EL CONFLICTO SOCIAL: EXPRESIÓN DE LOS INTERESES IRRECONCILIABLES

Sociólogo: Avelino Zamora Lingán

Los recientes hechos violentos en el Centro Poblado de Combayo, que han dejado como saldo el asesinato del Sr. Isidro Llanos Chavarría, no es más que la expresión del conflicto social que se inicia en 1993 en dicho lugar y en toda la región Cajamarca, con la entrada de la Compañía minera Yanacocha, cuyos intereses son irreconciliables o mejor dicho opuestos con los intereses de los pobladores campesinos. En efecto, mientras los intereses de la transnacional son explotar el oro y sobre la base de ello acumular más y más ganancia, los intereses de los campesinos son proteger sus recursos naturales, particularmente el agua y con ello seguir dedicándose a su actividad principal: la producción agropecuaria. El conflicto se agudiza, hasta llegar a los hechos violentos cuando los pobladores sienten y observan que sus fuentes hídricas están cada vez con menos volumen e incluso muchas de ellas ya han desaparecido, además de que, sin lugar a dudas, están siendo contaminadas, con materiales de desechos mineros.
Ahora bien, ¿Qué responsabilidad tiene el Estado en este Conflicto social, el mismo que, además, no sólo está manifiesto en Combayo y la región Cajamarca, sino que está presente a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, donde se encuentran asentadas las más de 30 compañías mineras que operan en el Perú?
Sin lugar a dudas, el Estado tiene un sólo interés: recaudar el impuesto a la renta, que tales transnacionales pagan mensual y anualmente y que los pueblos reciben una parte de este impuesto bajo el nombre de canon. El argumento que se maneja desde el Estado es que con la inversión de este canon los pueblos alcanzan su desarrollo. Pero resulta que este argumento es contradictorio con la realidad ya que sí la operación o explotación de los minerales, entre ellos del oro, implica o impacta negativamente sobre los recursos hídricos, sobre el aire y los suelos por la contaminación, ¿cómo es que tales pueblos van ha lograr su desarrollo? ¿Acaso este argumento no termina siendo en la práctica un “engaña muchachos”? La muestra de esto que acabamos de señalar está en que antes que Yancocha iniciara sus actividades en 1993, la región Cajamarca ocupaba el cuarto lugar en pobreza, mientras que ahora 2006 ocupa el segundo lugar. Huanuco, la Oroya, Cerro de Pasco, Huancavelivca, tuvo y aun tiene presencia minera, ¿son acaso pueblos desarrollados?, En todo caso, Cajamarca a crecido en varios aspectos: hoy existen más empresas, más vehículos de transporte, más delincuencia (robos, asaltos), más nays Clubs, más desempleo, más demandas sociales, pero sobre todo, más población; pero, Cajamarca no ha desarrollado. Crecimiento no es sinónimo de desarrollo. El primero sólo significa aumento de tamaño físico, mientras que desarrollo significa cambio cualitativo, es decir, desarrollo es ir de lo inferior a lo superior o de lo simple a lo complejo. El hecho de que existan unas cuantas personas como algunas autoridades locales, dueños de empresas y dueños de medios de comunicación, que se enriquecen con la presencia de la compañía minera no es un argumento válido para sostener que hay desarrollo y por ello justificar la depredación de los recursos naturales.
La gran responsabilidad del Estado radica en que éste dio el marco jurídico legal, a través de la Constitución de 1993, para que las transnacionales mineras operen libremente en todo el país y sobre todo el haber firmado contratos de estabilidad tributaria bajo una concepción de la “ley del embudo” donde lo ancho es para las transnacionales y lo delgado para el pueblo peruano. Es precisamente en nombre de esta constitución y estos contratos que las ocho o diez empresas mineras más grandes, que operan en el Perú dejan de pagar impuestos por montos que oscilan entre 500 y 800 millones de dólares anuales y lo que es más importante dejan de ejercer una verdadera responsabilidad social en lo que se refiere a contribuir efectivamente con el desarrollo de los pueblos y con la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.
Queda claro, entonces que en el conflicto social mineras - poblador rural el gran responsable es el Estado y no los pobladores rurales de todo el país que son los afectados por la minería y lo único que hacen es reaccionar ante los impactos negativos en sus recursos naturales que produce la explotación de minerales. Pero lo más preocupante es que las poblaciones urbanas estamos siendo indiferentes con el problema, como si no fuéramos afectados. No nos damos cuenta de que el agua que escasamente discurre en nuestros domicilios baja precisamente de las alturas, es decir, de allí donde la población campesina viene enfrentándose con quienes la están afectando y desapareciendo. Quizá habría que recordar lo que dijo aquel personaje indiferente ante lo que sucedía en una guerra: “primero asesinaron a mi vecino, no me importó; después desaparecieron a mi primo, tampoco me importó, luego capturaron a mi hermano, del mismo modo no me importó, hoy me capturan a mi y ya es muy tarde”, no esperemos que nos afecte los problemas personalmente para recién reaccionar, seamos solidarios con los problemas que afectan a nuestros hermanos campesinos y luchemos junto con ellos, porque las transnacionales mineras cumplan con su responsabilidad social y, sobre todo, porque el Estado, cambie las reglas de juego de la actividad minera y promulgue leyes más favorables al pueblo.

Finalmente, cuando los intereses son irreconciliables, como lo son los de los campesinos y los de las transnacionales mineras, no es posible pretender promover reconciliaciones a través de diálogos. Pues la práctica nos está confirmando este argumento. En Cajamarca han existido innumerables reuniones de diálogo, a través de las famosas “mesas de dialogo”, pero ¿cuál es el resultado efectivo que se ha logrado? A no dudarlo: ninguno. Salvo el salario que se llevan quienes se sientan en dicha mesa, el mismo que, en muchos casos, es otorgado por las propias empresas mineras. Mientras tanto el proceso de deterioro de los recursos y con ello el crecimiento de los conflictos, hasta llegar a manifestaciones de violencia siguen su curso normal.

Por otro lado, quienes promueven el dialogo saben muy bien que les conviene a sus intereses, y que van a lograr de todas maneras hacer prevalecer sus ideas, sus propuestas y opiniones, puesto que siendo los campesinos quienes van a sentarse a dialogar, es fácil el engaño y la manipulación, ya que los empresarios, técnicos, ingenieros, expertos, manejan técnicamente sus criterios, mientras que los campesinos, por tener escaso nivel cultural, educacional y técnico, no están preparados para establecer un dialogo de a igual a igual, con la comprensión cabal de los hechos. Además, los representantes de la empresa, los técnicos, tienen a su favor las leyes, las normas y también las autoridades que en su afán de hacer cumplir las leyes, terminan finalmente cediendo a los intereses de las transnacionales. Quedan los famosos mediadores. Estos también asumen una posición ambigua ya que no están seguros de a que lado fijar su posición, promueven la paz, promueven el dialogo, dan propuestas, etc, pero también terminan rendidos a los intereses de los poderosos.
Ante esta situación el poblador rural, uno de los actores en conflicto, queda desamparado, porque siente que nadie asume su problema, nadie le da solución, pues se cansa de pasearse de autoridad en autoridad y no le hacen caso, siente que el dialogo no esta dando los frutos que él espera y que por el contrario el problema de deterioro de sus recursos se agudiza, el agua escasea cada vez más, sus truchas se mueren, sus fuentes hídricas desaparecen. ¿Qué le queda a estos pobladores desamparados por el Estado, específicamente por las autoridades? Emprender la lucha directa, lo que se denomina la lucha directa de masas, lo cual implica riesgos mayores, que van desde ser acusado de “violentos” “terroristas”, “Subversivos”, “conflictivos”, etc,. etc. hasta encarcelados y asesinados. ¿La lucha directa de masas significaría la solución a los conflictos?. Sin lugar a equivocarme sí, mientras el Estado decida, a partir de ésta, defender los intereses de los campesinos y los del pueblo en general; pero mientras el Estado, en lugar de ello, defienda los intereses de las transnacionales, obviamente los conflictos no se solucionarán, aún con la lucha directa de masas, al contrario esta se generalizará y se intensificará en todo el a país. No justificamos ni abogamos por la lucha directa de masas y con ello por la violencia, pero lamentablemente es la realidad presente la que determina o condiciona los procesos sociales, incluido los conflictos sociales y lamentablemente también la realidad es más fuerte que los deseos.