio o más todavía, transformación social; que le modifique, en positivo, sus condiciones de vida, esto es que le mejore su calidad de vida; peor aún que haga la verdadera transformación social o “que le de vuelta a la tortilla” Mientras la propuesta política de izquierda y derecha sea el continuismo del actual modelo y sistema económico, la actual Constitución, el pueblo debe estar preocupado; pero al mismo tiempo con la viva esperanza de que con el devenir dialéctico del tiempo, surgirá inevitablemente de su seno verdaderos izquierdistas y verdaderos revolucionarios. Los grandes procesos sociales,como el calentamiento global, el ecocidio, la destrucción de las fuentes de agua, la contaminación, la apropiación y/o privatización de ríos, lagos y lagunas; y de aguas subterráneas, por transnacionales mineras, por Coca Cola, Pepsi, Pura Vida, Nestlé y los grandes Bancos del mundo; la corrupción de alto vuelo, la tele basura, orientada a adormecer a los pueblos, el “nuevo opio del pueblo”, dicen los entendidos; la concentración de la riqueza de los países en las arcas y bolsillos de muy pocas personas, entre otros grandes procesos sociales, exigen de verdaderos izquierdistas y del despertar de los pueblos, para frenar toda esa vorágine de mega-tendencias sociales liquidadoras, que amenazan con destruir no sólo al Perú, también a América Latina, y al planeta tierra en general. 
Por último, creo muy oportuno saludar y felicitar, a través del presente comentario, a la Cumbre de las Américas, en realidad denominada “Cumbre de los Pueblos Sindical y de los Movimientos Sociales de Nuestra América”, desarrollada en la República de Panamá, entre el 9 y 12 de abril. Más saludable es todavía la valentía y coraje de Presidentes como Nicolás Maduro de Venezuela; Cristina Fernández, de Argentina; Rafael Correa, de Ecuador; DilmaRouseff de Brasil y Evo Morales de Bolivia, quienes le han encarado en su cara pelada al Presidente de Estados Unidos, por desarrollar una política internacional imperialista, guerrerista, intervencionista y de rapiña, en la mayoría de los pueblos del mundo; creyéndose ser el “adalid” de la democracia y el “libertador de pueblos” y el “gendarme del mundo”. Además, saludable es el hecho que de 35 mandatarios asistentes a esta Cumbre; 33 demandaron la urgente derogatoria del infame y ridículo decreto que declara a la república bolivariana de Venezuela “AMENAZA” para la seguridad de Estados Unidos; no sin antes fustigar y cuestionar severamente atal decreto. Efectivamente, esto ya linda con lo risible y con el ridículo total: un país pequeño,con un presupuesto de un poco más de mil millones de dólares para el sector defensa, “amenaza” a la mayor potencia militarista y guerrerista del mundo, quien destina mas de 650 mi millones de dólares al sector militar. Por otro lado, Ollanta Humala se confundió de auditorio, porque el contenido de su discurso más parecía que estaba dirigido a un grupo de campesinos o a la CONFIEP en el Perú, que a un auditorio de Presidentes de naciones latino- americanas. A propósito, la pregunta del millón es ¿Quién es el Presidente que no se sumó al pedido de derogatoria del Decreto imperialista anti-venezolano? Si de los 35 países 33 lo solicitaron, significa que son dos los que no lo hicieron. Obviamente uno de ellos fue Estados Unidos, ¿y, el otro? Saquen ustedes sus conclusiones.