Cerca de medio millar de campesinos del Centro Poblado Porcón Bajo, llegaron la mañana de ayer en movilización hasta el Poder Judicial y el Ministerio Público respectivamente, rechazando la denuncia del fiscal Germán Dávila Gabriel de la Primera Fiscalía Penal de Cajamarca, quien formuló acusación a 28 campesinos de Porcón Bajo y solicitó se les imponga SEIS años de PENA PRIVATIVA DE SU LIBERTAD a cada uno de ellos y el pago de CINCO MIL NUEVOS SOLES por concepto de REPARACIÓN CIVIL, por haber salido a protestar contra Minera Yanacocha por haberlos dejado sin agua.
ANTECEDENTES:
El día 11 de setiembre, en horas de la mañana a la altura del kilometro 13 y ½ de la carretera Cajamarca-Bambamarca, Porcón Bajo, los usuarios del canal Quilish- Chilincaga se reunieron para reclamar a la empresa Minera Yanacocha SRL por haberlos dejado sin agua. Este hecho se produjo dado a que la minera habría construido un pozo tubular a la altura del km. 24 con el objeto de extraer agua que sería usada por el personal que labora en las oficinas de la mencionada empresa, lo cual habría producido la sequía de sus manantiales que se encuentran muy cercanos a dónde se perforó para el pozo tubular; con ello desabastecieron del vital elemento a los moradores del Centro Poblado Menor de Porcón Bajo, por lo que los campesinos salieron a protestar ante la desesperación de no ser escuchados ni por la empresa ni por las autoridades.
Lejos de darles solución a su problema Yanacocha mandó un contingente policial de DINOES- Lima que se encuentra acantonado en sus instalaciones, el cual procedió a golpear brutalmente a los campesinos y agredirlos con gases lacrimógenos.
Aun cuando los campesinos fueron los más afectados en este ataque, terminaron siendo denunciados por delitos de disturbios, bloqueo de carretera y violencia a la Autoridad.
DEL PROCESO Y SUS DEFICIENCIAS
El 08 de noviembre del dos mil siete, el Juez del Primer Juzgado Penal de Cajamarca-Daniel Holguín Morán abre instrucción en el expediente 1546-2007 contra 32 campesinos por la comisión del delito contra la Tranquilidad Pública-Paz Pública en su figura de disturbios y por el delito contra la Seguridad Pública, en su figura de Atentados contra los Medios de Comunicación y otros servicios públicos, ambos en agravio del Estado, y por Violencia y Resistencia a la Autoridad Agravada en agravio del Estado y los efectivos policiales que participaron en el hecho.
El referido proceso judicial a seguido su tramite con deficiencias que han ocasionado no se respete un debido proceso e incluso se viole la presunción de inocencia que tiene toda persona, es así que algunos de los procesados no han podido ejercer su derecho de defensa toda vez que cuando se han apersonado al juzgado a rendir su declaración instructiva No se encontraba al Juez, el Fiscal No asistía o porque se programaban éstas diligencias en fechas de feriados, por lo que un grupo de procesados se han quedaron sin declarar.
LA ACUSACION FISCAL
Sin más pruebas que algunas declaraciones de los encausados y declaraciones de tres efectivos policiales quienes además aducen que No pueden reconocer a los partícipes y autores del hecho, el Fiscal Dávila opina porque se les imponga seis años de Pena Privativa de Libertar y el pago de Cinco mil nuevos soles por concepto de Reparación Civil.
El Fiscal ha acusado sin tener mayor prueba sobre los hechos, pues ha basado su acusación solo en Testimoniales de 3 policías, que además como hemos señalado han manifestado “No reconocer a ninguno de los imputados como autores del ilícito”. Las testimoniales además, no son pruebas plenas en un proceso.
El Fiscal acusa a campesinos que incluso han presentado pruebas (Constancias de trabajo) de que ese día estuvieron en otro lugar y no dónde se suscitaron los hechos, es el caso de José Domingo Yopla Ayay, Gregorio Ayay Calua, Patrocinio Ishpilco Ayay y Corpus Chuquimango Ispilco. Frente a esas pruebas el Fiscal ni siquiera se ha pronunciado.
Acusa incluso a 13 campesinos a los cuales no se les dio Derecho a Defensa pues como lo mencionamos, pese a que ellos se presentaron a declarar, no les tomaron la manifestación.
Del mismo modo existe un video que obra en el expediente pero que ni el Juez ni el Fiscal se tomaron la molestia de verificar.
Finalmente queremos resaltar que quienes están procesados curiosamente son los líderes de la Comunidad empezando del Alcalde de Porcón Bajo-Juan Calua Castrejón, los presidentes de los canales de Quilish-Porcón Bajo-Chilincaga, Rosario Ispilco Ayay y Seferino Zambrano Yopla, y demás líderes de la comunidad que se han opuesto y han reclamado frente a los abusos que viene cometiendo Minera Yanacocha.
Es acaso esta Acusación un reflejo de lo mal que está el Sistema Judicial y Fiscal que puede emitir una Acusación tan poco seria sin tener elementos probatorios, o acaso es que en este caso hay detrás presiones de quienes les interesa que estos campesinos sean criminalizados y no sigan protestando por la violación a un derecho fundamental como es el Agua.
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