Libertad e imposición

Reproducción de la columna ‘Las palabras’ publicada en la edición 2346 de la revista ‘Caretas’.

POr Gustavo Gorriti

Cuando un Estado impone a sus ciudadanos una obligación o un orden que estos no desean y rechazan, con el argumento de que aunque no les guste es mejor para ellos, lo que revela dicho Estado es un desprecio por la libertad bajo la excusa falaz del bien común.

La imposición del Gobierno de que a partir de este mes los trabajadores independientes (hasta los 40 años) aporten obligatoriamente un porcentaje importante de sus ingresos a una AFP, coacta la libertad individual de los ciudadanos sin que exista justificación racional alguna para ello.

Es verdad que el Estado les ofrece una alternativa. Pagar a la ONP. Sin embargo, esta posibilidad es, además de igualmente confiscatoria, tan mala que, comparativamente, entregar parte del propio dinero a una AFP parece mejor. Pero la comparación de lo peor con lo malo no convierte a esto último en bueno.

No es solo que ese Estado asuma como premisa la incapacidad del ciudadano de tomar decisiones correctas sobre su vida y destino sino que al decidir por él no lo beneficia sino lo perjudica. A quien sí beneficia, con todo el poder coactivo del Estado, es a la corporación privada de cuyo lucro se convierte en agente.

Lo que indigna de este caso es la actitud antidemocrática de un gobierno que no debatió, ni sometió a deliberación, ni siquiera consideró hacer voluntario un sistema con vicios ocultos, bajo la guisa de una falsa filantropía debajo de la cual está la función de recaudador de las compañías privadas que controlan el sistema financiero, los seguros de vida y de salud, entre muchas otras cosas.

Y no se trata de cualquier recaudador: La Sunat, nada menos, ha puesto todos sus instrumentos de recaudación forzosa para garantizar que el oligopolio financiero reciba mes a mes los aportes obligados de la masa de alrededor de 500 mil nuevos contribuyentes.

¿Suena exagerado? Pues no lo es.

En varias investigaciones durante los últimos dos años, IDL-Reporteros (la publicación de periodismo de investigación que dirijo) reveló una serie de hechos que no han podido ser refutados. Entre ellos:

• En “Las ventajas de tener una AFP”,(http://idl-reporteros.pe/2013/04/01/las-ventajas-de-tener-una-afp/) IDL-R halló “evidencias de que las administradoras de cada AFP favorecían en sus inversiones a los grupos económicos a los que pertenecen”.

• Pese a que los aportantes debieran tener el derecho de saber bajo qué criterio se invierte su dinero (por el que pagan una comisión que es cualquier cosa menos modesta), las AFP, protegidas por una prosternada SBS, no proporcionan ninguna información sobre a quién benefician sus inversiones bajo la endeble excusa de “encontrarse protegidas por el secreto comercial”. (http://idl-reporteros.pe/2014/02/04/inversiones-secretas).

• Es tal la desventaja del ciudadano aportante en su relación con los oligopolios financieros y sus ‘chalecos’ estatales, que, como demostró IDL-R en una de sus investigaciones más resonantes, los jubilados no recibirán entre el 20% y el 50% de sus aportes en lo que les queda de vida, bajo el sistema de retiro programado (el otro es peor). Los portavoces oficiales y oficiosos de las AFP insistieron en que eso no era cierto, pero no pudieron demostrarlo. La SBS, en cambio, tuvo que reconocer que los cálculos de IDL-R eran correctos. (http://idl-reporteros.pe/2014/04/28/fondos-sin-retorno/).

Uno de los argumentos que utilizan sobre todo los funcionarios gubernamentales (desde el MEF hasta Ana Jara) es que la contribución forzosa a las AFP es necesaria porque de otra forma muy poca gente ahorraría para su jubilación y luego, en la vejez y la decrepitud, serían una carga para el Estado.

Ese argumento es, si cabe, más falaz que los anteriores. Como explicó con claridad Richard Webb en un reciente artículo en El Comercio, “La familia peruana no solo ahorra, sino que está entre las que más ahorran en el mundo. Según la encuesta anual de niveles de vida, en el 2013 el ahorro de las familias fue 24% de sus ingresos, antes de su aporte a los fondos de pensiones, o de su considerable gasto en educación”

Según analiza Webb, otro error importante en la creación de las AFP, “fue tratar a la gente como si fueran muebles, sujetos pasivos e inmóviles, sin tener en cuenta que los obligados a cotizar podrían reducir otras formas de ahorro, mientras que los no afiliados podrían aumentar otras formas de ahorro, y eso, precisamente, es lo que ha sucedido”.

“Al final”,explica Webb, “afiliados y no afiliados ahorran casi el mismo porcentaje de sus ingresos”.

En sus varias intervenciones recientes sobre el tema, el congresista Víctor Andrés García Belaunde ha demostrado las fallas del sistema de las AFP. Y ahora, como dijo en una entrevista “logran que ‘Papá Gobierno” imponga, en forma casi confiscatoria, la obligatoriedad de aportar a las AFP, con comisiones que llegan al 69% de lo aportado”.

¿Cuál es la alternativa? No es, por supuesto, terminar con las AFP sino devolverle la libertad  al ciudadano. Este debe tener el derecho de elegir dónde y cómo ahorrar. Debe poder exigir, como aportante, transparencia y rendición de cuentas en lo que se hace con su patrimonio.

La ciudadanía plena es bastante más que el ejercicio gris del voto a candidatos subestándar. Y en este caso, donde tantos sienten sus derechos conculcados, es muy probable que esa ciudadanía se exprese como protesta, tanto en el espacio público como en el judicial.

Una de las fuerzas mayores de la democracia, después de todo, es su capacidad de impedir el abuso.