Sociólogo Avelino Zamora Lingán
Cuando
se dice que “la justicia es ciega”, obviamente
se busca impregnar en el imaginario popular
la idea de una justicia objetiva e imparcial, que no discrimina a nadie, por
ningún motivo, razón o circunstancia. Que al que transgrede el Estado de derecho, las buenas
costumbres y la convivencia social lo condena sin fijarse sí es rico o es
pobre; blanco, negro o indio; religioso o ateo; hombre o mujer; joven, adulto o
anciano; alto o bajo, etc. etc. Bueno, pues, en realidad eso es pura teoría y buenos
deseos. En todo caso, la justicia realmente sería “ciega” siempre y cuando la
sociedad NO estuviera dividida en
dos grandes clases sociales: una dominante y la otra (mucho más amplia) la
dominada, sustentada sobre la base económica capitalista, la misma que engendra
una superestructura social caracterizada principalmente por la desigualdad
social o coexistencia antagónica, pero necesaria, entre ricos y pobres.
Desde
esta perspectiva, entonces, en realidad, la justicia peruana es “tuerta”, es
una “justicia pirata”, vale decir
que sólo le funciona un ojo, para ver sólo lo que le conviene al sistema social
o a los intereses capitalistas; mientras que en el otro tiene un enorme parche,
que le impide ver precisamente los hechos delincuenciales perpetrados por las
elites dominantes. Y, con ese “único ojo que le funciona”, sólo alcanza a ver los
“DELITOS” cometidos por los adscritos a la clase social dominada, de los cuales
todas las cárceles están llenas, con culpa o sin culpa; en este sentido, “un
solo ojo” le basta para ver lo que conviene a sus sagrados intereses políticos
y económicos; ese único ojo es suficiente para que vea y se imponga en función al
grado de “aceitada” o a la cantidad de
coima o del soborno a quienes ejercen o ejecutan la justicia, los mismos
que, por lo general, son de la elite social dominante, configurándose el
fenómeno harto conocido como es la corrupción de alto vuelo o la alta corrupción.
Es debido a este statu quo de la justicia que, cualquier estadística, análisis, investigación o simple percepción, siempre va
concluir en que para la gran mayoría de peruanos, “no existe justicia” y,
además, que ésta es elitizada y altamente corrupta; es una justicia que, como
ya indicamos, sólo condena al pobre “con razón o sin razón”, mientras el rico,
es exonerado de todo proceso judicial, toda sanción legal y, más aún, de todo castigo;
es más, son los poderosos quienes fabrican las leyes de la justicia pirata, a
su imagen, medida y semejanza. Por eso que el inmortal Ernesto Sánchez Fajardo
(Jilguero del Huascarán) describió muy bien la justicia peruana en este famoso
verso vernacular: “al que roba cuatro reales, la justicia lo estrangula; pero
al que roba millones, la justicia más lo adula”
Pero,
nuestra humilde opinión va más allá. No es correcto hablar de la justicia en sí
misma, hacerlo implicaría ocultar las raíces de su condición ciclópea. Además,
de responder de acuerdo a los intereses de clase social, es necesario observar
que la justicia es uno de los soportes sobre el cual descansa el Estado
capitalista. ¿Qué es el Estado capitalista? Existen muchas definiciones, al
respecto, tanto como científicos sociales hay; pero, para el tema en cuestión, sólo
interesa esta pequeña pero ilustrativa: El Estado es una poderosa “máquina para
mantener la dominación de una clase sobre otra”. El Estado capitalista, como
cualquier otro, descansa, fundamentalmente, sobre cuatro poderes: Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y militar (Fuerzas Armadas y Policiales) Hoy, al haberse
consolidado el capitalismo salvaje (vale decir el neoliberalismo y la
globalización) estos cuatro poderes o soportes, están en grave crisis moral,
política y social, lo cual permite afirmar que: en general, es este Estado
capitalista quien está sumergido en grave crisis y que la justicia “tuerta” o “ciclópea”
no es más que el reflejo de esa crisis. Aunque si nos atenemos estrictamente a
la definición de Estado, dada más arriba, más que una crisis de lo que se trata
es de una fiel correspondencia a la lógica de la clase social dominante.
Si esto es así, entonces, clamar y reclamar que la justicia sea igual para todos, o que abra los “dos
ojos” a la hora de imponerse, es pedir peras al olmo o arar en el desierto, porque
ella, o sea la justicia “tuerta” ha sido deliberadamente estructurada para el
servicio de la clase dominante, para que así, ésta perpetúe su opresión y su
dominio sobre el pueblo.
Finalmente,
lo que acaba de ocurrir con Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca, va
más allá de un simple caso aislado. Es un caso que precisamente encaja entre la
lógica de la “justicia ciclópea” o “justicia pirata”, como la hemos llamado. Ve
los indicios de corrupción en Goyo, cuyo pecado fue unirse, aunque bajo la
presión popular, al coro del pueblo
cajamarquino con el famoso CONGA NO VA; pero, jamás ha visto, ni ve o no
quiere ver, ni verá los actos de mega-corrupción,
que proviene de personajes adscritos al pensamiento derechizado, que siempre se
han orientado, sobre todo, en estos últimos tiempos de neoliberalismo salvaje,
a hacer gala de su espíritu de “regala patria”. En este contexto, ante casos de
corrupción como los de la “gran familia” Fujimori, Alan García, Toledo, Castañeda
Locio, Belaunde, por citar sólo algunos, los más actuales y más emblemáticos, a
los cuales hoy se suma Ollanta Humala, dicha justicia se muestra tuerta, sorda
y muda. Al contrario, a todos estos personajes citados, la “justicia tuerta” y
el sistema en su conjunto, se encargan, a través de sus instrumentos
mediáticos, de “limpiarlos”, “lavarles la cara”, generarles la imagen de
“angelitos”, para que así se den el lujo de postular a los altos cargos
públicos, hacer campañas millonarias con
el propio dinero obtenido de sus actos de corrupción, es decir, con el dinero
del pueblo; luego, una vez llegados a esos altos cargos, tales personajes, no
dudan en convertirse en “verdugos del
pueblo” y, en los principales “asaltantes a los bolsillos populares”, tampoco
en seguir corrompiéndose y corrompiendo a la sociedad peruana; mientras la “justicia
pirata” nunca encuentra pruebas de tales actos de corrupción. Y, cuando, en el
mejor de las casos, sea por presión mediática o por algunas protestas aisladas,
los “delincuentes de cuello y corbata” son premiados o “condenados” así: “arresto
domiciliario”, “colaborador eficaz”, “testigo eficaz”, “prisión suspendida de
cuatro años”, “suspensión de 120 días”, “inhabilitación para cargos públicos,
por 5 años”; “impedimento de salida del país”, “rotados de un puesto de trabajo
a otro”, “libertad suspendida”, “libertad condicional”, “sanción
administrativa”, sanción política”, “formando comisiones o mega comisiones de
investigación”, etc., etc., etc., bajo lo cual mantienen entretenida a la
población y con mucha expectativa de que tales corruptos serán sancionados,
pero por lo general nunca lo son. Mientras tanto, el pueblo peruano sólo
observa, contempla, critica aislada o individualmente, sin capacidad de hacer
nada al respecto y, los delincuentes de cuello y corbata, principales causantes
de la corrupción de “alto vuelo” o de la alta corrupción, más que sancionados o
castigados ejemplarmente, son “premiados”, de lo cual, muchas veces, también
participa el propio pueblo, ya sea eligiéndolos o reeligiéndolos con su voto,
dándoles la categoría de “autoridades” o “padres de la patria”.
Escrito: 28 de junio del 2014
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