Kolumna okupa (Diario La República)
Choropampa: la minería impune
Por Rocío Silva Santisteban
Es falso que Luisa Arribasplata Mestanza, obstetra, hirviera mercurio en su casa. Ese no es el motivo por el cual la contaminación en su caso subió rápidamente a niveles alarmantes y apenas a los pocos días de los hechos le produjo la muerte cerebral. Ella, simplemente, se contaminó con más fuerza porque la mayor parte del mercurio cayó frente a la posta médica. Y porque, como empleada de salud, atendió todos los casos que pudo durante días seguidos.
Exactamente hace catorce años, el 2 de junio del 2000, en Choropampa, Magdalena, San Juan, La Calera, Tingo y otras localidades de Cajamarca los pobladores vieron ante sus ojos el derrame de 157 Kg de mercurio de un camión de Transporte RANSA que traía del asiento minero de Yanacocha. Este derrame es una de las tragedias ambientales más graves del país afectando la salud de una comarca completa: 935 personas resultaron con niveles tóxicos altísimos (por encima del máximo recomendado, 20 microgramos por litro), de las cuales han muerto hasta la fecha diez entre hombres, mujeres y niños. De los 151 kgs de mercurio, 63.3 nunca se recuperaron y el 21.2 se desvaneció en el aire. El clima cálido de la zona tuvo la responsabilidad directa de la evaporación del mercurio contribuyendo a la intoxicación masiva de los pobladores.
La entonces niña, María Doris Azañero Cachay, recogió mercurio con las manos para llenar una botella y así poder “venderlo” a los mismos empleados de RANSA y Yanacocha que ofrecían algunos soles por cada gramo (informe de la Defensoría del Pueblo, diciembre 2001). Hoy a los 23 años ella ha perdido los pulgares por completo, y las falanges de los dedos índices y medios de ambas manos, solo le quedan cuatro dedos enteros y una piel llena de llagas moradas. Vicente Michán Zárate, alcalde de Choropampa hasta el año 2008, uno de los que luchó para que el Estado peruano reconozca los daños producidos, murió luego de una larga agonía del síndrome de Guillain-Barré, una rara enfermedad que produce parálisis del sistema nervioso y que estaría asociada a la contaminación por metales pesados.
El informe de la Defensoría del Pueblo puso en evidencia la complicidad de los fiscales que teniendo los elementos para hacerlo no denunciaran a la empresa minera por delitos contra el medio ambiente. Asimismo el informe del Banco Mundial demostró que mientras los trabajadores de la mina usaban sofisticados trajes de limpieza, los campesinos que fueron contratados para recoger los restos de mercurio lo hicieron con sus propias manos y sin protección. La población nunca fue evacuada, y quedó demostrado que la “minería responsable” no contaba con planes de contingencia ante desastres de este tipo. Aprovechándose de la pobreza se suscribieran transacciones extrajudiciales que consignaran la renuncia a la defensa de derechos fundamentales (Informe, DP, diciembre 2001) y si bien es cierto que se recibieron indemnizaciones por casos llevados en cortes estadounidenses, al parecer, también se aprovecharon personas que no fueron agraviados sino vinculadas a algunas autoridades de la zona. La revista El Maletero denunció a César Idrogo Mires por aprovecharse de esta situación.
En Cajamarca, luego de todos los muertos por bala o mercurio, la población se opone, no a las inversiones de toda actividad extractiva, sino a estas formas delincuenciales e impunes de hacer minería.
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