CONTAMINACIÓN, SALUD Y MINERIA

CONTAMINACION, SALUD Y MINERÍA

EN PERÚ Y CAJAMARCA

P. Marco Arana Zegarra

MINERÍA, CONTAMINACION Y PROBLEMÁTICA DE SALUD GLOBAL

Con ocasión del año internacional de las montañas (2002) la FAO constataba que: “Con el crecimiento de la economía mundial y de la demanda de metales y minerales, las empresas mineras buscan más que nunca los ricos depósitos de las montañas… (y que en este contexto) América Latina es actualmente el objetivo principal de las empresas mineras internacionales, y las inversiones mundiales en materia de exploración en esta región abarcan el 29 por ciento. La apertura del sector de la minería a empresas extranjeras durante el decenio de 1990, la relativa estabilidad política alcanzada, las abundantes reservas y las grandes extensiones de tierra inexploradas han convertido a muchas zonas altas y montañosas de los países latinoamericanos en objeto de gran interés.”

Sin embargo, la FAO también llamaba la atención sobre el hecho que: “La minería y el tratamiento de los minerales y los metales pueden producir desastrosas consecuencias ambientales tanto en las zonas montañosas como en las tierras bajas. Es más, como los ecosistemas montañosos son tan frágiles, su degradación puede ser difícil y a menudo imposible de corregir. Los aspectos más graves de la degradación ambiental debida a la minería son: los daños a la calidad y disponibilidad del agua; la pérdida de biodiversidad y de cubierta vegetal, y las consecuencias que la contaminación produce en la atmósfera, así como el calentamiento del planeta… (y que) La minería a menudo es un trabajo peligroso. La salud y la seguridad de los mineros y de sus comunidades de las montañas corren peligro a causa de diversos factores, desde la inhalación de humo y polvo hasta la contaminación del agua y la falta de medidas de seguridad adecuadas durante sus labores.”[1]

La contaminación provocada por actividades mineras a nivel mundial ha sido también señalada por el Informe sobre el Estado del Mundo del Instituto World Watch del año 2004: “La minería consume el 10 % de la energía mundial (4,900 a 6600 terawats/hora) y es responsable del 40 % de las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera (142 millones de toneladas de dióxido de sulfuro/año”. Según el Mineral Policy Center, a nivel mundial, son 40 los mineros que mueren diariamente en sus sitios de trabajo.[2]

Diversos estudios reconocen que: “La minería, pese a que nos da gran parte de nuestro sustento diario, también es una de las actividades más contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente y el hombre. A lo largo de la historia, ha ocasionado grandes perturbaciones en diversas partes del mundo, con graves problemas ambientales en forma directa e indirecta”.[3]

Un tema poco estudiado pero que merecería mayor atención es el relacionado con la contaminación minera y las poblaciones pobres donde frecuentemente se ubican los proyectos mineros, ya que los pobres se hallan expuestos a un mayor nivel de riesgo y mayor vulnerabilidad para su salud y seguridad, sea por la falta de acceso a información o por que están más dispuestos a tolerar los impactos ambientales negativos de las actividades mineras a cambio de que perciban algún beneficio económico de las mismas. Según los estudios del PNUD y la Universidad de Harvard a nivel mundial, se ha establecido que en las sociedades pobres la denominada “carga de la enfermedad” causante de muertes debido a problemas ambientales llega a ser del 20% lo que representa la muerte de 5 millones de personas al año, la mayoría de las cuales son mujeres y niños (3 millones relacionadas con problemas de acceso y calidad de agua y 2 millones relacionadas con el humo de las cocinas). Estas cifras de muertes causadas por contaminación en poblaciones pobres equivalen al total de las muertes causadas por la desnutrición en el mundo.[4]

MINERIA, CONTAMINACION Y SALUD EN PERU

En América Latina, diversos estudios han señalado los riesgos que representan las actividades mineras para la salud de las poblaciones pobres de su entorno: “La contaminación del agua y su calidad, el control de los residuos, el ruido, el polvo y la alteración de la tierra, son problemas que pueden afectar adversamente la salud y los medios de vida de los pobres y otros grupos vulnerables, que tienen poca capacidad de traslado ni medios para aliviar los efectos negativos.”[5]

Según De Echave, las actividades mineras en el Perú se ubican: 11.80% en poblaciones de extrema pobreza; 40.20% en poblaciones muy pobres y 36.40% en poblaciones pobres.[6] Estas poblaciones no solo se hallan en situación de mayor vulnerabilidad a su salud, sino también de mayor vulnerabilidad en el deterioro de su medio ambiente por prácticas intensivas de manejo de suelos, deforestación, así como por efecto de la expansión de las actividades mineras en sus territorios y con muy escasas posibilidades de acceso a la justicia.

A nivel nacional, cada vez son más las comunidades campesinas e indígenas y organizaciones de la sociedad civil las que han venido denunciando la grave afectación ambiental de las actividades mineras sobre la calidad y disponibilidad ambientalmente segura de los suelos, aguas y aires. Existe abundante información oficial que muestra la magnitud de estos daños ambientales en el sur, centro y norte del país, así como de la afectación de estos daños para la salud de poblaciones enteras como ha ocurrido en La Oroya, el Callao y Choropampa en Cajamarca. En los dos primeros casos, la intoxicación crónica con plomo de las poblaciones es ampliamente conocida y ha sido motivo de múltiples denuncias y de exigencias ciudadanas para una acción más eficaz del Estado. Ha sido el propio relator especial de la NN.UU. el que incorporó la recomendación Nº 58 en su informe de visita del año 2004.[7]

Para el Estado, la situación de contaminación de recursos hídricos, principalmente por actividades mineras, no es desconocida para las principales autoridades del país. Un informe de la Dirección General de Salud (DIGESA), hecho público por el Instituto Nacional de Estadística el año 2004, mostró que los recursos hídricos de los ríos Santa en Ancash, Chillón y Rímac en Lima, San Juan en Cerro de Pasco, Mantaro a lo largo de su recorrido por Pasco, Junín y Huancavelica se hallaban en situación de riesgo elevado (RE) por presencia de metales pesados y de sustancias químicas provenientes de diversas industrias, pero principalmente de unidades mineras.[8]

También fue hecho de conocimiento público por la autoridad de Saneamiento Básico de DIGESA que 16 de los 53 ríos de la costa están contaminados por los relaves mineros y vertederos de poblaciones adyacentes.[9] El problema, entonces no es tanto la falta de conocimiento o de información de la autoridad, sino la falta de capacidad del Estado para actuar sancionando a los responsables de la contaminación o mitigando los daños ambientales que constituyen un peligro para la salud de las poblaciones afectadas.

MINERIA Y SALUD EN CAJAMARCA

En los nuevos proyectos mineros de tajo abierto como Yanacocha en Cajamarca, las denuncias de las comunidades están relacionadas de manera directa con la contaminación y la disminución de los flujos de agua lo que está dando origen a diversos conflictos sobre todo en los últimos años, y en el caso de las comunidades aledañas a las zonas de operaciones también con el deterioro de la calidad del aire debido a las nubes de polvo.

Los factores ambientales disturbados por actividades mineras que tienen relación directa con daños a la salud de las poblaciones del entorno son: la contaminación de las aguas con metales pesados o alteraciones de el pH de las mismas, así como la falta de volúmenes adecuados de agua potable debido a la desaparición de la fuentes naturales de agua o alteración de los causes de ríos y quebradas. De no menor importancia es el deterioro de la calidad del aire fruto del incremento del parque automotor, la quema de millones de galones de combustible en la zona de operaciones mineras (3 millones de galones mensuales), uso de nitrato de amonio (anfo) para las labores de minado y las nubes de polvo provenientes de la zona de actividades mineras ubicadas a solo 14 kms. de la ciudad de Cajamarca.

Técnicamente se considera que la enfermedad ambiental es producida por la exposición a agentes contaminantes presentes en el ambiente y que, a diferencia de lo que sucede con otras enfermedades, en ésta no existe primariamente predisposición genética del individuo. La “enfermedad ambiental” se restringe a enfermedades no infecciosas causadas, en su mayoría, por la exposición a sustancias presentes en el ambiente. Así, la enfermedad ambiental resulta en una categoría importante de patología referida a una colectividad como resultado de exposición a determinados contaminantes ubicuos en el medio. La contaminación ambiental es definida como “todo cambio indeseable causado por el hombre en las características del aire, agua o suelo que afectan negativamente a los seres vivientes y en general al ecosistema”.[10]

En el estudio de Ramírez y León (2004) se presenta información de la evolución de las denominadas enfermedades ambientales en Cajamarca (respiratorias, oculares y cutáneas) para el periodo 1996-2001. Las variables estudiadas han sido crecimiento de población, parque automotor, consumo de energía, aumento de producción minera, lechera y ganadera. Concomitantemente, se verificó en el Hospital Regional de Cajamarca, del Ministerio de Salud, la variación de las enfermedades que pueden atribuirse a la contaminación del medio ambiente, principalmente. No se investigaron enfermedades degenerativas o mutagénicas que, en el largo plazo, también han sido atribuidas a contaminación ambiental.

Lo que el mencionado estudio muestra es que hay un incremento sostenido de las enfermedades ambientales a lo largo del periodo 1996-2001 (las actividades mineras se iniciaron el año 1993). La siguiente tabla muestra que las dermatitis aumentaron de 802 a 2,309; las respiratorias pasaron de 962 a 3,411; y las irritativas oculares de 11 a 310. Es decir, en ese lapso, las dermatitis se incrementaron 3 veces, las respiratorias 3.5 veces y las conjuntivitis en mucho mayor cantidad, aún cuando su incidencia relativa en el universo estudiado fue pequeña.

Tabla 3.- Total enfermedades ambientales por año.

Año	Total dermatitis	Total respiratorias	Conjuntivitis	Total
1996 1997 1998 1999 2000 2001	802 1 527 1 589 1 695 1 600 2 309	962 1 414 2 399 3 479 3 185 3 411	11 22 95 112 221 310	1 775 2 963 4 083 5 286 5 006 6 030

Fuente: Departamento de Archivo y Estadística Hospital Regional de la ciudad estudiada. Ministerio de Salud, Perú 2002.

Si bien el estudio llama también la atención sobre la correlación entre el crecimiento de la producción de leche y no solo de la actividad minera y las enfermedades ambientales, lo cierto es que el crecimiento de este tipo de enfermedades ha sido exponencial y está siendo también parte de los problemas que la población plantea como parte de la agenda pendiente que alimenta el clima de conflictos en la región.

Propuestas de Política y de Instrumentos de Salud Ambiental en Zonas Mineras:

1. Consideramos que dado el alto nivel de riesgo que entrañan las actividades mineras para las poblaciones de su entorno sería preciso que la política ambiental incluyera la consideración de las zonas mineras como “sitios potencialmente peligrosos para la salud” tal como lo han propuesto investigadores de salud pública en México. [11] Esta consideración traería consigo que el Estado proporcione un tratamiento especial en materia de salud a las zonas de influencia minera. Para lo cual, en la elaboración de los EIAs debiera incluirse un estudio de los riesgos de salud que el proyecto traerá para las poblaciones del área de influencia directa e indirecta. Se tiene referencias que en algunos países como Canadá o la Columbia Británica ya los estados exigen la realización de estos estudios de riesgos de salud.

2. Igualmente, en la fiscalización ambiental de las actividades mineras, que debiera ser hecha por una autoridad ambiental autónoma, debiera incluirse el monitoreo de las denominadas enfermedades ambientales (respiratorias, oculares y cutáneas) así como, de encontrarse indicadores de presencia de metales pesados en el agua y desaparición de fuentes naturales de agua, la autoridad debiera poder disponer la realización de auditorías de salud ambiental de las poblaciones del área de influencia minera de manera permanente. Para gran minería, las evaluaciones ambientales deberían ser anuales e incluir un componente de evaluación de los riesgos e impactos en la salud de las poblaciones del área de influencia del proyecto.

3. Igualmente, teniendo como referencia la afección de la salud de las poblaciones de San Juan, Choropampa y Magdalena por el derrame de mercurio, es claro que se precisa preventivamente que las empresas mineras desarrollen planes de contingencia para desastres ambientales que sean conocidos para la población, debiéndose capacitar a la población en las formas de respuesta frente a este tipo de desastres. Las poblaciones denominadas “mineras” por las cuales circulan frecuentemente grandes cantidades de sustancias tóxicas debieran ser instruidas en las formas de respuesta a este tipo de emergencias.

4. De otro lado, se precisa que se derogue el mecanismos jurídico por el cual, si una población que es afectada quiere presentar una denuncia por delito ecológico, actualmente se requiere que el Ministerio de Energía y Minas califique primero el daño. Esta autoridad no debería tener esta competencia puesto que tiene un claro conflicto de intereses. En su lugar, como todo otro delito, las poblaciones debieran poder tener el derecho de presentar su denuncia sin esta intervención aberrante del MEM.

5. En el caso de poblaciones que hayan sido afectadas por contaminación minera, sería preciso desarrollar los mecanismos jurídicos que permitan que la comunidad pueda contar con la posibilidad de designar a los supervisores independientes que acompañarán la realización de los estudios correspondientes. sería en virtud de dar transparencia a los estudios, ganar credibilidad y legitimidad.

6. Finalmente, habría que considerar cuáles serían los mecanismos para el financiamiento de la implementación de estos nuevos mecanismos de gestión de la salud ambiental en zonas donde se realizan actividades mineras.

LA SERVIDUMBRE MINERA, LA LEGALIZACIÓN DEL SAQUEO

Más de 20 lagunas y bofedales en peligro en Comunidad El Tingo

La Ley de Servidumbre minera no es más que el desalojo formal o legalizar el saqueo de nuestros recursos naturales contra la voluntad de humildes campesinos que no quieren cambiar sus costumbres y tradiciones de agrícola y forestal por la destructora y contaminadora minería irresponsable, razones sobran para los campesinos de la Comunidad El Tingo para oponerse viendo los ejemplos de Minera Yanacocha que desapareció cerros completos como “San José”, Maqui Maqui”, “La Quinua”, “Negro”, entre otros; así como las lagunas “San José”, “Yanacocha” y cuantiosos manantiales dejando sin agua a ríos y quebradas que abastecían a las comunidades adyacentes que ahora realizan marchas y protestas reclamando casi todos los días.

Después de 12 años de emitidas las leyes entreguistas del ahora preso ex presidente Alberto Fujimori específicamente la Ley Nº 26570 que modificó el artículo 7 de la Ley Nº 26505, para permitir alternativamente el establecimiento de una servidumbre minera sobre el predio la misma que está en vigencia desde enero de 1996 promulgado por el gobierno del hoy sentenciado Alberto Fujimori en Cajamarca por primera se aplicaría el saqueo a través de la modalidad de Servidumbre minera, afectando la cantidad y calidad de las aguas.

ANTECEDENTES

La comunidad Campesina El Tingo fue creada el 09 de octubre de 1956 a través de Resolución Sumprema Nº 061 e inscrita en los Registro Públicos el 11 de marzo de 1980 con el Titulo 1569/80. Por lo tanto sus tierras no pueden ser vendidas ni alquiladas a terceros menos aún para explotación minera sin el consentimiento de los dos tercios de comuneros calificados, según los propios estatutos de la comunidad.

Sin embargo la empresa Minera Coimolache que es de propiedad del grupo empresarial Buenaventura también socio de Yanacocha que opera en Cajamarca viene haciendo trabajos aproximadamente desde 1987 en las zonas de Hualgayoc y Chugur, desde el 2005 anunciaron la ejecución del proyecto Tantahuatay ubicado en territorio de la comunidad campesina el Tingo. El objetivo es iniciar una operación minera para explotación de oro principalmente.

En la actualidad varios comuneros y posesionarios de tierras de la Comunidad Campesina el Tingo ubicada en la provincia de Hualgayoc- Cajamarca, serán despojados y expulsados de sus tierras en los próximos meses; debido a que la CIA MINERA COIMOLACHE S.A. habría iniciado el proceso de “Servidumbre Minera” que no es más que un proceso igual a la expropiación, por ende se verían afectadas la cantidad de aguas de dicha cuenca pues en el mencionado sector existen más de 20 lagunas y bofedales principales afluentes de las cuenca Tingo Maygasbamba que abastece a más de 40 caseríos y 38 canales de riego en Bambamarca, caseríos como: Pilancones, Apan Alto, Apan Bajo, Palo Blanco, Frutillo, El Cumbe San José, El Cumbe Chontabamba, la Lucma, entre otros; sin embargo en forma desvergonzada y desconociendo la realidad los funcionarios de la citada minera señalan que la zona es ariaza y sin producción agropecuaria.

Ante tales afirmaciones los comuneros invitaron a un grupo de periodista independientes el pasado 07 de abril para realizar un recorrido por la zona llegando primero al lugar denominado “Hueco Grande abajo de la laguna Viera Vira, allí se constató la presencia de abundante agua bofedales por todas partes donde nace el río “Las Aguilas” y la quebrada “Yerba Buena”, también se verficó en la zona las lagunas “EL Volcán” “La Misha I, II, II, IV,” “Las Chatas” y “Sola”, entre otras; mientras que por otro lado se constató las lagunas “Los Gentiles”, “Quiwilas”, “Pampa Grande”, “Tres Amigos”, “Media Luna”, y “Minas Conga”, entre otras.

Además, para orgullo de los tingueros llegamos hasta las propias hidroeléctricas familiares que cuentan algunos comuneros, como se sabe éstas funcionan a base de agua para mover las turbinas una muestra más que existe abundante agua en dicha zona.

Ahora que tanto se pregona campañas para contrarestar el calentamiento global, creemos que es tiempo de cuidar éstas fuentes naturales de agua y el gobierno de turno tanto local como regional y nacional son los llamados a protegerlos.

Maleteando

PREQUEÑOS VENDEPATRIA

No solo el gobierno aprista está empeñado en regalar a las trasnacionales los bosques y cerros de nuestro querido Perú, ahora resulta que un grupo de asalariados de las empresas mineras escudados en la Asociación Cívica para el Empleo y Desarrollo de Hualgayoc, están circulando una nota pidiendo que las tierras de la comunidad Indígena “El Tingo” se reviertan al estado para que éste lo entregue a las empresas mineras para el saqueo.

A éstos pequeños entreguistas no les importa el futuro de sus hijos, nietos y otras generaciones, no saben que en el Tingo nace la fuente de vida es decir las aguas para Bambamarca, o acaso cuando no haya agua ni producción agrícola comerán el dinero y el trabajo que ahora buscan?.

¿Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL?
En una evaluación solicitada por el Comité de Responsabilidad Social y Ambiental de la Junta Directiva de Newmont, evaluaron a Yanacocha desde arriba porque no se han creído el cuento de sus balances sociales. No es una evaluación solicitad por la propia Yanacocha sino por los verdaderos dueños desde Estados Unidos.
Durante la evaluación se encuestó a 500 personas del entorno de la mina quines piensan que la corrupción es uno de los problemas que mas preocupan a los ciudadanos.
Según la evaluación Yanacocha tiene poca comunicación con las comunidades locales. Pág. 10 Quiere decir que MY Radio y toda su prensa no le ha servido para comunicar. Los gerentes de comunicaciones son unos incapaces entonces?
Los mineros arrogantes tratan a los campesinos con nombres de desprecio "Indios", "cholos" (pág. 10).
Recoge quejas de campesinos que dicen que los empleados de Yanacocha ni siquiera bajan de sus carros para hablar" (Pag. 10)
Los mineros alardean de su situación económica (Pag. 10)
Cuando la gente se queja a la mina por los maltratos y el desprecio los empleados de Yanacocha responden con una actitud defensiva en vez de llamar a sus trabajadores para que cambien su comportamiento. (Pag. 10: Necesitan entonces curso de buenos modales?).
Los lideres de Combayo como el alcalde usaron el conflicto para beneficios personales.
En relación a los autores de la muerte de Isidro Llanos en 2006 dice: que la policía actúo de su propia mano y" en cumplimiento de su deber" (¿deber de matar?)
Evalúa el control ilegal de las actividades de GRUFIDES y el Padre Marco Arana.
Dice: "algunos entrevistados se negaron a darnos sus nombres por temor a represalias de Yanacocha. Es posible que éstas sean las señales iniciales de "una cultura del miedo y la sospecha. Osea Yanacocha infunde miedo y terror a la población.

LAS PRINCIPALES INQUIETUDES:
1. Cantidad y calidad del Agua.
2. Existe gran incertidumbre por la muerte de animales.
3. Solo tres% de las 500 personas encuestadas no creen que Yanacocha este preocupada por la calidad del agua (Pag 16)
4. En la campaña del agua, nadie les cree y ha aumentado la percepción de que Yanacocha manipula a las instituciones del gobierno, regalándoles cosas.
5. Las COMOCAS no son eficaces por que la mina les paga a los participantes y estos no tienen capacitación y no se cree en sus resultados (pág 14)
6. La práctica de la compañía que afirma que no contamina el agua no es creíble para la población. (Pág. 18)
7. El no cumplimiento de las promesas a las comunidades ha generado desconfiaza (pág 26)
8. Los mineros parecen avergonzados de trabajar en minería (pág. 21)
9. Aunque los empleados llevan en su fotocheck la declaración de principios para respetar a las comunidades, parecen no entender lo que esta allí escrito (pag 21)

LA SERVIDUMBRE MINERA, EL DESALOJO LEGAL DE TIERRAS COMUNALES

Zonas reforestadas

Aguas que alimentan a las hidroelectricas familiares

Familias que se resisten al saqueo

Quebrada Yerba buena

MINERA COIMOLACHE INICIA PROCESO PARA DESALOJAR A CAMPESINOS DE SUS TIERRAS EN CAJAMARCA

Más de 20 lagunas y bofedales en peligro de desaparecer

La Ley de Servidumbre minera no es más que el desalojo formal a humildes campesinos de sus tierras quienes se oponen al saqueo de sus recursos naturales; ésta vez en la región Cajamarca por primera vez se pondrá en práctica el entreguismo de tierras comunales amparadas en la ley Nº 26570 que modificó el artículo 7 de la Ley Nº 26505, para permitir alternativamente el establecimiento de una servidumbre minera sobre el predio la misma que está en vigencia desde enero de 1996 promulgado por el gobierno del hoy sentenciado Alberto Fujimori.
Bajo ésta modalidad varios comuneros y posesionarios de tierras de la Comunidad Campesina el Tingo ubicada en la provincia de Hualgayoc- Cajamarca, serán despojados y expulsados de sus tierras en los próximos meses; la CIA MINERA COIMOLACHE S.A. habría iniciado el proceso de “Servidumbre Minera” que no es más que un proceso igual a la expropiación, por ende se verían afectadas la cantidad de aguas de dicha cuenca pues en el mencionado sector existen más de 20 lagunas y bofedales principales afluentes de las cuenca Tingo Maygasbamba que abastece a más de 40 caseríos y 38 canales de riego en Bambamarca, citamos algunos principales caseríos que se verán afectados con el agua: Pilancones, Apan Alto, Apan Bajo, Palo Blanco, Frutillo, El Cumbe San José, El Cumbe Chontabamba, la Lucma, entre otros; los campesinos en el Tingo además cuentan con sus propias hidroeléctricas para proveerse de energía eléctrica.
ANTECEDENTES
La empresa Minera Coimolache es de propiedad del grupo empresarial Buenaventura. Esta empresa viene haciendo trabajos aproximadamente desde 1987 en las zonas de Hualgayoc y Chugur, sin embargo desde el 2005 anunciaron la ejecución del proyecto Tantahuatay ubicado en territorio de la comunidad campesina el Tingo. El objetivo es iniciar una operación minera para explotación de oro principalmente.
ADQUISICION DE PROPIEDADES
Desde el año 2005 aproximadamente, la empresa empezó a negociar las propiedades superficiales de esta comunidad, para ello empezó a comprar los terrenos de manera individual a cada comunero, a la mayoría le ofrecieron una suma de $ 4700 dólares por Ha. Los comuneros empezaron a vender estos territorios sin embargo la empresa solo habría pagado el 30% del monto ofrecido, comprometiéndose a pagar el saldo posteriormente, hecho que no han cumplido hasta la fecha.
De otro lado hubo comuneros que se negaron a vender sus propiedades en tanto el precio ofrecido no era suficiente para adquirir propiedades similares en algún otro lugar. La contrapropuesta de estos comuneros fue que se realizara PERMUTAS, es decir que a cambio de sus tierras que les iban a vender, la empresa les comprara tierras en proporción equivalente en algún otro lugar, pedían la reubicación en zonas donde podían seguir realizando las actividades que usualmente desempeñan para poder subsistir. Sin embargo la CIA MINERA COIMOLACHE S.A. se negó tajantemente a esta posibilidad, tratando por el contrario de imponer sus condiciones y precios.
EL PROCESO DE SERVIDUMBRE MINERA
En el mes de febrero del año en curso los comuneros que se han negado a vender sus tierras se enteraron que la compañía Minera Coimolache habría solicitado ante el Ministerio de Energía y Minas un proceso de “Servidumbre Minera”.
Este procedimiento fue establecido en la Ley desde la época de Fujimori; se aplica cuando un propietario de un territorio no quiere llegar a acuerdo de compra venta de sus tierras con los empresarios mineros. En ese caso el empresario podrá recurrir al Ministerio de Energía y Minas y presentar la solicitud de Servidumbre. El MEM notificara al propietario para que acuda a una audiencia de conciliación en Lima, si el propietario no concurre se lo declara rebelde y se nombrara un perito que valore la propiedad; se le deposita al propietario de las tierras el “justiprecio” y en 30 días se inscribirá la propiedad a nombre de la empresa Minera solicitante. Cumplido este trámite la empresa minera puede proceder al desalojo y empezar a operar.
La Servidumbre a pesar de que estaba contemplado en la ley, muy pocas veces ha sido empleado por las mineras, pues la recomendación del Estado era que la empresa llegara a un buen acuerdo con los propietarios de las tierras. Probablemente no se quiso aplicar esta norma por lo controversial que resulta en tanto significa afectación a derechos básicos de las poblaciones. Lamentablemente el actual gobierno, siendo aliado de las inversiones, ha dado luz verde a esta práctica que es sin duda excesiva y a todas luces abusiva.
El caso de la comunidad el Tingo sería un pésimo precedente para las comunidades y también para las empresas mineras, pues contradice totalmente la política de Responsabilidad Social que pregonan.
Los comuneros han enviado documentos al Ministerio de Energía y Minas, al Gobierno Regional y a la Defensoría del Pueblo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. De concretarse este caso los campesinos de la comunidad “El Tingo” serian desalojados de sus tierras en menos de medio año.

¡ABAJO LOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE CRIMINALIZAN LA PROTESTA LEGÍTIMA Y SOCIAL DEL PUEBLO!

FRENTE DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CUENCA DEL CAJAMARQUINO (FREDEMAC).

P R O N U N C I A M I E N T O

El Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Cuenca del Cajamarquino, emite el presente pronunciamiento ante la opinión pública local, regional, nacional e internacional, en los términos siguientes:

PRIMERO. La compañía minera Miskimayo, subsidiaria de la transnacional Vale, Doe Rio Doce con el fin de explorar y explotar el proyecto la Morada en la zona conocida como Cerro Mogol. Desde sus inicios ha venido contratando a personas delincuentes como parte de su seguridad, formando cuadros paramilitares y amedrentando con armas de fuego a dirigentes ambientalistas y a todo aquel que se oponía a la actividad minera en la zona.

SEGUNDO. Ante estos abusos de violación de derechos humanos, por la defensa del agua, de las actividades agropecuarias en el Valle de Condebamba y de la vida misma. El Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Cuenca del Cajamarquino, las Rondas Campesinas, las Asociaciones de Productores Agropecuarios, el SUTEP, y la población en su conjunto de las provincias de San Marcos y Cajabamba. Apartir del mes de mayo del año 2007 nos vimos obligados en iniciar nuestros justos reclamos.

Del 21 de mayo al 04 de setiembre del 2007, la población pacíficamente nos posicionamos en el ingreso al Cerro Mogol, con la finalidad de hacer escuchar a la empresa Miskimayo, a las autoridades locales, regionales y nacionales; que la explotación del proyecto minero la Morada, traería como consecuencia la contaminación de nuestras aguas del río Cajamarquino y con ello la destrucción de las actividades agropecuarias en uno de los Valles más importantes de la región andina de nuestro país, el Valle de Condebamba.

El 05, 06 y 07 de setiembre del mismo año, al percibir que nuestros reclamos no eran escuchados por las autoridades indicadas, nos vimos obligados a organizar y realizar una marcha de sacrificio desde las comunidades más lejanas de las provincias de Cajabamba y San Marcos, hasta la ciudad de Cajamarca, con el fin de comprometer a los alcaldes y presidente regional en nuestros reclamos. Sin embargo nuestras autoridades otra vez se hicieron de los oídos sordos y la compañía Miskimayo pretendía ingresar de manera violenta a la zona de exploración.

Cansados de tantos reclamos, ante las autoridades locales, regionales y nacionales. Además de las constantes insistencias violentas de Miskimayo por ingresar al la zona de exploración; la población en su conjunto de San Marcos y Cajabamba nos vimos obligados a realizar un paro interprovincial los días 28, 29 y 30 de setiembre del 2007.

TERCERO. Resulta sorprendente, que el fiscal provincial de San Marcos últimamente, esté solicitando ante el juzgado mixto, la pena privativa de libertad de 06 y 07 años, además de una repación civil de 20,000.00 nuevos soles, para 10 de nuestros hermanos que defienden las aguas, las tierras, las actividades agropecuarias y la vida en general: José Adrián Lezma Sánchez (Presidente del Frente de Defensa de la Cuenca del Cajamarquino), José Rosario Quiroz Marín (Presidente de Rondas Campesinas de Campo Alegre), José Francisco Roncal Ordaz. (Ciudadano de Campo Alegre), Carlos Heli Meléndez Castañeda (Ciudadano de Cholocal), José Víctor Rodríguez Lezma. (Secretario de Prensa y propaganda del Frente de Defensa de la Cuenca del Cajamarquino), Chanel Ruiz Vargas (Consejero Regional por San Marcos), Rosas Duran Carrera (Presidente de la Federación de Rondas Campesinas de San Marcos), Eduardo Requelme Trigozo (Ciudadano de Campo Alegre), Ananí Patricia Ramal Fuente. (Docente y miembro del SUTEP San Marcos), Jorge Spelucín Aliaga (Secretario general del SUTEP San Marcos).

CUARTO. Hacemos recordar al Señor Fiscal y a la señorita Juez mixto de la provincia de San Marcos, que las normas con las que vienen juzgando a nuestros líderes campesinos son los Decretos Legislativos 982, 983 y 988, los mismos que vienen siendo desde sus inicios observados fuertemente por la gran mayoría de la población peruana, por la Asociación Pro Derechos Humanos y por otras instancias internacionales. Son Decretos Legislativos que se exceden en sus funciones como por ejemplo:

Modifican al código penal en sus procedimientos y el Congreso de la República no había dado esa facultad al Señor Alan García. En segundo lugar violan los derechos humanos más fundamentales como la libertad de pensamiento, de reunión, de expresión, el derecho a la protesta social de manera pacífica, e incluso el derecho a la protección judicial. En este sentido estas normas no son legítimas y vienen siendo juzgadas en el Tribunal Constitucional, a fin de lograr su derogatoria.

QUINTO. Hacemos el llamado a todas las organizaciones sociales de base como Rondas Campesinas, Frentes de Defensa, Organizaciones de Productores Agropecuarios, Comités de Regantes, SUTEP, Iglesias y toda la población en general de la provincia de San Marcos, Cajabamba y la Región, a tener que unirnos para defender nuestras aguas, tierras, recursos naturales y nuestra propia vida. Al mismo tiempo mantenernos vigilantes ante lo que pueda ocurrir con nuestros hermanos procesados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.

San Marcos, 02 de abril del 2009.

Frente de Defensa del Medio Ambiente de la Cuenca del Cajamarquino.

¡VIVA LA LUCHA EN DEFENSA DE LA VIDA!

¡VIVA NUESTROS COMPAÑEROS PROCESADOS POR DEFENDER EL AGUA!

¡ABAJO LOS DECRETOS LEGISLATIVOS QUE CRIMINALIZAN LA PROTESTA LEGÍTIMA Y SOCIAL DEL PUEBLO!

¡FUERA LAS EMPRESAS SAQUEADORAS DE NUESTRO TERRITORIO!

PIDEN AL GOBIERNO REGIONAL PRONUNCIARSE SOBRE POSIBLE SENTENCIA A CONSEJERO Y LÍDERES DEL VALLE DE CONDEBAMBA

Los Consejeros Regionales de las provincias de San Pablo, San Miguel, San Marcos y Chota, integrantes de la Comisión de Gestión Ambiental Sostenible del Consejo Regional de Cajamarca, presentaron una Moción de Orden del Día solicitando al Gobierno Regional emitir un pronunciamiento público sobre las acciones judiciales que criminalizan la protesta social; todo ello debido al proceso judicial en el que se encuentra el Consejero Regional de la provincia de San Marcos y a la vez Presidente de la Comisión Ambiental, conjuntamente con nueve dirigentes del valle de Condebamba, quienes al parecer podrían ser sentenciados por la jueza de San Marcos, María Elvira Castro Chumpitaz, con una pena de hasta por siete años de prisión.

La mencionada Moción, que será debatida este viernes 03 de abril en la Sesión de Consejo Ordinaria, también incluye dirigir una carta a la jueza de la provincia en mención, firmada por el Presidente Regional, en donde exprese su preocupación por la probable sentencia injusta, la misma que podría incrementar el creciente clima de conflictos socioambientales en la región y el país.

Si bien, se sabe que este proceso es producto de un Paro Interprovincial que la población de las provincias de San Marcos y Cajabamba realizaron en setiembre del año 2007, buscando llamar la atención de las autoridades para exigir el retiro inmediato de la Compañía Minera Miski Mayo del Cerro Mogol, así como el cese a las acciones de violencia e intimidación que venía realizando dicha Compañía minera en contra de los campesinos del valle de Condebamba. Dos años después de dicho acontecimiento y producto de la denuncia interpuesta por el fiscal Jesús Portal Castrejón, ahora se pretende sentenciar a la autoridad y dirigentes campesinos con hasta siete años de prisión.

El Consejero Regional de San Marcos, Chanel Ruiz Vargas, manifestó que este tipo de acciones obedecen a la política y al conjunto de normas emitidas por el Gobierno de Alan García, las mismas que están orientadas a encarcelar a inocentes, violando el legítimo derecho a la protesta y buscando debilitar el movimiento social de los pueblos. “Espero que esta Moción sea aprobada y que el Gobierno Regional se pronuncie sobre esto; pues es injusto que ahora estemos sometidos en procesos judiciales y a punto de ser sentenciados, sólo por defender la vida, el medio ambiente y el valle de Condebamba”, refirió.

OTRA VEZ PROTESTAS POR EL CERRO QUILISH EN CAJAMARCA

Cerca de 500 usuarios del canal Arcuyoc El Protrero que beneficia los caseríos Llanomayo Llushcapampa y Huambocancha Chica, ésta mañana llegaron en marcha pacífica hasta las oficinas de Minera Yanacocha para pedir una explicación, ante los engaños que vienen siendo víctimas por más de año y medio, piden la destitución del funcionario Livio Paliza a quien califican de mentiroso y abusivo.
El canal en mención nace en la cabecera del Cerro Quilish donde Minera Yanacocha tiene algunas propiedades de tierras y que el año 2004 renunciara al proyecto tras la protesta de los cajamarquinos que consideran su última reserva acuífera, el manantial “Perga Perga” tiene más de 100 años de antigüedad y es el principal acuífero que abastece al canal de regadío Arcuyoc el Potrero.
Los usuarios presentaron un memorial a la Defensoría del Pueblo solicitando su apoyo, señalan que ante la necesidad de contar con agua para consumo humano desde el mes de enero del 2008 vienen gestionando un sistema de agua potable a través de la Municipalidad Provincial de Cajamarca el proyecto se está postergando por la desidia de la minera Yanacocha que hasta ha recibido premios por responsabilidad social y ahora refleja todo lo contrario al negarles esa posibilidad.
Los usuarios se preguntan ¿porque si Yanacocha renunció a la explotación de Cerro Quilish en el 2004 ahora opone para que saquen el agua, acaso pretenden regresar al cerro sagrado de los cajamarquinos?, si la respuesta es sí, que tengan la seguridad que no lo conseguirán porque toda la población de Cajamarca está decidida a una sola consigna ¡El Quilish no se toca, ni hoy, ni mañana, ni nunca!

CAMPESINOS DE PORCON FUERON SENTENCIADOS A PENA DE CUATRO AÑOS DE CARCEL Y MULTA POR DEFENDER LAS AGUAS DEL QUILISH

El día lunes 23 de marzo de 2009, nueve campesinos fueron sentenciados por el Primer Juzgado Penal de Cajamarca a cumplir pena de cuatro años de cárcel suspendida (lo que significa que no irán a prisión efectiva pero que tendrán que firmar los 30 de cada mes, así como al pago de una multa de 3,000 nuevos soles en forma solidaria.

El “delito” que cometieron los campesinos fue que, agotada toda vía de reclamo pacífico con la Minera Yanacocha y las autoridades locales para que se les restableciera las aguas de sus manantiales que habían sido afectadas por la construcción de un pozo tubular por parte de Minera Yanacocha, los usuarios de riego del Canal de El Quilish decidieron protestar pacíficamente, delante de la Parroquia “Cristo Ramos” de Porcón en el km. 14 de la carretera a la mina, lo cual provocó que un escuadrón de las fuerzas especiales de la policía (DINOES) que se hallaba trabajando bajo contrato privado para la empresa minera interviniera con una brutalidad inusitada que dejó varios campesinos heridos (11.setiembre.2007)

El juez exculpó a los campesinos de los delitos de Violencia y Resistencia a la autoridad y disturbios, sin embargo retuvo el cargo de bloqueo de carreteras, que como sabemos es hoy un delito muy grave debido a las leyes de criminalización de la protesta social del gobierno de Alan García. Estas leyes permiten encarcelar o aún eliminar físicamente a quienes protesten por la vulneración de sus derechos.

La sentencia será apelada por la defensa legal de los campesinos, la cual es ejercida por la Dra. Mirtha Vásquez, directora de la ONG GRUFIDES de Cajamarca. El caso reviste especial importancia puesto que Minera Yanacocha, amparándose en la crisis financiera viene intentando apoyo político y desplegando costosas campañas publicitarias que le permitan expandir sus operaciones en el Cerro Quilish, si se hubiera producido una sentencia privativa de libertad para los campesinos ella habría sido utilizada como un escarmiento para todo otro cualquier campesino que quisiera defender sus aguas.

Aunque, en justicia, hubiera sido de esperar que el juez absolviera a los campesinos de toda pena, la actual sentencia será apelada y se espera que la instancia superior, la justicia alcance de verdad a los campesinos y el poder judicial recupere la legitimidad y credibilidad tan necesarias para el estado de derecho que ha sido trastocado y menoscabado por la influencia, la manipulación o casos de corrupción que los grupos de poder económico tienen sobre este poder del Estado. Casos como el la sentencia de hoy muestran cómo las leyes de criminalización de las protestas del gobierno de García pueden terminar calificando como delincuentes a quienes defienden su derecho al agua.

"Si no pueden por la puerta, quieren entrar por la ventana"

COMPAÑÍA MINERA COIMOLACHE INICIA PROCESO PARA DESALOJAR A CAMPESINOS DE SUS TIERRAS

Varios comuneros y posesionarios de tierras de la Comunidad Campesina el Tingo ubicada en Hualgayoc- Cajamarca, serán despojados y expulsados de sus tierras en los próximos meses; la CIA MINERA COIMOLACHE S.A. habría iniciado el proceso de “Servidumbre Minera” que no es más que un proceso igual a la expropiación.
ANTECEDENTES
La empresa Minera Coimolache es de propiedad del grupo empresarial Buenaventura. Esta empresa viene haciendo trabajos aproximadamente desde 1987 en las zonas de Hualgayoc y Chugur, sin embargo desde el 2005 anunciaron la ejecución del proyecto Tantahuatay ubicado en territorio de la comunidad campesina el Tingo. El objetivo es iniciar una operación minera para explotación de oro principalmente.
ADQUISICION DE PROPIEDADES
Desde el año 2005 aproximadamente, la empresa empezó a negociar las propiedades superficiales de esta comunidad, para ello empezó a comprar los terrenos de manera individual a cada comunero, a la mayoría le ofrecieron una suma de $ 4700 dólares por Ha. Los comuneros empezaron a vender estos territorios sin embargo la empresa solo habría pagado el 30% del monto ofrecido, comprometiéndose a pagar el saldo posteriormente, hecho que no han cumplido hasta la fecha.
De otro lado hubo comuneros que se negaron a vender sus propiedades en tanto el precio ofrecido no era suficiente para adquirir propiedades similares en algún otro lugar. La contrapropuesta de estos comuneros fue que se realizara PERMUTAS, es decir que a cambio de sus tierras que les iban a vender, la empresa les comprara tierras en proporción equivalente en algún otro lugar, pedían la reubicación en zonas donde podían seguir realizando las actividades que usualmente desempeñan para poder subsistir. vSin embargo la CIA MINERA COIMOLACHE S.A. se negó tajantemente a esta posibilidad, tratando por el contrario de imponer sus condiciones y precios.
EL PROCESO DE SERVIDUMBRE MINERA
En el mes de febrero del año en curso los comuneros que se han negado a vender sus tierras se enteraron que la compañía Minera Coimolache habría solicitado ante el Ministerio de Energía y Minas un proceso de “Servidumbre Minera”.
Este procedimiento fue establecido en la Ley desde la época de Fujimori; se aplica cuando un propietario de un territorio no quiere llegar a acuerdo de compra venta de sus tierras con los empresarios mineros. En ese caso el empresario podrá recurrir al Ministerio de Energía y Minas y presentar la solicitud de Servidumbre. El MEM notificara al propietario para que acuda a una audiencia de conciliación en Lima, si el propietario no concurre se lo declara rebelde y se nombrara un perito que valore la propiedad; se le deposita al propietario de las tierras el “justiprecio” y en 30 días se inscribirá la propiedad a nombre de la empresa Minera solicitante. Cumplido este trámite la empresa minera puede proceder al desalojo y empezar a operar.
La Servidumbre a pesar de que estaba contemplado en la ley, muy pocas veces ha sido empleado por las mineras, pues la recomendación del Estado era que la empresa llegara a un buen acuerdo con los propietarios de las tierras. Probablemente no se quiso aplicar esta norma por lo controversial que resulta en tanto significa afectación a derechos básicos de las poblaciones. Lamentablemente el actual gobierno, siendo aliado de las inversiones, ha dado luz verde a esta práctica que es sin duda excesiva y a todas luces abusiva.
El caso de la comunidad el Tingo sería un pésimo precedente para las comunidades y también para las empresas mineras, pues contradice totalmente la política de Responsabilidad Social que pregonan.
Los comuneros han enviado documentos al Ministerio de Energía y Minas, al Gobierno Regional y a la Defensoría del Pueblo, hasta el momento no han recibido ninguna respuesta. De concretarse este caso los campesinos de la comunidad “El Tingo” serian desalojados de sus tierras en menos de medio año.

Rechazan acuerdo extra judicial con Minera Yanacocha

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA

PRONUNCIAMIENTO

A los pueblos de Choropampa, Magdalena, San Juan, Cajamarca y la opinión pública local, nacional e Internacional; expresamos lo siguiente:

PRIMERO: Después del derrame de Mercurio provocado por Minera Yanacocha en junio del 2000 en las localidades de San Juan, Magdalena, Choropampa, como se ha hecho de conocimiento público, se firmó un Acuerdo Extrajudicial de fecha 14 de agosto del 2000, entre la Municipalidad distrital de Magdalena y la Empresa Minera Yanacocha SRL donde se acuerdan transar con la finalidad de “poner término a las controversias derivadas como consecuencia del derrame de mercurio”.

SEGUNDO: En dicho acuerdo la Municipalidad distrital de Magdalena por ingenuidad o corrupción, aceptó resolver el problema a cambio del compromiso de la Empresa Minera Yanacocha de financiar obras públicas como indemnización, pero sin que la misma admitiera responsabilidad por el derrame de mercurio.

TERCERO: Esta forma de “indemnización” aceptada, de ninguna manera cubría los daños humanos y ambientales que se había provocado, no se hizo sobre ninguna base técnica que valorara el real daño ocasionado, y fue una decisión que arbitraria e inopinadamente tomo la Municipalidad Distrital de Magdalena con la Empresa Minera Yanacocha SRL.

CUARTO: El tiempo en que se suscribió el convenio era diferente al actual, la coyuntura de entonces estaba plagada por la fuerte influencia por parte de la Empresa Minera, eso se evidenciaba en la actuación de muchos malos funcionarios de diversas instituciones públicas y privadas que actuaban de manera parcializada, tal es el caso del Ministerio de Salud que negó el desastre en un primer momento y luego trató de minimizarlo.

QUINTO: Todo eso facilito la firma de esta Transacción, y la Empresa Minera Yanacocha ponía así fin a la “controversia”, condicionando además en este mismo documento a la Municipalidad de Magdalena, a renunciar a tomar acciones posteriores respecto al derrame de mercurio.

SEXTO: Con la firma de esta transacción Minera Yanacocha nos ha hecho creer por años que ya fuimos Indemnizados, sin embargo, si analizamos nuevamente el documento de transacción firmado nos damos cuenta que en principio la empresa minera en ningún momento indemnizó a la Municipalidad distrital de Magdalena por los daños provocados con el derrame de mercurio, pues ellos mismos desconocieron tal hecho; además la empresa Minera nunca admitió responsabilidad en este desastre pues argumentaron que el hecho estaba en proceso de investigación y la obras que se cubrieron entonces eran solo para “poner fin a las controversias”.

SETIMO.- Ahora estamos ante un escenario diferente. Se ha comprobado la responsabilidad de la empresa minera en el derrame de mercurio, hecho determinado por diversas autoridades, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Energía y Minas entre otros, por lo que estamos facultados como municipalidad y población afectada para solicitar la indemnización por los daños provocados a consecuencia de este desastre.

Además analizando este Acuerdo Extrajudicial nos percatamos que el mismo tiene la intención de provocar engaño e inducir error en la parte indemnizada y que además el fin era transar sobre derechos indisponibles de la población, como es la salud, el derecho a la vida y el daño ecológico, todo lo cual lo hace un acuerdo NULO.

Por lo tanto:

Esta Municipalidad DESCONOCE el Acuerdo de Transacción firmado por las autoridades de aquel entonces con la empresa Minera Yanacocha, referente a la indemnización por el derrame de mercurio, por ser un acuerdo ilegitimo, Nulo, e ineficaz para efectos de Indemnizar daños, por lo que tenemos expedito nuestro derecho para seguir solicitando una indemnización justa por las consecuencias provocadas por este desastre.

Rechazamos por ello todo tipo de intento de valorar este acuerdo y tomarlo como referencia para evitar una Indemnización adecuada por el daño causado. Hacemos por ello un llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales escuchen el clamor de los pueblos afectados por el derrame de Mercurio y no se reciba una suma de dinero ínfima como reparación del daño causado a cambio; además de asegurar la impunidad de Yanacocha en este terrible desastre ecológico.

Magdalena 17 de marzo del 2009

ISAÍAS TARRILLO TERRONES

ALCALDE

San Juan, Choropampa y Magdalena unidos por la vida

Al enterarse de la llegada del Presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon y el Ministro Antonio Brack, así como algunos vice minsitros; los pobladores de los distritos de San y Magdalena yel Centro Poblado Choropampa llegaron a Cajamarca para expresar su malestar por el olvido en que encuentran después de 8 años del desastre ecológico más grande registrado el 02 de junio del año 2000 por parte de Ransa empresa que transportaba Mercurio de Minera Yanacocha de propiedad de la Newmont Mining Corporation.
Los campesinos intentaron ingresar a un céntrico hotel donde se desarrollaba la reunión de algunos ministros con las autoridades de Cajamarca pero se encontraron con un fuerte contigente policial que no permitían que ni vean al primer ministro, sin embargo grande fue la sorpresa cuando no llegaron los minsitros anunciados considerado por algunos como una burla al pueblo de cajamarca.
El presidente del Frente de Defensa del distrito de San Juan, Juan Correa Mendoza, expresó que después de estar adormecidos por la contaminación con el mercurio el pueblo a despertado y no pararán hasta que se haga justicia.
Al referirse al dinero que recibieron las ex autoridades para renunciar a cualquier denuncia contra la Newmnont el dirigente expresó que la firma fue a título personal y no a nombre de las poblaciones afectadas.
Por su parte la presidente del Frente de Defensa de Choropampa Juan Martinez Sáenz logró ingresar a la reunión en el interior del hotel quiso intervenir durante la reuniòn para exponer los problemas de Choropampa sin embargo le cortaron el micrófono inpidiendo exprese su preocupación.
Tras algunos minutos y durante el intermedio la dirigente choropampina logró dirigirse a Yehude Simon en el pasadizo del hotel donde aprovechó para reclamarle el olvido en que se encuentra su poblado.
Solicitó sun seguro permanente de salud para toda la población, así como se cumpla los 9 puntos que observó la comisión del congreso de la república que visitó Chorpampa el año pasado; el presidente del Consejo de Ministros se comprometió a enviar una comisión de alto nivel en los próximos días, así como anunció que visitará personalmente sin confirmar fecha alguna.
La dirigente después de las 3 de la tarde se retiró esperanzada en las promesas del primer ministro esperando ésta vez no solo sea discursos como el del ahora presidente de la república que durante su campaña electoral ofreció la creación de un distrito ecológico y cuando llegó al gobierno se olvidó, es mas ni se acuerda de Choropampa que también le apoyó con sus votos, sostuvo Juan Martínez.

CHORPAMPA RECHAZA MALA INTENCION DE ALCALDE DE CAJAMARCA

En asamblea general del poblado de Choropampa, con la asistencia de más de 500 pobladores acordaron por unaminidad acordaron rechazar la propuesta de Acuerdo Resolutivo y Acuerdo de Liberalización de todos los Reclamos y Demandas y Reconocimiento de Recepción de los fondos provenientes del Acuerdo derivadas del convenio de Resolución Derrame de Mercurio por parte de la Newmont, debiendo proseguirse con el trámite del proceso.
Asi mismo rechazaron la mala intención del alcalde de Cajamarca Marco La Torre Sánchez, quien cursó un oficio al bugomaestre de Choropampa dándole un plazo de 72 horas para que firme el acuerdo.
Esta mañana el alcalde choropampino llegó a la Municipalidad de Cajamarca demostrando transparencia en todas sus gestiones, hizo entrega de un oficio donde da a conocer la decisión de su pueblo en asamblea general, también adjuntó una copia del acta firmada por las autoridades y la población presente.
Graciado Carbajal Saldaña, dijo que no firmará ninguna transacción, porque su pueblo no quiere dinero, lo que busca es un seguro de por vida puesto que las secuelas del desastre ecológico ahora son mas evidentes, fue al tiempo de mencionar la visita de una comisión invesdtigadora del Congreso para los próximos días.
Respecto al negociado que hicieron las ex autoridades, expresó desconocer totalmente además ellos firmaron como personas más no por la población que hoy sufre las consecuencias del derrame de mercurio.

Quieren reconsiderar Acuerdo de Concejo que rechaza Migajas de Newmont

Alcalde de Choropampa pide que se defina
Alcalde de Cajamarca está con el pueblo o con Minera Yanacocha
Indignado por la discriminación de no ser invitado a la sesión de concejo que otra vez iban a tocar el caso Choropampa el alcalde Graciano Carbaja Saldaña, llegó al palacio municipal y cuestionó la actitud del alcalde de Cajamarca Marco La Torre de pretender reconsiderar el acuerdo de concejo del pasado mes de febrero que por unanimidad rechazaron la propuesta de acuerdo presentada por los abogados americanos con relación a la oferta de tres millones de dólares efectuada por la empresa minera Newmont Mining Corporation a cambio que nunca más vuelvan a denunciarlos; anunció movilizar a su población hacia Cajamarca para los próximos días y radicalizar sus medidas de lucha.
ANTECEDENTES
Como se conoce en sesión extraordinaria, el pasado mes de febrero el concejo provincial de Cajamarca acordó por unanimidad, rechazar la propuesta de acuerdo presentada por los abogados del estudio Podhurst Orseck, con relación a la oferta de tres millones de dólares efectuada por la empresa minera Newmont Mining Corporation.
Como se recuerda, este acuerdo, que se quiso firmar en secreto, pretendía dar por terminados los reclamos de la municipalidad provincial de Cajamarca respecto al derrame de mercurio ocurrido en caserío de Choropampa, en el distrito de Magdalena, en el año 2000.
El burdo acuerdo resolutivo, presentado por la matriz de la minera Yanacocha, incluía una cláusula por la cual la comuna expresamente renunciaba a su derecho de presentar cualquier otro reclamo en contra de Newmont y de minera Yanacocha respecto al derrame del mercurio “sea en jurisdicción dentro del estado de Colorado (Estados Unidos), Perú o en cualquier otra parte (o jurisdicción)”.
EL AS BAJO LA MANGA

El alcalde de Cajamarca desde la ciudad de Lima convocó al “plenito” que se reunió el martes 03 de marzo en horas de la tarde, buscaban aliados con los regidores de oposición para que en la sesión que se desarrolló hoy desde las 9 de la mañana pongan en agenda el tema y reconsideren el acuerdo de consejo del pasado mes de febrero.
Los abogados Gabriel Larrieú y Rafael Jacque regresaron ésta vez con un as bajo la manga referido a un acuerdo extrajudicial celebrado con autoridades ediles de la zona afectada por derrame de mercurio en el año 2000 por un monto de millón 200 mil dólares, renunciando a toda acción legal. Entre ellos figura el actual alcalde de Magdalena, Isaías Tarrillo Terrones, la ex alcaldesa de ese distrito Maritza Salas Berrospi ahora directora Regional Vivienda y curiosamente el actual regidor por Cajamarca, Wilser Carmona Carrasco en aquel tiempo regidor de la municipalidad distrital de Magdalena.
NO TODO ESTA PODRIDO EN LA MUNICIPALIDAD
Marco la Torre alcalde de Cajamarca ordenó desde Lima a sus franeleros para que contacten entrevistas en los medios de comunicación allegados a la gestión edil con el nuevo mensaje tratando de convencer a la población y a los regidores que cambien de opinión y reconsideren el acuerdo.
Los regidores oficialistas Wilfredo Poma Rojas y Juan Mendoza Vásquez son duros de matar y no cayeron el juego del alcalde de borrar con el codo lo que firmaron con la mano, Poma Rojas expresó rotundamente su rechazo a la intención de hacerles reconsiderar el acuerdo, sostuvo que la salud de la población de Choropampa no tiene precio por lo tanto por ningún motivo del mundo cambiará de opinión.
Entre tanto a nombre de la bancada aprista el regidor Manuel Vásquez Flores también ratificó su posición de rechazo a la intención de los abogados de pretender lograr una posible reconsideración, aun todo no está dicho; el acuerdo de concejo de hoy fue poner en agenda para una próxima reunión con la presencia del alcalde Marco La Torre.
ALCALDE DE CHORPOAMPA PROTESTA
Se enteró por los medios de comunicación que hoy se tocaría el tema Choropampa, el alcalde Graciano Carbajal Saldaña abordó una camioneta rural y al promediar el medio día llegó a Cajamarca y la sesión aun continuaba, mortificado por la discriminación porque ni siquiera le comunicaron ofialmente de la reunión cuestionó a su homólogo de Cajamarca Marco La Torre, pidiéndole se defina de una vez por todas "está a favor del pueblo o a favor de Minera Yanacocha", expresó que convocará a la población de CHoropampa para una acción de fuerza con la mala intención del alcalde de Cajamarca de querer reconsiderar el acuerdo de concejo que rechaza la indemnización miserable y abusiva que más servirá para los abogados que para la población.