CRIMINALIZAN LAS PROTESTAS EN CAJAMARCA

FORMALIZAN DENUNCIA PENAL CONTRA 59 LÍDERES Y AUTORIDADES DE LA REGION CAJAMARCA´´

Mediante una cuestionable disposición de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Coorporativa, el Ministerio Público decidió Formalizar denuncia penal contra 59 líderes y autoridades Cajamarquinas por haber participado en las protestas públicas en contra del proyecto minero Conga.

Como es de conocimiento público, al momento existen decenas de denuncias interpuestas ante la Fiscalía tanto por la empresa Minera Yanacocha como de la Procuraduría del Ministerio del Interior, contra líderes sociales, ambientales, dirigentes sindicales y autoridades de la provincia por haber participado en las marchas y protestas públicas contra el proyecto minero Conga, sin embargo dichas denuncias aun se mantenían en investigación preliminar, no obstante esta semana la Tercera Fiscalía Penal mediante una cuestionable disposición, ordena Formalizar estas investigaciones lo que significa que se inicia un Proceso Judicial contra estas personas a quienes les imputa la comisión de delitos tan graves como Extorsión agravada, Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos y Disturbios en agravio del Estado.

Cuestionable Disposición Fiscal

La Resolución emitida por la Tercera Fiscalía Penal Corporativa es cuestionable y evidenciaría no solo un acto de arbitrariedad sino la política de criminalización de la protesta social por cuanto:

1. No existen indicios que acrediten que los denunciados serían responsables de los delitos que se les imputa. La Fiscalía solo se basa en videos de la policía, en los cuales tal como se describe, solo se verifica que las personas denunciadas han participado en las marchas y protestas de los días 24 de noviembre y siguientes. En el peor de los casos se describe que los mismos estaban lanzando arengas contra el gobierno y rechazando la presencia de las mineras, situación que no constituye delito.

2. La Fiscalía en su resolución coloca como prueba el acta firmada en el Gobierno Regional de Cajamarca el día 1 de diciembre en la que se promueve la fijación de un horario para entrada y salida de vehículos de la ciudad, lo cual demostraría, según el fiscal, que las personas que se reunieron y firmaron el acta tendrían el dominio de las voluntades de los ciudadanos que estaban tomando las carreteras. Sin embargo, tal como lo señala la propia fiscalía, las personas que aparecen suscribiendo dicha acta son el Obispo de Cajamarca, Mons. José Carmelo Lazaro, el Rector de la UNC Dr. Carlos Tirado, el Gobernador de Cajamarca Ever Hernández, el Alcalde de Cajamarca, entre otras autoridades como el Presidente Regional. Curiosamente la Fiscalía solo apertura proceso a algunos de los participantes de esta reunión y no a otros, así, mientras este hecho resulta prueba concluyente para incriminar al Presidente Regional Gregorio Santos, otros alcaldes y líderes, el Obispo, el Rector de la UNC están excluidos de los cargos sin ningún sustento.

3. La Fiscalía denuncia por delito de Extorsión Agravada, a 18 autoridades de Cajamarca, encabezando el Presidente Regional. Este delito fue creado mediante una Ley dada en el gobierno de García, y establece que el “funcionario público con poder de decisión o que desempeña cargo de confianza, que contraviniendo lo establecido en el Art. 4 de la Constitución Política del Perú participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica indebida… será sancionado con inhabilitación”. En el presente caso, además que en estricto, estas autoridades y funcionarios no han intervenido en ninguna HUELGA sino solo en actos de protesta y movilización (conceptos absolutamente diferentes), tampoco no se ha verificado que producto de esta participación hayan obtenido una ventaja económica indebida. En suma, el Fiscal no ha analizado el cumplimiento de los presupuestos que se exige para que se configure el delito.

4. Finalmente de la Resolución se puede verificar que se ha formalizado denuncia contra personas contra las cuales ni siquiera se menciona qué participación tuvieron, no aparecen mencionados en los videos ni en el acta que mencionan como medio probatorio. Es el caso del Lic. Sergio Sánchez Ibañez que no aparece mencionado en ninguna parte de los fundamentos ni considerandos de la Resolución fiscal, pero sí aparece como parte del grupo de las personas contra las que se formaliza la denuncia. Es decir se denuncia a personas sin haber exposición de ningún fundamento.

Criminalización de la Protesta

Sin duda esta es una muestra de la política de Criminalización de la Protesta Social que se está practicando desde los gobiernos de Toledo y García y que continúa en este gobierno.

La evidencia de que se busca criminalizar la protesta social es el conjunto de leyes y normas que se han aprobado en estos gobiernos, que rigen actualmente y con las cuales se está juzgando a estos líderes. Estas leyes sobrepenalizan los delitos asociados a las movilizaciones, así, alguien que es acusado de disturbios puede ir hasta 25 años a la cárcel, más años que un homicida.

La política de Criminalización de la Protesta utiliza la figura de los disturbios no para investigar a los responsables de la comisión de delitos o a los perpetradores de actos de violencia en estas protestas, sino que usa la figura como justificación para procesar a líderes sociales que están opuestos al gobierno. En el caso de Cajamarca es obvio que la Fiscalía no está investigando a los verdaderos perpetradores de actos de violencia sino que únicamente está procesando a los líderes.

El objetivo de la persecución judicial de los líderes sociales es desarmar la oposición social a las políticas del gobierno, perseguir como delincuentes a quienes lideran los reclamos, amedrentarlos usando el aparato del estado, agobiarlos con procesos judiciales para los cuales deben destinar no solo recursos sino tiempo para poder afrontar su defensa.