CAMPESINOS DE PORCON FUERON SENTENCIADOS A PENA DE CUATRO AÑOS DE CARCEL Y MULTA POR DEFENDER LAS AGUAS DEL QUILISH

El día lunes 23 de marzo de 2009, nueve campesinos fueron sentenciados por el Primer Juzgado Penal de Cajamarca a cumplir pena de cuatro años de cárcel suspendida (lo que significa que no irán a prisión efectiva pero que tendrán que firmar los 30 de cada mes, así como al pago de una multa de 3,000 nuevos soles en forma solidaria.

El “delito” que cometieron los campesinos fue que, agotada toda vía de reclamo pacífico con la Minera Yanacocha y las autoridades locales para que se les restableciera las aguas de sus manantiales que habían sido afectadas por la construcción de un pozo tubular por parte de Minera Yanacocha, los usuarios de riego del Canal de El Quilish decidieron protestar pacíficamente, delante de la Parroquia “Cristo Ramos” de Porcón en el km. 14 de la carretera a la mina, lo cual provocó que un escuadrón de las fuerzas especiales de la policía (DINOES) que se hallaba trabajando bajo contrato privado para la empresa minera interviniera con una brutalidad inusitada que dejó varios campesinos heridos (11.setiembre.2007)

El juez exculpó a los campesinos de los delitos de Violencia y Resistencia a la autoridad y disturbios, sin embargo retuvo el cargo de bloqueo de carreteras, que como sabemos es hoy un delito muy grave debido a las leyes de criminalización de la protesta social del gobierno de Alan García. Estas leyes permiten encarcelar o aún eliminar físicamente a quienes protesten por la vulneración de sus derechos.

La sentencia será apelada por la defensa legal de los campesinos, la cual es ejercida por la Dra. Mirtha Vásquez, directora de la ONG GRUFIDES de Cajamarca. El caso reviste especial importancia puesto que Minera Yanacocha, amparándose en la crisis financiera viene intentando apoyo político y desplegando costosas campañas publicitarias que le permitan expandir sus operaciones en el Cerro Quilish, si se hubiera producido una sentencia privativa de libertad para los campesinos ella habría sido utilizada como un escarmiento para todo otro cualquier campesino que quisiera defender sus aguas.

Aunque, en justicia, hubiera sido de esperar que el juez absolviera a los campesinos de toda pena, la actual sentencia será apelada y se espera que la instancia superior, la justicia alcance de verdad a los campesinos y el poder judicial recupere la legitimidad y credibilidad tan necesarias para el estado de derecho que ha sido trastocado y menoscabado por la influencia, la manipulación o casos de corrupción que los grupos de poder económico tienen sobre este poder del Estado. Casos como el la sentencia de hoy muestran cómo las leyes de criminalización de las protestas del gobierno de García pueden terminar calificando como delincuentes a quienes defienden su derecho al agua.