MIRTHA VÁSQUEZ RESPONDE A YANACOCHA

RESPUESTA DE LA DRA. MIRTHA VASQUEZ A GERENTE (COMUNICACIONES DE YANACOCHA SOBRE ACUSACIÓN, BAJA Y CUESTIONABLE.

DRA. MIRTHA VASQUEZ: Al parecer, ayer el Gerente de Comunicaciones de Yanacocha escribió esto en su facebook, referente a la familia Chaupe. No puedo aceptar tales aseveraciones graves que hace, increiblemente acusa a la familia de estar desplegando una estrategia para causar conflictos, atribuye esto a un asesoramiento legal (ósea mío), y encima dice que esto dificulta un diálogo. Qué diálogo quieren instaurar, ellos perdieron un proceso y están obligados a cumplir con la ley, eso no se puede negociar. AQUI MI RESPUESTA.

1. La familia Chaupe está asentada y viviendo en un predio denominado Tragadero Grande que tiene 24.8 Has de terreno. Tienen documentos que acreditan que compraron ese predio y que han sido posesionarios reconocidos por la por la propia comunidad desde el año 1994. Uds. solo tienen dos escrituras que acreditan que compraron casi 500 Has. en las cuales no se sabe si el predio en cuestión está comprendidos (eso debería ser motivo de un peritaje), es decir tienen documentos no precisos con los que NO pueden reclamar esa propiedad (entonces deberían ir primero a un juicio civil) .

2) La familia fue acusada por Uds. de haber invadido el predio ilegalmente. En juicio se probó que esto no fue así; así que al absolverlos se reconoce tácitamente el derecho de posesionarios que los mismos tienen en dicho predio. El derecho de posesión genera facultades para desarrollar cualquier actividad que ellos quieran realizar en dicho lugar. Por eso, con todo derecho los mismos pueden trabajar la tierra, pastar, construir o cualquier actividad que quieran realizar.

3) Bajo ningún concepto Uds. ni nadie puede ir al predio ocupado por la familia (que además nunca fue poseído por la empresa) y perturbar su posesión y destruir lo que están haciendo, y no lo pueden hacer porque Uds. ni han acreditado ser propietarios y menos aún son poseedores que son los requisitos que la ley exige para ejercer alguna acción e defensa posesoria. Por eso, están DENUNCIADOS en la Fiscalía de Celendín.

4) La familia tiene cautelares de la CIDH y tiene garantías de la Gobernación que ordenan medidas de protección porqué? porque dichas autoridades han obtenido elementos para determinar que Uds. como empresa están constantemente amenazándolos y perturbando sus derechos. Sería responsable que Uds. tomen en cuenta las decisiones de estas autoridades.

AQUI LO QUE ESCRIBIÓ ROBERTO DEL ÁGUILA: Gerente de Comunicaciones de Yanacocha

Casi nunca escribo en Facebook sobre mi trabajo. Pero la situación que está viviendo el país me preocupa. Por eso voy a contarles lo siguiente:

Hoy, jueves 14 de mayo, la familia Chaupe nuevamente invadió un predio colindante al que está ocupando desde el año 2011, e inició el levantamiento de una pequeña construcción de barro. La familia Chaupe sabe que no debe construir nada en el lugar, pues se encuentra en terrenos que son propiedad de Yanacocha, y sabe que la empresa nuevamente tendrá que retirar esta construcción. Por eso cabe preguntarse por qué la familia Chaupe continúa realizando estas acciones. Dos parecen ser las razones:

1. La familia Chaupe busca crear situaciones de enfrentamiento que puedan generar atención mediática nacional e internacional.

2. La familia Chaupe busca invadir un nuevo predio para que, cuando finalmente se obtenga una resolución de desalojo, pueda argumentar que esa resolución solo se aplica al predio invadido en 2011 y no al predio invadido en 2015.

Estas acciones parecen ser parte de una estrategia legal. De ser cierta, esta actuación sería muy irresponsable, no solo porque se estaría vulnerando sistemáticamente los derechos de la empresa, sino porque también se estaría generando deliberadamente situaciones de confrontación que la empresa desea evitar.

Es evidente que estas acciones dificultan, además, el inicio de un diálogo constructivo que la empresa viene invocando desde hace varios meses.

https://www.facebook.com/rda63/posts/10153362112414669?pnref=story

UNA HISTORIA QUE SE REPITE. HABLANDO DE “TERRORISTAS ANTIMINEROS” QUE VAN EN BUSCA DE LENTEJAS”

PRESIDENTA DEL CONGRESO, ANA MARÍA SOLÓRZANO, PARTICIPÓ EN PROTESTAS CONTRA TÍA MARÍA EN EL AÑO 2011

Ana María Solórzano, que sería elegida poco después como congresista, participa
 activamente de la protesta contra Tía María en marzo de 2011 (Foto: archivo El Búho)

Era el 30 de marzo de 2011. Aquel día se había dado a conocer, por canales extraoficiales, 

el resultado de la evaluación que hiciera la UNOPS (organismo técnico de evaluación de 

proyectos de las Naciones Unidas)  al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María,

 en el que se consignaron más de 300 recomendaciones y 138 observaciones.

El gobierno de Alan García Pérez y su Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, 

se habían empeñado, desde hacía meses, en defender el EIA, que “había pasado

 por todas las revisiones pertinentes” y cumplía todos los requisitos de la legislación

 peruana, según decía ardorosamente el propio ministro. Ante las protestas y claras

 omisiones del Estudio, en noviembre de 2010, accedió a su revisión por UNOPS; 

pero cuando el informe estaba a punto de culminarse, con graves observaciones, el 

gobierno rompió unilaterlamente el contrato argumentando problemas presupuestales e

 intentó evitar que se hiciera público. (ver investigación de IDL reporteros aquí

 El escándalo de la Unops, el ministro y Tía María)

Finalmente UNOPS hizo público el estudio el 30 de marzo, “colgándolo” en Internet

 a pesar de que el gobierno peruano no le había cancelado sus servicios. Esto ocurrió

 en pleno paro indefinido decretado por el Frente de Denfensa del Valle de Tambo, 

que había iniciado el 24 de marzo. El gobierno -idem que el actual- había enviado

 al Ejército a apaciguar la protesta, en plena efervescencia.

Ana María Solórzano, quien era la candidata número 1 del nacionalismo en 

Arequipa, participó activamente en esa protesta. Aquí la vemos en una marcha, junto

 al hoy alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz, quien en días pasados le envió

 un mensaje a Ollanta Humala, irreproducible por su obcenidad, pero al parecer, muy sentido.

Ana María Solórzano en segunda fila. En el extremo izquierdo, con camisa clara, Jaime de la Cruz, entonces presidente 
de un Frente de Defensa.

Pocos días antes, el entonces candidato presidencial, Ollanta Humala, había estado en
 Cocachacra, alentando la protesta y prometiendo defender sus pedidos y hacerlos respetar,
 frente a la imposición del gobierno central. “Hasta en esto se ve que el gobierno central 
favorece a los grandes grupos económicos, antes de escuchar al pueblo… la voz del pueblo 
es la voz de Dios y se hará respetar…el presidente de la República, tendrá que 
venir aquí personalmente y no mentir, y si miente, tendrá que ser vacado”, dijo en medio de
 aplausos. Aquí el vídeo

VIDEO. Candidato Ollanta Humala en Cocachacra: youtube.com/watch?v=-b6Gf6z8bBI

Como no podía ser de otra manera, tras el ingreso del Ejército, pocos días despues, el lunes 3
 de abril se produjo la primera muerte como consecuencia del enfrentamiento de la población
 con las fuerzas del orden. La Defensoría del Pueblo intervino intentando buscar una tregua, 
pero no lo consiguió: el jueves 7 de abril se produjeron dos muertes más, enlutando a
 humildes familias campesinas del lugar. Los tiros nunca alcanzaron a los revoltosos, 
radicales, antimineros y proterroristas que, según el gobierno, eran los que impulsaban la protesta.

Cocachacra, octubre de 2010. Gracias a las protestas, gobierno accedió a la revisión del

 EIA por parte de Unops.

Solo después de estas muertes y ante la aplastante evidencia del estudio de Unops,

 el gobierno finalmente cedió y suspendió el proyecto. Aquí la publicación que hizo

 el diario Correo de Arequipa con fecha 9 de abril de 2011.Tras los problemas

 en la provincia arequipeña de Islay, que dejaron cuatro muertos, el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) declaró ayer “inadmisible” el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) del proyecto cuprífero Tía María, dirigido por la 

Southern Copper Corporation.“Hemos anunciado la emisión de una resolución

 directoral que declara inadmisible el proyecto e igualmente dispone que la empresa

 debe abstenerse de ejecutar cualquier actividad minera en la zona”, declaró el ministro 

de Energía y Minas, Pedro Sánchez, tras una reunión con dirigentes de los

 manifestantes y autoridades arequipeñas.Agregó que también se ha dispuesto que 

Southern inicie el retiro de equipos, maquinaria e insumos que ya había llevado

 al lugar del proyecto.Sánchez recordó que una de las medidas que planteó el MEM 

para resolver la problemática sobre este caso fue que la Oficina de las Naciones 

Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) sea la que evalúe la viabilidad

 del EIA, pero la empresa no levantó las observaciones de esta entidad, lo cual

 deriva en la nulidad del proyecto.

Cuando ingresó el gobierno de Ollanta Humala, hubo un significativo cambio. En

 su interpretación, el proyecto no estaba suspendido, sino solo tenía el EIA anulado.

 Acordó con la empresa que admitirían la presentación de un nuevo EIA y podía

 seguir con el proyecto. Así, Southern inició una nueva estrategia de aproximación 

a ciertos sectores de la población y mandó elaborar un nuevo Estudio de Impacto

 Ambiental que presentó en 2014, siendo aprobado 3 meses después.

Cuatro años después de aquella marcha, Ana María Solórzano volvió a participar

 activamente en un nuevo conflicto alrededor del proyecto Tía María, pero esta vez

 lo hizo desde el otro lado del mostrador. Vino junto a una delegación de congresistas,

 ministros y alcaldes a intentar “persuadir” a los opositores de que, ésta vez, el EIA

 es perfecto, que no es necesaria la revisión de Unops, que es necesario deponer la

 protesta y que los opositores son solo “radicales antimineros”.

Miércoles 29 de abril de 2015. Congresistas por Arequipa, liderados por Solórzano impusieron su presencia en la

 “mesa de diálogo” que se frustró por el retiro de los representantes del Valle de Tambo, ante el numeroso grupo 

que se les puso el frente.

http://elbuho.pe/2015/05/11/una-historia-que-se-repite-hablando-de-terroristas-antimineros-que-van-en-busca-de-lentejas/

Nosotros matamos más

Aldo Miyashiro

Nos estamos matando. Nos odiamos con tanta furia que aterra saber que compartimos la misma nacionalidad. Vomitamos toda nuestra frustración con la única intención de hacer daño. La idea pasa por menospreciar, ningunear, menoscabar, humillar al otro.

Celebramos la derrota y la miseria ajena. Los triunfos de los compatriotas nos joden, nos hierven por dentro, nos provoca escupir. 

Y las muertes ya no nos conmueven.

La sangre derramada no nos toca, la sentimos distante como música de fondo en nuestra egoísta y rutinaria película de hombre trabajador en el Perú de la comida deliciosa que muchos no pueden comer.

Dos peruanos han muerto en un enfrentamiento que todos subestimaron. Una crisis por no escuchar al que piensa diferente. Una disputa violenta que se repite con los mismos elementos y que solo cambia de escenario. Los de un lado les dirán terroristas a quienes quieren protestar porque no quieren que sus hijos respiren un aire maleado por el metal. Los de la otra vereda gritaran fascistas a los que buscan que la economía no se caiga a partir de la actividad que manda. Nadie escuchará. Nadie buscará un equilibrio que permita el razonable progreso del país, con información previa a los que viven y trabajan en el lugar, con beneficios reales para la comunidad que permitan compensar la jodida necesidad de tener que golpear el medio ambiente, compartir esas ganancias y elaborar un proyecto que involucre a todos, que genere grandes utilidades y mejores colegios, calificados puestos de trabajo e instalaciones deportivas. Que entregue tanta riqueza que pueda terminar con la pobreza.

No sucede nada de eso. En cada conflicto seguimos muriendo. Policías que ganan un sueldo miserable son mandados al paredón desde Bagua. Los ciudadanos de segunda clase se preparan para morir. Estamos en una guerra absurda y dolorosa. Tan dolorosa que nadie parece querer la solución, los intereses valen más que la vida. Tan absurda que nuestros políticos con su magnífica sensibilidad y valentía se hieren solamente por Twitter.

Que no nos volvamos a matar durante veinte años.

http://www.larepublica.pe/columnistas/chino-de-mi-barrio/nosotros-matamos-mas-11-05-2015

EL FUNERAL DE TIA MARÍA

 

Por Claudia Cisneros

Ni a la minera ni al gobierno ni a dirigentes como el tal Pepe Julio les importa 3 carajos los peruanos muertos: 2 agricultores y 1 policía, solo les interesa el lucro. El Gobierno sigue actuando como vocero desvergonzado de la empresa, los pobladores lo saben y por eso desconfían de cualquier cosa que diga u ofrezca. La minera compra con su dinero la dignidad y el uniforme de algunos policías que fungen de sicarios, siembran falsas pruebas para desprestigiar a los manifestantes. El tal Pepe Julio vende su influencia sobre los manifestantes por dinero. Es cierto que puede que ese audio no sea de la protesta actual sino del 2011, como apunta Rebeca Diz en el semanario de Hildebrandt, pero para el caso la gravedad es la misma: traficar con el poder de movilización es de canallas. El daño es agravado porque su canallada será usada por la mina y el Gobierno, y sus medios-cajas-de-resonancia para deslegitimar la protesta.

Por eso es importante que quienes realmente buscan una resolución a este malogrado conflicto, tomen en cuenta que el fondo del asunto está más allá de la coima de Southern a un sinvergüenza dirigente, más allá de las fuerzas en escalada de violencia del lado estatal y civil. El fondo y origen de este conflicto, que va camino al desgarramiento nacional, está en lo que José de Echave explica muy bien en su última columna en Hildebrandt en sus Trece: las 138 observaciones que se le hicieron al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que presentó Southern en 2009.

El informe con las observaciones que hizo la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) “destrozó el EIA presentado por Southern y confirmó las preocupaciones de la población”. Como cuenta Echave, al MINEM no le quedó otra que rechazar el EIA y declararlo inadmisible (Resolución Directoral 105-2011-MEM-AAM del 8/04/2011).

Pero 2 años después la empresa volvió a arremeter presentando un nuevo EIA que supuestamente corregía el primero. El problema es que la empresa presentó este EIA un 19 de diciembre, fin de año, fiestas… en una audiencia que duró 35 minutos, con dos mil policías afuera de un local al que no dejaron entrar a dirigentes y líderes. Y a eso le llamó Merino (MINEM) “licencia social”. Esto fue en el 2013. Al 2015 la empresa sigue intentando imponer a la mala el proyecto y no ha hecho más que seguir alimentando su descrédito. Lo último ha sido el sembrado de armas a un inocente agricultor en supuesta complicidad de policías contratados por la empresa y medios de comunicación como Correo. Se prestan para el montaje y para fijar los calificativos de “terroristas antimineros”. Lo del bus quemado en Matarani es otro ejemplo. Aparece “en un lugar alejado al que se producían las manifestaciones” (Rebeca Diz) y sin que nadie explique cómo llegó allí con las carreteras bloqueadas.

Pero llegado a este punto: 47 días de conflicto, 180 heridos y 3 muertos, es responsabilidad del Gobierno garantizar la vida de los peruanos: manifestantes y policías. Policías que han sido enviados sin entrenamiento en conflictos ni recursos, como ha acusado la esposa de Henry Vásquez del S.O. asesinado a pedradas por una turba. Ernesto Vásquez, hermano del policía caído ha responsabilizado a Humala por enviarlos sin recursos, mal alimentados, sin capacitación. También lo confirma Doris Cornejo, corresponsal de Canal N.

Si el Gobierno tomara en serio la defensa de la vida lo que cabría en este momento es declarar la suspensión de Tía María. A veces dar un paso atrás es ser responsable, no débil. Pero el Gobierno ha decidido enviar un contingente militar a la convulsionada zona. Todos saben que los militares se entrenan para matar, no para persuadir. Si eso ocurre, sería simple y puro asesinato que vulnera los derechos humanos y Humala, Cateriano y el ministro de Defensa podrán ser procesados por ello. Si el Gobierno realmente quisiera recobrar la paz en la zona y proteger a los peruanos, no estaría amenazando con militares o estados de emergencia, estaría suspendiendo hasta nuevo aviso el proyecto y buscando recuperar puentes de diálogo pero con los asuntos de fondo y con los interlocutores que no estén contaminados por la plata sucia de la minera.

“Democracia no es enfrentar a la policía con el pueblo”, ha dicho a Humala Ma. Isabel Álvarez, viuda del policía muerto. Democracia tampoco es imponer a sangre y bala un proyecto que viene viciado por la desconfianza legítima, probada con el prontuario de la empresa Southern que bien se conoce en Arequipa. El Gobierno y la empresa quieren sangre, muerte y bala. Quieren cifras, quieren plata, quieren lucro como sea y a costa de quien sea. Y a eso le llaman desarrollo…

Fuente: La República.pe

CAJAMARCA SE UNE AL PARO DE AREQUIPA

El Fin De Tía María

Por: Fernando Rospigliosi

El proyecto minero Tía María está liquidado aunque el gobierno y la empresa, al momento de escribir estas líneas, se nieguen todavía a reconocerlo. En verdad, no quieren admitir que han sido derrotados y están buscando una salida decorosa para que la capitulación no parezca tal, es decir, de disimular su fracaso. El problema es que cada día que pasa la violencia desatada por los antimineros cobra nuevas víctimas, heridos y muertos, entre policías y civiles, y provoca un enorme daño a la mayoría de la población que no participa en los disturbios.

La decisión del gobierno de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas en Islay no va a cambiar las cosas y eventualmente podría provocar más víctimas.

No es seguro que la presencia militar disuada a los revoltosos. Si eso no sucede, es decir, si siguen las manifestaciones y bloqueos ¿qué pueden hacer los militares? Solo una cosa, disparar con fusiles. Ni su entrenamiento, ni su experiencia, ni su equipamiento les sirve para otra acción. ¿Está el gobierno dispuesto a dar la orden a los soldados de disparar a la multitud?

Hay varias experiencias recientes en las que ni el estado de emergencia, ni la presencia militar sirvieron para acabar con una revuelta cuando ésta había llegado a determinado nivel. Por lo general exacerban los ánimos, causan más víctimas y no logran imponer lo que se estaba buscando.

En el supuesto que se pudiera derrotar la revuelta, que ya lleva casi 50 días, con tropas en las calles, eso no garantizaría en modo alguno que el proyecto minero pueda realizarse. ¿Cuánto tiempo tendría que prolongarse esa situación? ¿Van a mantener a centenares o miles de policías y soldados indefinidamente en el valle del Tambo? ¿Qué ocurriría cuando se otorgue el permiso de construcción de la mina y empiecen los trabajos? ¿Qué hacer cuando los agitadores, con los ojos puestos en el próximo proceso electoral, realicen movilizaciones y paros de solidaridad en Arequipa y otras ciudades del sur?

Este gobierno ya tiene en su haber 59 muertos y centenares de heridos en conflictos. (“Gestión”, 7/5/15). Hay que añadir a esa luctuosa contabilidad al policía Alberto Vásquez que falleció el sábado después de ser masacrado por los huelguistas. Y fue un gobierno que a su inicio proclamó a los cuatro vientos que él sí sabría resolver los conflictos sociales armoniosamente y sin una sola víctima.

El gobierno ha sido incapaz de poner orden antes. Las leyes vigentes prohíben bloquear carreteras y sancionan con elevadas penas de cárcel a quienes lo hacen. También reprimen con prisión a quienes atacan con extremada violencia a los policías y les causan daños. Y así sucesivamente. ¿Acaso el gobierno ha podido aplicar esas leyes en siete semanas de disturbios en Islay? Peor aún ¿acaso pudo aplicarlas hace algunos meses en Pichanaki? ¿Acaso las aplicó en Cajamarca, durante o después del conflicto de Conga? ¿Alguien cree que podrá hacerlo ahora?

La catadura de varios de los dirigentes de los disturbios ha sido puesta al descubierto con la difusión de algunas de sus conversaciones. Según esas denuncias, Pepe Julio Gutiérrez, militante de Tierra y Libertad, negociaba un pago de un millón y medio de dólares para él y otros dos dirigentes a cambio de levantar la huelga. Es probable que el intento de cobrar ese soborno sea cierto. Pero eso no cambiará la situación.

Primero, porque una vez desatada la violencia, hay grupos organizados que escapan al control de esos dirigentes y que persistirán en su tarea de provocar enfrentamientos y escaramuzas con las fuerzas del orden. Segundo, porque mucha gente no dará crédito a esa información o no le importará, como ocurrió con Gregorio Santos en Cajamarca que, preso por corrupción, ganó abrumadoramente la elección regional.

Ya es hora de asumir la realidad. La Southern –que ha hecho lo suyo para empeorar las cosas- debería suspender el proyecto minero, en espera de un nuevo gobierno más hábil, competente y enérgico. Es una derrota para la empresa, para el gobierno y para el país, que necesita hoy con más urgencia que antes inversiones en minería y en todos los sectores. Pero está claro que en estas condiciones Tía María no es viable.

¡NI UN MUERTO MÁS!

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE ISLAY, VALLE DEL TAMBO Y LA REGIÓN AREQUIPA

En el Valle de Tambo y otras localidades de la Región Arequipa se han producido en las últimas semanas graves hechos de sangre, con resultado de 2 muertos hasta el momento, los señores Victoriano Huayna el 22 de abril y, la madrugada del miércoles 6 de mayo, Henry Checclla Chura de 35 años. Además se han producido decenas de heridos y detenidos. Estos hechos han sido provocados por la Policía Nacional del Perú (PNP) que ha actuado por orden del Gobierno del Presidente Ollanta Humala y su Primer Ministro Pedro Cateriano, que buscan imponer a sangre y fuego el proyecto cuprífero Tía María rechazado por la inmensa mayoría de la población de esta región.

El Gobierno Regional de Cajamarca se solidariza con los afectados y sus familiares, rechaza el uso de la violencia contra el diálogo solicitado por las autoridades locales y declara lo siguiente: 

1. Como Buenaventura y Newmont en Yanacocha y Conga en nuestra Región Cajamarca, la Southern Peru Cooper Corporation en Ilo y Río Tambo-Tía María tienen una larga y negra historia de falta de respecto a la población local, a sus usos y costumbres, a sus reclamos justos y con estos proyectos extractivos afectan los recursos naturales de sus tierras como el agua, que es la única fuente de sustento que tienen para desarrollar una agricultura sostenible.

2. La muerte de Checlla Chura y Victoriano Huayna, nos remontan a agosto del 2009 cuando se iniciaron los talleres informativos de Southern Perú para dar a conocer Tía María, rechazada por los agricultores del Río Tambo, así como los violentos acontecimientos del 7 de abril del 2011 en Mollendo, donde murieron Andrés Taipe (22), Aurelio Huarcapuma (50) y Néstor Cerezo Patano (31) por las armas de la PNP.

3. No se entiende estos hechos de sangre, mientras los alcaldes del Valle de Tambo, en carta dirigida al Dr. Rolando Luque Mogrovejo de la Defensoría del Pueblo le solicitaron que haga de mediador ante el Presidente del Consejo Ministros para retomar el diálogo. El Ministro del Interior ordenó a la PNP reprimir hasta provocar la muerte de ciudadanos que se solidarizan y protestan contra la amenaza de contaminación que provocará el Proyecto Tía María en el Valle de Tambo por la explotación minera en las pampas de Cachendo. La policía usó armas letales porque les ordenaron que lo hicieran y no es por desobediencia o temor a ser rebasados por la protesta de la población.

4. Estos hechos tienen responsables políticos y operativos que son el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior, el Director general de la Policía y el comando instalado en Islay. Por lo tanto, no caben las disculpas y tampoco condenar los excesos Lo que corresponde es la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano que debe ser aplicada por el Presidente Ollanta Humala quien, lamentablemente, se convertiría de facto en un mandatario defensor del capital trasnacional minero si no lo hace, perdiendo así autoridad política.

5. No es posible el dialogo en circunstancias de sangre derramada y ministros que han perdido credibilidad y sin autoridad política. Se requieren gestos de respeto a la población que protesta y a los acuerdos a los que se pueda llegar mediante el dialogo. Para ello, creemos que la única forma de llevarse a cabo un diálogo sincero, pasa por los siguientes pasos:

Primero: nombrar un mediador que sirva de puente con el Ejecutivo y con la SPCC, que pudiera ser el Dr. Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo de Arequipa o el Padre Gastón Garatea que también fue mediador en el la lucha de nuestro pueblo contra el proyecto Conga.

Segundo: en la primera reunión se debe acordar una metodología, quienes participan, temas a tratar y cronograma, así como las condiciones para el dialogo, como son parar el conflicto, no más violencia y si el Ejecutivo insiste en solicitar el levantamiento del paro, que la policía se retire.

Tercero: organizar equipos de profesionales por ambos lados para discutir los argumentos del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio del Ambiente y de la empresa SPCC en reuniones futuras.

Cuarto: mientras se desarrolla el diálogo, se debe suspender y eventualmente anular las concesiones de los yacimientos mineros de Tía María y La Tapada en el Valle de Tambo.

Quinto: en caso se entrampe el diálogo, organizar simultáneamente la consulta a la población del Valle vía referéndum, para cada jurisdicción distrital.

Cajamarca, 8 de Mayo 2015

Minería: preguntas políticamente incorrectas

Por: 

Hugo Cabieses

Los casos de Yanacocha-Conga en Cajamarca, Tía María-Southern en Arequipa y Pluspetrol-Repsol en Loreto son los más recientes y conocidos de cómo las empresas extractivas que no cumplen siquiera con los 10 principios que la mayoría de ellas, agrupadas en el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por su sigla en inglés) firmaron en 2002.

 El ICMM agrupa a 28 empresas grandes y 30 asociaciones mineras nacionales y regionales entre las que está nada menos que la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP). Que es para “atender los principales retos en materia de desarrollo sustentable que enfrenta esta industria”.

Las grandes empresas conformantes y firmantes de estos principios son las siguientes: ARM-African Rainbow Minerals (Sudáfrica), Alcoa (EEUU), Anglo American (Inglaterra y EEUU), AngloGold Ashanti (Sudáfrica),Antofagasta Minerals (Chile), Areva (Francia), Barrick (Canadá), BHP Billiton (Australia), Codelco (Chile), Freeport-McMoRan (EEUU), Copper & Gold (EEUU), Glencore-Xtrata (Suiza), Gold Corp (Canadá), Gold Fields (Sudáfrica), Hydro (Noruega), JX Nippon Mining & Metals (Japón), Lonmin (Inglaterra y Sudáfrica), MMG (Australia), Mitsubishi Materials (Japón), Newmont (EEUU), Nippon Mining & Metals (Japón), Noranda (Canadá), Pasminco (Australia), Placer Dome (Canadá), Rio Tinto (Inglaterra), Sumitomo Metal Mining (Japón), Tec (Canadá), Umicore y WMC Resources. Las marcadas en negro son algunas de las que están en Cajamarca.

 

Claro que en el clamoroso incumplimiento de principios de Responsabilidad Socio-Ambiental (RSA) que enarbolan en el papel, cuentan con la complicidad del actual gobierno, tal como se expresa en el tercer paquete anti-ambiental de julio del año pasado y el que se viene pronto.

 

Es sabido que la Ley 30230 del tercer paquete anti-ambiental que nos dejó como herencia Luis Miguel Castilla, baja las vallas ambientales, nos pasea con el ordenamiento territorial no vinculante, perdona deudas por “conductas ambientales infractoras”, puentea al MINAM y al SERNANP respecto a las áreas naturales protegidas y ningunea el rol de rectoría ambiental del Ministerio del Ambiente (MINAM) en cuanto estándares de calidad ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP). Todo ello, dizque para promover las inversiones.

 

Con razón, muchos empresarios mineros se preguntan “¿por qué tengo que cumplir en el Perú con estándares ambientales y sociales que el gobierno no me exige?”. Y tienen razón. Los principios aprobados y suscritos en mayo del 2003 por muchos de estos empresarios e incluso por la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo (SNMP) que también es firmante, son los siguientes:

 

1) “Implementar y mantener prácticas éticas de negocios y sistemas sólidos de gobierno corporativo”. ¿Cómo Newmont y Buenaventura que negociaron Yanacocha con Montesinos la entrega de concesión o Southern-Tía María en Arequipa?

2) “Integrar los temas de desarrollo sustentable al proceso de toma de decisiones de la empresa”. ¿Impulsando minería en cabeceras de cuenca como Conga-Yanacocha, Tía María-Southern y Barrick-Quiruvilca?

3) “Apoyar los derechos humanos fundamentales y el respeto por culturas, costumbres y valores, en la relación con los empleados y otros grupos afectados por nuestras actividades”. ¿Cómo en Glencore-Xtrata en Espinar o Yanacocha-Buenaventura en Cajamarca?

4) “Implementar estrategias de gestión de riesgo basadas en información válida y una sólida base científica”. ¿Cómo la que no quiso proporcionar Yanacocha en Choropampa o Glencore-Xtrata en Espinar?

5) “Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño en salud y seguridad”. ¿Cómo no hacen casi todas las empresas mineras con la anuencia del Gobierno?

6) “Buscar el mejoramiento continuo de nuestro desempeño ambiental”. ¿Con las vallas ambientales más bajas que en sus países de origen y lo que ordena la OCDE o la UE?

7) “Contribuir a la conservación de la biodiversidad y a enfoques integrados de planificación territorial”. ¿Con las campañas y cabildeo en el congreso de todas las empresas mineras sin excepción contra la Ley de ordenamiento territorial con la anuencia de congresistas y el Gobierno?

8) “Facilitar y estimular el diseño, uso, reutilización, reciclaje y disposición responsables de nuestros productos”. ¿Cómo Nystar con el relave Tamboraque en San Mateo o los relaves de Barrick-Quiruvilca en Huamachuco?

9) “Contribuir al desarrollo social, económico e institucional de las comunidades situadas en nuestras áreas de operación”. ¿Con la permanente acusación de “minero-terroristas” contra los dirigentes de las comunidades, incluyendo alcaldes como en el caso de Tía María en Arequipa o lo que sucede todos los días con Conga en Cajamarca?

10) “Implementar con nuestras partes interesadas mecanismos de información, comunicación y participación que sean efectivos, transparentes y verificables independientemente”. ¿Con las mineras individualmente o a través de la SNMP amedrentando a los que se oponen?

 

La mayoría de estas empresas explotan minas o tienen concesiones mineras en el Perú, pero en su relación con las comunidades y el gobierno peruano, no cumplen con los principios que han firmado. ¿Es tan difícil cumplir con estos principios? Creo que no y estoy seguro que si estas empresas cumplieran con estos 10 principios y el Gobierno los hiciera cumplir, no habrán tantos conflictos socio-ambientales en este sector.