“Antes nuestra lucha era por la tierra, ahora es por el agua”, gritaba el dirigente campesino Félix Llanos en pleno bloqueo de una carretera en Cajamarca… que conduce a los yacimientos de la minera Yanacocha. Era fines de agosto del 2006. Combayo, un pueblo agrícola y ganadero, se levantó en defensa de sus ríos ante la extracción del oro en las cabeceras de las cuencas. El caso era simbólico. Resucitaba la idea bíblica de la lucha entre David y Goliat, una empobrecida masa campesina versus una transnacional poderosa, pero sobre todo reunía todas las condiciones para que estallara un conflicto por el agua: la escasez del recurso, deficiencias en el monitoreo y gestión del agua, la ineficacia de la autoridad ambiental, la debilidad de las organizaciones sociales y la violación de los derechos de los pobladores.
“Antes había agua en esta quebrada [Maqui Maqui que integra la cuenca del río Chonta de la cual nacen las aguas que alimentan a Combayo]. Ya no hay nada”, aseguraba el vicepresidente de uno de los comités de desarrollo de la zona. “Tempranito las aguas aparecen de color turbio”, contaba la campesina Reina Llanos… Eran dos convencidos de que la minería ya había afectado la calidad y cantidad de las aguas .
Al leer los párrafos precedentes, el lector se podrá hacer la idea del probable futuro que les espera a las comunidades de los distritos de Sorochuco, Huasmín, la Encañada y Bamabamarca, problema que afectará en su conjunto a las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayaoc. El proyecto minero Conga de minera Yanacoha se asienta en una zona de recarga hídrica y afectará a las cuencas de los ríos Alto Jadibamba, Chugurmayo Alto Chirimayo, Toromacho y Chailhuagón.
El pasado 31 de marzo del presente año, se presentó el Estudio de Impacto Ambiental – EIA , en el caserío San Nicolás distrito de la Encañada, que además, no pertenece a nuestra jurisdicción, pese a que cerca del 80% del proyecto minero se encuentra en territorio celendino, violando de esta manera la Resolución Ministerial N° 304-2008-MEM-DM, que aprueba las normas que regulan el Proceso de Participación Ciudadana en el Sub Sector Minero que en su Art. 24 menciona “la audiencia pública se debe realizar en el Centro Poblado más cercano al proyecto minero”; San Nicolás, no es un Centro Poblado, ni zona urbana, ni capital de provincia del área de influencia del proyecto. Pero en cambio, si responde a los intereses de minera Yanacocha, pues se trata de un caserío de La Encañada que se ubica cerca del campamento minero y cuya población y autoridades trabajan y/o son beneficiarios del Proyecto Conga. Asistieron a la Audiencia un número aproximado de 4000 personas, de los cuales cerca del 80% eran trabajadores de minera Yanacocha, trabajadores eventuales del proyecto Conga y pobladores de la Encañada; se pudo apreciar pocos ciudadanos de los distritos de Huasmín, Sorochuco y de Celendín. Estas personas han sido trasladadas en micros, camiones y camionetas pagados por la empresa minera, pero, aproximadamente mil comuneros que llegaron tarde, porque no han tenido la facilidad de trasladarse como los trabajadores de Yanacocha, se les negó el ingreso a las instalaciones en donde se llevaba a cabo la reunión; alrededor de 500 efectivos de las fuerzas especiales, traídos desde la ciudad de Lima, fuertemente armados desplegados en la carretera, cerros y en las instalaciones del evento, y funcionaba como un claro intento de amedrentamiento a numerosos pobladores, que a diferencia de la gente de Yanacocha, iban a participar de manera libre y espontanea en defensa del agua amenazada por la posible explotación del proyecto minero Conga.
Luego de esta audiencia las comunidades directamente afectadas, así como las municipalidades distritales y provinciales en donde se asienta este proyecto, así como cualquier ciudadano preocupado por los impactos negativos que generará la explotación de Conga, podían presentar observaciones a este Estudio de Impacto Ambiental – EIA, documento que contiene más de 15 mil páginas de lenguaje técnico que ha sido construido en más de tres años y, sin embargo, la ley otorga solo treinta días calendarios para presentar observaciones. En este contexto totalmente adverso para nuestra provincia, pese a que el EIA ha ingresado formalmente a las municipalidades de influencia del proyecto, hace aproximadamente 120 días; hasta el momento, nuestras autoridades municipales de Celendín y Huasmín, no han convocado a la población para informar que es un Estudio de Impacto Ambiental, en qué consiste, que contiene y como el proyecto minero afectaría a nuestra población, aún cuando la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en el Artículo 5 literal g), señala como uno de los principios de la gestión ambiental la "participación y concertación de las organizaciones de la sociedad civil en la toma de decisiones ambientales". Señala además que las Comisiones Ambientales Municipales deben promover la participación de la sociedad civil en la gestión ambiental y como principales mecanismos a implementar: Sesiones públicas del Consejo, cabildos, cabildos zonales y audiencias públicas, con participación de los órganos sociales de base; con fines informativos deben instalarse Mesas de Concertación, consejos de desarrollo, mesas de lideresas, consejos juveniles, comités interdistritales, organizaciones ambientales, comités de promoción económica, comités de productores, asociaciones culturales, comités de salud, comités de educación y gestión del hábitat. Así mismo, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N 27972, en materia de participación, indica que los vecinos de una circunscripción municipal intervienen en forma individual o colectiva en la gestión administrativa y de gobierno municipal a través de mecanismos de participación vecinal y del ejercicio de derechos políticos, de conformidad con la Constitución y la respectiva ley de la materia (artículo 111), los gobiernos locales promueven la participación vecinal en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo, presupuesto y gestión.
El Gobierno Municipal de la Provincia de Celendín, del Sr. Juan de Dios Tello Villanueva, no ha convocado a la población ni autoridades para tratar este tema que se convierte en uno de los principales problemas que generará serios conflictos sociales en nuestra provincia, aún cuando, el Gobierno Regional de Cajamarca en la publicación de los avances de la Zonificación Ecológica y Económica del departamento, reconoce a los territorios en donde se asientan los proyectos mineros de Conga y El Galeno, como zonas sensibles y como áreas propuestas para su conservación; hecho que sin duda no es del agrado de las empresas mineras, por lo que están tratando de deslegitimar este proceso, pues atentan contra sus apetitos destructivos. Refrescamos la memoria del señor alcalde de Celendín que manifestaba públicamente como una de sus propuestas de campaña política, el fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la provincia con el fin de analizar y luego realizar una consulta popular para determinar si procede o no la explotación minera del proyecto Conga; así mismo en lo referente a la defensa de la Ordenanza Municipal N° 020-2004-MPC/A, que declara zona intangible al lugar de Minas Conga. Esto se puede apreciar en la página 14 del “plan de gobierno del Movimiento Regional Fuerza Social”, el que debería cumplir por respeto y lealtad a la población Celendina que depositó su confianza en el actual alcalde a través del voto popular.
Las principales observaciones al proyecto Conga de minera Yanacocha, provienen de las realizadas al Estudio de Impacto Ambiental – EIA y son las siguientes:
• Serios Impactos negativos y muchos de ellos irreversibles en masas de agua (lagunas), flora, fauna, hidrología, paisaje, accesibilidad, geomorfología, restos arqueológicos, tráfico vial, uso de tierras, actividad agropecuaria, accesibilidad a recursos. Impactos negativos en las cuencas por los tajos, relaves, botaderos, tanto a nivel de aguas superficiales y subterráneas, que ocasionarán serios conflictos sociales.
• El proyecto minero considera la construcción de reservorios en reemplazo de las lagunas que desaparecerán; sin embargo, estas construcciones tienen un tiempo de vida útil que coincide con el tiempo de explotación del proyecto minero y significarán una carga económica y social por su mantenimiento cuando la empresa minera deje de operar.
• Indican en el EIA que el área que ocupa la infraestructura de la mina es aproximadamente de 2000 Has, sin embargo, en los anexos mencionan que sólo el área de depósito de relaves será de 3000 Has. Apreciándose contradicciones en este estudio.
• Se oculta información, mencionando que la mina contiene solo oro y cobre, sin embargo en sus concentrados aparece mineral de plata.
• En la pág. 13 del Resumen Ejecutivo del EIA de Conga, dice que no se afectará significativamente porque no generará importantes alteraciones en la zona; sin embargo, en otra parte del estudio afirma que, como consecuencia del emplazamiento del proyecto y la alteración de la red de drenaje superficial, el proyecto impactará a los cuerpos de agua que se encuentra actualmente dentro de los límites de su huella, principalmente en términos de quebradas y lagunas. El proyecto tiene el potencial de impactar tanto la cantidad como la calidad de los flujos de las quebradas aledañas, estando el impacto de la calidad de las aguas, asociado al incremento de sedimentos y a la generación de acidez en ciertas áreas del proyecto. (Resumen Ejecutivo del EIA pág. 34). Más contradicciones en el EIA.
• Se acentúan las contradicciones del EIA del proyecto Conga cuando reconocen impactos negativos profundos que se producirán en aguas superficiales y sus drenajes naturales, las masas de agua (desaparición de las lagunas), el desequilibrio y vulneración de las aguas subterráneas, desaparición de bofedales, pajonales, matorrales, zonas destinadas a la agricultura, fauna, flora y los cambios radicales en todos los subcomponentes dentro del área de influencia directa e indirecta del proyecto (aprox. 30 mil Has.)
• Se nota gran contradicción entre las apreciaciones de los relaves; en ciertos casos prefieren que sea de baja permeabilidad y en otros casos que sean porosos, cuando son de su conveniencia, la misma óptica se presenta durante todo el estudio en muchos puntos, entonces se concluye que los análisis manejados durante la formulación del proyecto son completamente erróneos. Esto se puede apreciar con las afirmaciones de botaderos, tajos, presas, aguas superficiales, aguas subterráneas, etc. Ejemplo de ello pág. 26-27 Tomo XIII de EIA.
• Quieren minimizar el impacto del proyecto minero cuando se dirigen a la población y mencionan en el EIA: se modificará la red de drenaje, cuando lo que se causará es la desaparición de quebradas y aguas subterráneas; dicen variación de la calidad y cantidad de agua, hablan de regulación de cuerpos de agua, cuando en realidad sucederá la desaparición total de las lagunas Azul, Chica, Mala, Perol, Chailhuagón; dicen control de sedimentos de la vegetación del bofedal y regulación de sus flujos y no comentan su desaparición.
• El esquema de requerimiento de mano de obra del proyecto minero es de 1,660 personas, para las operaciones de la mina, y la población en edad de trabajar de las tres provincias es de 30,554 personas; esto ocasionará serios conflictos sociales.
• Por último todas las afirmaciones que hacen en el EIA, son realizadas bajo estudios preliminares, quiere decir que este estudio no está terminado, es un estudio incompleto, inexacto y con serias faltas de coherencia.
Con todas estas groseras inconsistencias que presenta el EIA de Conga, ¿por qué pretenden apurar la aprobación de este estudio, por parte del Ministerio de Energía y Minas? Por una sencilla razón, Yanacocha está descendiendo su producción de oro y necesitan recuperar el nivel de producción con la explotación de nuevos yacimientos, lo que les significará enormes ingresos para la empresa y exiguos recursos para el estado, sin interesarles el desastre ecológico y el daño que significará a las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc.
La población de la provincia de Celendín se encuentra totalmente desinformada sobre las consecuencias que traerá la explotación de este proyecto minero, al que además, se suma el proyecto Galeno de Lumina Copper, ubicado al sur del proyecto Conga y para explotar este yacimiento también tiene que desaparecer cuatro lagunas mas, las que actualmente son reservas de agua y se convierten en uno de las principales afluentes del río Sendamal – La Llanga. Lumina Copper, para la explotación de El Galeno, tiene que reubicar aproximadamente siete comunidades del distrito de Sorochuco, proceso que ya han iniciado, trasladado algunas comunidades a la parte alta del distrito de Sucre, específicamente en la comunidad de Agua Colorada. Nuestras autoridades, frente a todo lo que viene sucediendo, actúan con total hermetismo, será porque han asumido compromisos con las empresas mineras para la realización de pequeños proyectos. Creemos que esto no es escusa para anteponer los intereses del pueblo antes que los intereses de las mineras. En un acto público manifestamos al alcalde de Celendín la importancia de la elaboración de la Zonificación Económica y Ecológica de la provincia, antes de cualquier intento de explotación minera en Celendín, ordenando las actividades productivas en nuestro territorio, de tal manera que no se generen conflictos sociales y contribuya a un verdadero desarrollo sostenible de la provincia. El alcalde nos comunicó que se está elaborando el proyecto para construir este instrumento de gestión territorial, pero al parecer este proyecto estaría siendo financiado con fondos mineros, hecho que significaría serios conflictos de intereses, pues la empresa minera buscaría anteponer sus apetitos frente a los intereses colectivos, tal como lo han hecho en el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Celendín, financiado por Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC, que es nada menos que la fundación de minera Yanacocha.
El rol fundamental que deben cumplir los Gobiernos Locales es promover el desarrollo humano, integral y sostenible; garantizar los derechos de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la información de las implicancias de los proyectos de inversión; reducir las asimetrías en la relación de las empresas con las poblaciones locales, asimetrías que se reflejan en niveles diferentes de información y conocimiento y en la toma de decisiones.
La no atención cabal de dichas funciones, está afectando la institucionalidad estatal y buena parte de la población no se siente representada por las autoridades a cargo de las entidades públicas.
Estamos a punto de perder nuestros recursos hídricos, áreas de captación, almacenamiento natural, y escorrentía del agua, nuestros ecosistemas, que sustentan las comunidades bióticas que la habitan; estaremos presenciando la destrucción de nuestro medio ambiente, que ayuda a mantener la estabilidad, composición y diversidad de los suelos, regular el ciclo y la recarga hídrica, conservar la biodiversidad y bancos de germoplasma; esto traerá consecuencias socioeconómicas gravísimas, dado que se agotará el suministro de los recursos naturales necesarios para las actividades productivas, abastecimiento de agua a las ciudades, proveer espacios para el turismo y que incluso estos recursos, podría facilitar la producción de energía hidroeléctrica. Nuestras autoridades y técnicos municipales deberían conocer y hacer suyo las recomendaciones del PNUD, en su Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009; manifiesta que el actual contexto de cambio climático ocasionará escases de agua por lo que debemos conservar nuestras zonas de recarga hídrica. Textualmente dice “la presencia de la minería en algunas zonas altas complica aún más la disponibilidad de agua en las partes bajas de las cuencas. Téngase en cuenta, además, que afectan el agua subterránea”.
Por su parte las empresas mineras actúan de manera que si hay un gobierno que no les agrada, que no les está facilitando un buen trato comercial, pueden hacer una contribución a un partido rival para remover al gobierno vigente. A las empresas mineras les resulta más barato sobornar al gobierno – pagarle a alguien del gobierno un millón de dólares – que pagar el valor total del recurso natural – miles de millones de dólares - de esta manera la empresa puede ahorrar cientos de millones de dólares. Si la responsabilidad de los gerentes de las empresas mineras frente a sus accionistas es maximizar las ganancias, su obligación es hacer eso . Esto se acentúa cuando con excesiva frecuencia, sus funcionarios intermedios responden al perfil del personaje tradicional minero, acostumbrado a coimear, intimidar, manipular y manejar un doble discurso, confundiendo a la población ; y por si fuera poco, estas empresas mineras actúan bajo el principio perverso de “DIVIDIR Y REINAR”, esa misma lógica prepotente y manipuladora adoptaron empresas, como Yanacocha en Cajamarca… constituyendo el llamado “Grupo Norte”, que busca generar un “colchón” social de defensa a las inversiones mineras, otorgando algunos beneficios a limitados sectores y buscando dividir las organizaciones sociales existentes. Generar este “colchón” en favor de proyectos mineros cuestionados por la población implica someter –con prebendas y favores– a diversos medios de comunicación y “periodistas”, buscando desprestigiar las críticas, aislar a quienes reclaman y facilitar la represión de los dirigentes. También buscan influir sobre autoridades regionales y municipales, ofreciendo obras o –en otros casos– negocios particulares y prebendas a los funcionarios para que las favorezcan. Son numerosos los casos de funcionarios que fueron beneficiados con pagos de estudios y becas, negocios para ser sus proveedores, o han sido contratados posteriormente como empleados. Se ganan así, con la billetera, lo que no se gana con los votos de la gente: autoridades sumisas .
Reconocemos a la minería en el Perú como una actividad históricamente importante, actualmente lo es y lo seguirá siendo. Pero, lo correcto y responsable es dar luz verde a las iniciativas de inversión minera, cuando corresponda, y decir no cuando abiertamente la inversión constituya una amenaza, por ejemplo, contra ecosistemas frágiles o áreas naturales protegidas, o le prive de agua a la agricultura . Queremos para Celendín un verdadero “desarrollo sostenible”, definido por la Comisión Bruntdland en “Nuestro futuro común” (1987), como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. Frente a esos límites, el desarrollo sostenible postula como principio básico la equidad intertemporal o intergeneracional, para acceder en el futuro a las mismas (o mejores) posibilidades de desarrollo que en el presente.
Lo mencionado en el párrafo anterior es para hacer frente a los voceros mineros que en todo conflicto hacen ver la defensa de nuestros derechos como la presencia de “agitadores políticos contrarios a la intervención de las empresas privadas que se oponen al desarrollo del país”. Creemos y hacemos público que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, a la consulta libre e informada, al consentimiento previo, a la participación, al desarrollo, a la propiedad de la tierra, a una vida digna y a elegir un proyecto de vida propio; derechos consagrados en la normatividad nacional e internacional, que hasta el momento vienen siendo vulnerados.
También recomendamos al Gobierno Nacional que defina de manera clara y sin contradicciones su actuar, pues es intolerable la contradicción de que el EIA (Estudio de Impacto Ambiental) es realizado por la empresa que quiere explotar los yacimientos y por otra parte el Ministerio de Energía y Minas es el encargado de aprobar los EIA para dar visto bueno a los proyectos mineros, y a la vez, tiene el mandato de promover las inversiones en el sector. Es sin duda otro claro conflicto de intereses que contribuyen a que se genere en la población desconfianza y se aviven los conflictos sociales.
¡Basta de tanto abuzo de las empresas mineras!
¡Cuida tu agua o beberás tus lagrimas!
PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL CELENDINA – PIC
Milton Sánchez Cubas
Secretario General
